Políticas

22/4/2020

Córdoba: en la Legislatura recortan un 45% de las dietas temporalmente

legisladora del PO-FIT

En una reunión convocada por el presidente de la Legislatura de Córdoba, el oficialismo, en sintonía con el decreto recientemente emitido por el gobernador Schiaretti para el Poder Ejecutivo provincial, planteó la reducción de un 45% de la dieta de los legisladores.


La medida resuelta fue presentada como un “gesto político” para poner de manifiesto el esfuerzo de “todos” para sortear las consecuencias de la pandemia. Lo cierto es que ante la crisis que azota a la provincia, el gobierno se vio obligado a hacer una reducción de los haberes de funcionarios políticos, un planteo que hicimos hace mucho tiempo desde el Frente de Izquierda. En repetidas ocasiones propusimos que un funcionario debía percibir lo mismo que un trabajador e incluso presentamos un proyecto de ley para que el sueldo político no supere cuatro veces el salario mínimo nacional.


Pero la medida adoptada por el gobierno es una impostura por donde se la mire. Por un lado, es ultralimitada porque se determina solo por cuatro meses y no alcanzará a todos los funcionarios.


En una acordada firmada a última hora del martes, los siete vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con anuencia de los cuatro fiscales generales adjuntos, decidieron reducirse sus salarios en un 30 por ciento. Pero la medida es estrictamente personal para las máximas autoridades del Alto Cuerpo y del Ministerio Público Fiscal y no involucra a la planta de jueces y funcionarios de la Justicia. Los jueces y fiscales cuyos sueldos son los más altos de la provincia, llegando a cobrar más 500 mil pesos por mes, están excluidos de los descuentos, bajo el argumento de que es una facultad intrínseca y discrecional del Poder Judicial. Al parecer, los funcionarios que más cobran no estarían dispuestos a autolimitarse los salarios y el gobierno provincial no dice, ni hace nada al respecto.


Por otro lado, configura una cortina de humo que se toma después de que, a través del ministro de Finanzas, Giordano, se anunciara a la prensa y en la Legislatura que la provincia se encuentra en rojo, con una caída incesante de la recaudación en los dos últimos años, agravada por la pandemia que comprometía el cumplimiento de pago de salarios de abril de trabajadores provinciales. El propio gobernador afirmó públicamente la intención de avanzar en recortes de hasta un 30% y diferimientos en el pago de salarios y jubilaciones.



 


En la misma dirección, aprovechando el aislamiento social se avanzó acuerdos salariales a la baja a estatales y docentes con la complicidad de las burocracias sindicales. Todo un sector de la docencia, con carácter de suplentes e interinos, se han visto impedidos de acceder a cargos y de percibir salario alguno, durante el tiempo que lleva la cuarentena obligatoria. En los municipios, como el de Jesús María, la intendencia amenaza con desconocer los acuerdos paritarios.


Miles de nuevos desocupados durante la pandemia, que se suman los ya existentes debido al parate industrial de la provincia, hasta el momento no han obtenido ninguna ayuda económica estatal. Los hospitales reclaman insumos críticos, personal y condiciones laborales mientras cada vez hay más trabajadores de la salud infectados.


Ante este escenario desolador, de imposible resolución con las limitadas finanzas provinciales, el gobierno presenta la medida como prenda de compromiso político para seguir ahorcando a los trabajadores. Lo cierto es, que los fondos recaudados alcanzarían unos 8 millones de pesos por mes e irían a conformar el presupuesto de Emergencia sanitaria y social por pandemia que se estableció en 3.200 millones de pesos, es decir, que se trata de una suma insignificante que no cubre ni el 1% de ese presupuesto, de por si acotadísimo.


Es evidente que la crisis provincial precipitada por el crecimiento exponencial de la deuda provincial, el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y las consecuencias de la pandemia, no tendrá solución en los parches que se proponen, en tanto no se tocan los intereses del sector capitalista que durante años se enriqueció bajo este gobierno. Una limitación real al ingreso de los funcionarios políticos, debería establecer una dieta que no supere los cuatro salarios mínimos, de manera permanente y no temporal, y alcanzar a todos por igual, incluidos jueces y fiscales. Para que esto ocurra es necesaria la intervención de los trabajadores, los proyectos presentados por el Partido Obrero- FIT