La flexibilización de la cuarentena en la ciudad de Córdoba, que se iniciara el 11 de mayo, se terminó este lunes. En las últimas horas ha habido un salto en los contagios llegando a 55 casos, de los cuales 35 corresponden al brote del Mercado Norte (ubicado en la zona comercial más fluida del microcentro capitalino), y que había tenido su inicio en el supermercado “A Granel”.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se procedió a cerrar toda la zona del Mercado Norte, que cuenta con cientos de comercios y muchos edificios residenciales. En ese lugar solo puede circular personal de salud y las fuerzas policiales. De las familias que viven en la zona, solo puede salir una persona a comprar alimentos. Además no se permite en toda la ciudad las actividades de comercio no esenciales y el ejercicio de profesiones independientes, entre otras actividades que se habían autorizado. También se prohibieron las salidas recreativas para menores, que duraron solo sábado y domingo.    

El ministro de Salud, Diego Cardozo, en conferencia de prensa de este lunes por la noche afirmo que el nuevo brote “no es consecuencia de la flexibilización de la semana pasada. Esto se corresponde a contagios de hace dos semanas”, sin referirse a las causas del crecimiento de los contagios. Sin embargo, cuando se decretó la flexibilización teníamos, y desde hacía varias semanas, el brote del Hospital Italiano, que llegó a 104 contagios -de los cuales 38 son personal de salud-, y ya se murieron 8 personas.

La marcha atrás en la flexibilización en Córdoba deja una conclusión ácida. El apuro del gobierno en levantar la cuarentena, sin ninguna clase de fundamento médico y con una grave situación social, ha disparado los contagios. Que el nuevo brote se haya iniciado en la principal zona comercial de la ciudad es el resultado directo de las causas de ese apuro, ligadas a los mandatos de la clase capitalista, que quiere imponer a toda costa una vuelta a la normalidad de la producción y el comercio.

Se expone crudamente que se impone el interés del capitalista. Pero el gobierno no cesa esa en esa tarea; al contrario, la profundiza. El fin de la flexibilización no incluye las actividades industriales, que siguen totalmente liberadas. El gobernador Juan Schiaretti se jacta de que Córdoba ha recuperado a pleno su producción, e incluso ha llegado al extremo de pagar millones en pauta publicitaria para difundir ese anuncio.

Para que tengamos una idea de hasta dónde llega la irresponsabilidad del gobierno, hay que decir que se habilitó la producción en las automotrices como Fiat, Renault y VW, que concentran miles de trabajadores. La producción de autos no es necesaria, toda vez que las fábricas se encuentran stockeadas por varios meses y la caída de ventas de unidades ha retrocedido un 73,6 % en abril, comparado con 2019 (informe mensual Adefa). Por otra parte, las terminales han acumulado siderales ganancias que le permitirían afrontar los costos de una cuarentena.

El fracaso del levantamiento prematuro de la cuarentena también deja expuesto el direccionamiento político de la emergencia sanitaria. El COE está integrado, además del gobierno, por la Policía, la Fuerza Antinarcótico, Gendarmería, Ejército Argentino, Fiscalía General y la Municipalidad de Córdoba. Se trata de un comité represivo para cuidar los negocios del capital en la emergencia y no de una dirección que cuide la salud de la población. Nunca se convocó a representantes de las y los trabajadores de salud. De haberlo hecho, se tendría que haber escuchado la voz de los que están en la primera línea de batalla contra la pandemia, que manifestaron por todos los costados que no debía levantarse la cuarentena. 

Después de dos meses de cuarentena, queda en claro que el gobierno de Schiaretti no ha avanzado en las medidas esenciales para enfrentar la propagación del virus, como son los testeos masivos, el cese de la actividad no esencial y el reforzamiento del sistema sanitario. Como plantea el Frente de Izquierda, se hace más urgente que nunca la centralización de todo el sistema sanitario mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de las y los trabajadores de la salud.