Este martes 14 de abril se reunió virtualmente la Comisión de Economía de la Legislatura de Córdoba con la presencia del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, para tratar los proyectos enviados por el gobierno de Schiaretti. Por un lado, la emisión de un bono de 9 mil millones para la cancelación de deudas con contratistas y proveedores del sector público provincial; y por el otro, el otorgamiento por parte de la provincia de avales, fianzas y garantías a las Pymes. 

Desde el gobierno se aprestan a votar en una sesión especial virtual el ajustazo contra los trabajadores y jubilados de la provincia. Para ello, el ministro Giordano destinó buena parte del informe a hacer un recorrido por los dos últimos años en que la provincia viene afrontando una sostenida caída de la recaudación, de la producción y una inflación que supera los 50 puntos. Todo su análisis no hizo más que ratificar la quiebra económica en la que se encuentra la provincia, situación que se agrava como resultado de la pandemia. 

La creación del bono de deuda lejos está de arrojar soluciones a la situación, en la medida en que constituye el inicio de la emisión de una cuasimoneda, que abre las puertas para una generalización que incluya el pago de salarios y jubilaciones. Cuando desde la banca del FIT indagamos respecto a la posibilidad de recortes y diferimientos en el pago de salarios y jubilaciones del mes de abril, que el mismo ministro adelantó a los medios de prensa semanas atrás, insistió en que estaban analizando esa posibilidad. 

Desde el mismo gobierno se aseveró también que los fondos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional equivalían solo a un 10% de los gastos que debería afrontar la provincia en los próximos meses, siendo los más comprometidos el pago de salarios y jubilaciones. Por otro lado, fue insistente en señalar la necesidad de una política de austeridad para enfrentar un escenario en el que prevalece la incertidumbre económica. Sin embargo, cuando desde la banca apuntamos a establecer un impuesto sobre las grandes fortunas y empresas, el Ministro fue muy claro en responder negativamente. La austeridad que se proclama es únicamente contra los trabajadores, adviértase que han utilizado el aislamiento para intentar imponer convenios salariales de miseria a docentes y estatales con la complicidad de la burocracia sindical. 

La quiebra provincial no es reciente, Córdoba ingresó al escenario de pandemia con un 40 % de desocupación y precariedad laboral, el 50% de la población por debajo la línea de la pobreza, pero transcurrido casi un mes de comenzada la cuarentena no se ha tomado una sola medida que dé respuestas a los sectores más postergados y vulnerables. El reclamo de módulos alimentarios, aumento de montos y programas sociales provinciales, para enfrentar el hambre en las barriadas más pobres continua sin satisfacción. Las decenas de iniciativas presentadas para defender a las y los trabajadores, desocupados, monotributistas y a la salud no han sido debatidas. Tampoco se ha implementado un seguro al parado provincial, esencial para cualquier persona sin trabajo que deba cumplir cuarentena. Menos aún se han tomado medidas contra de los despidos y recortes salariales que proliferan en Córdoba. 

Por el contrario, el gobierno se apresta a aprobar en la Legislatura una medida como son los avales a las pymes que no establece el requisito mínimo de que las empresas abran sus libros para verificar sus ganancias y sus pérdidas, y el dominio que ejercen las grandes empresas sobre las pymes, que en variados casos actúan como testaferros. La medida que intentan presentar como una salida para los trabajadores que ven afectados sus salarios y puestos de trabajo es en realidad un instrumento para el oportunismo patronal que sigue beneficiándose a costa del ajuste a los trabajadores. 

Desde la banca denunciamos estos planteos, como también el cierre de facto de la legislatura. Está claro que la convocatoria a esta sesión especial virtual no plantea ningún debate, apunta a la defensa de un puñado de grandes capitalistas y no a dar respuestas las mayorías trabajadoras. En ese mismo sentido el gobierno sostiene su negativa a debatir el proyecto de centralización del sistema sanitario presentado por el FIT. Como se ve, ante el lobby de los empresarios de la salud privada, el gobierno sigue haciendo de la salud un negocio. La orden de cavar 2.000 tumbas y reforzar los crematorios, resume crudamente toda la política de Schiaretti. Es necesaria la intervención de los trabajadores para frenar esta barbarie. Reclamamos que la legislatura retome sus sesiones ordinarias, con los recaudos correspondientes, y se discutan y resuelvan las medidas urgentes que apuntan en esa dirección.