La cámara de empresas de transporte urbano de pasajeros de Córdoba (Fatap) solicitó al COE (Comité Operativo de Emergencia) un cambio en el protocolo para habilitar pasajeros que viajen parados. Cabe recordar que en teoría solo se permite la circulación con usuarios sentados. Sin embargo, en los colectivos de Córdoba no se respeta la normativa de bioseguridad.

Desde el Ejecutivo municipal de la ciudad de Córdoba manifestaron que trasladarán el pedido al COE y que trabajaban en la presentación de un nuevo esquema de frecuencias. Cabe recordar que el año pasado se recortaron líneas, cambiaron recorridos y hasta se modificó, para peor, el tiempo de circulación de los colectivos. En barriadas de la zona sur de la ciudad la lucha de las y los vecinos hizo retroceder parcialmente al diseño de cambios contra los usuarios.

En el interior provincial el ajuste sobre las frecuencias es tan drástico que hay docentes que no tienen como asistir a dar clases. Vale señalar que los micros interurbanos son clave para poner en marcha el ciclo lectivo, pero no se pone en condiciones a todo un sistema que ya venía prestando un servicio deficitario desde antes de la pandemia. Vale señalar que semanas atrás se conoció un recorte en los subsidios nacionales lo que agrava aún más el cuadro de crisis en el sistema.

Según declaraciones tomadas por el diario La Voz, el pedido empresarial se fundamenta en que “se está volviendo a la escolaridad presencial en todos los ciclos, por lo cual será necesario atender las necesidades de esos usuarios (alumnos y docentes), que evidentemente se van a incrementar”.

En realidad, la solicitud de modificar el protocolo- de cuestionada aplicación- obedece a la posición de la patronal de no realizar la más mínima inversión y maximizar beneficios. Además, Fatap argumenta que hay provincias en las que sí se permiten viajar a pasajeros parados, como el caso de Buenos Aires, San Juan y Jujuy.

De acuerdo al mencionado diario, el gobierno analiza el pedido empresarial, a la vez que negaron un incremento de los subsidios. También revisarían “algunos recorridos de las líneas principales”, como parte del “nuevo esquema” que reemplazaría al vigente, que tiene usuarios que se aglomeran en las paradas.

En este cuadro, es claro que el gobierno del intendente Llaryora atiende las demandas de las patronales, mientras que los reclamos de usuarios y trabajadores del transporte son relegados. La sola aplicación del marco regulatorio ya sería motivo suficiente para dejar sin efecto la prestación del servicio de empresas que han dado sobradas muestras de un parasitismo sin límites.

Vale señalar que en la actualidad, en los horarios pico, los colectivos circulan repletos. De modo que con una vuelta clases de manera mixta complicaría aún más la situación de usuarios que deben esperar al menos entre 45 y  60 minutos para tomar un colectivo. En el caso de las líneas denominadas troncales la espera es de 20 minutos, pero se viaja a colectivo lleno en horas de la mañana y en la vuelta del trabajo.

Además, hay empresas que sacan a la calle vehículos que no están en condiciones, con lo cual tarde o temprano se afecta a la frecuencia, puesto de que deben volver a reparación. Si no invierten en repuestos mucho menos en nuevas unidades. Todas estas situaciones afectan las condiciones de trabajo.

“Si no llevas la gente parada, los pasajeros te cagan a trompadas; si la llevas, te pueden hacer una multa, aunque los delegados dicen que la pagara la patronal”, relatan algunos trabajadores del sector. Además, la patronal opera a través de la burocracia sindical, quienes agitan para dejar de lado el protocolo.

La pandemia vino a agravar un cuadro de crisis estructural preexistente en el sistema de transporte, que los empresarios continúan descargando sobre usuarios y trabajadores.

De este modo, a medida que se acerca la fecha prevista por el gobierno para la vuelta a clases presenciales van quedando expuesta la falta de condiciones básicas. Una vuelta a clases segura es inviable en la situación del sistema de transporte.

El pueblo trabajador debe sacar conclusiones de la actual prestación del servicio que es responsabilidad de las patronales y del intendente Martín Llaryora. Es necesario una intervención independiente para conquistar un servicio en el que se cumplan las condiciones de bioseguridad y garantizar el convenio colectivo de trabajo.