En mayo, el gobernador Juan Schiaretti –tras lograr la reelección- planteó que Córdoba estaba “blindada” frente a la crisis nacional. Solo cuatro meses después esa mentira se cae: desde el mismo oficialismo comienzan a plantear que las cuentas están en rojo. Los gobernadores del PJ que acompañaron todas las medidas de la gestión Macri, incluida la vuelta al FMI, se enfrentan ahora a las consecuencias. Schiaretti se mira en el espejo de Chubut.

La orientación política del macrismo que condujo a un nuevo default, tiene su correlato en las provincias, que han seguido el mismo derrotero. Desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8%. Las que tienen un componente elevado en dólares son las más afectadas, y Córdoba es una de ellas con el 95% en moneda extranjera. La política de entrega colonial de Schiaretti ha dejado a la provincia totalmente expuesta a las corridas cambiarias.

El salto del dólar de $45 a $60 implicó una suba de $40.000 millones en su stock de deuda. Para cobrar una dimensión de este golpe solo hace falta saber que la principal obra pública del gobierno de cara a las elecciones provinciales (cierre de la circunvalación) tenía un presupuesto de $9.500 millones.

Si a la deuda provincial le sumamos además los préstamos ya autorizados por la Legislatura, la misma trepa a más de 200.000 millones de pesos, sin tomar la deuda de EPEC. Esas autorizaciones son las siguientes: U$S 230 millones para la Hidrovía Santa Fe-Córdoba; U$S 120 millones para Caminos de las Sierras; 60 millones de euros que gestionó Schiaretti hace poco en Madrid; y 140 millones de euros para las 2500 viviendas que se hacen con la Agencia de Desarrollo Francés. El monto total de la deuda se aumenta mil por ciento (1000%) con respecto a enero de 2016. La cifra es muy grave, pues representa más del 90% del presupuesto provincial correspondiente a 2019, que se estableció en 220.000 millones de pesos.

Las fugas hacia adelante de la que se ufana siempre el ministro de finanzas Osvaldo Giordano, también están cuestionadas en un escenario en donde las posibilidades de refinanciamiento se cierran. La calificadora de riesgo Moody's Latin America bajó las calificaciones de emisor y de deuda en las escalas global/nacional tanto en moneda local como extranjera, de la provincia y la capital de Córdoba y la EPEC. El informe expresa que se ve deteriorada su calidad crediticia “como resultado de restricciones en el acceso a los mercados, presiones cambiarias, mayores costos financieros e inflación persistentemente alta". Trascendidos indican que los representantes de Schiaretti en el Congreso Nacional negocian aprobar el ´reperfilamiento´ en la medida que se incluya la reestructuración de las deudas provinciales.

Los ministros de Schiaretti se escudaron en los supuestos bajos gastos de servicios de deuda anual, pero en este rubro también asistimos a un incremento sideral. Solo en lo que resta del año la provincia debe desembolsar $9.108 millones, para 2020 deberá cancelar $21.689 millones  y en 2021 un monumental monto de alrededor de 75.000 millones de pesos, un 35% de los recursos provinciales. Simplemente impagable; aun si se mantuviera la actual cotización del dólar, lo cual resulta imposible con las proyecciones que colocan esa moneda en el rango de $70 a $100 para 2020.

Pero 2021 parece ser largo plazo, también para Schiaretti. El gobierno había planificado su plan de obras públicas, sobre la base del endeudamiento y del ahorro corriente. El primero se empantana, como queda dicho, con un riesgo país por encima de los 2000 puntos. El segundo simplemente se empieza a extinguir. Schiaretti había presupuestado un ahorro del orden del 20%, del cual ya se consumió la mitad hasta junio. Resulta que la caída de la actividad y del consumo se han traducido en una pérdida de $20.000 millones en lo que va 2019, casi un mes completo recaudación. Muy posiblemente 2019 arroje déficit fiscal, en vez de ahorro.

Cepo al salario

La administración provincial responsable de este esquema de crisis, ha montado una campaña para transmitir una supuesta preocupación por la caída de la recaudación. Su objetivo principal es preparar las condiciones para proceder a un cepo a los salarios. El primer paso fue terminar, con el aval de las burocracias sindicales, la cláusula gatillo que cobraban docentes y estatales. El propio Giordano, escudándose en las medidas de crisis del gobierno nacional, anticipó que no habrá aumentos para una franja de trabajadores: “la devolución de Ganancias, por lo menos para los segmentos medios y bajos será un alivio, hay que jugar con todo esto, ser creativos para encontrar un punto de equilibrio”.

Giordano oculta al hablar de la recaudación los miles de millones que la provincia pierde en concepto de exenciones impositivas o promociones industriales a las multinacionales que hoy suspenden y despiden. Se olvida de mencionar el consenso fiscal que la provincia firmó entusiasta, recortando ingresos brutos (principal fuente de recaudación) que pagan las empresas y el sector financiero. Omite la exención impositiva a sectores parasitarios como la Iglesia, los subsidios millonarios para bancar empresarios del transporte que solo saben meter tarifazos y la falta de actualización del impuesto a la renta agraria favorecida una y otra vez por las reiteradas devaluaciones. Ello, y la sangría que significa mantener un esquema de deuda parasitario en dólares.

Los trabajadores provinciales no deben pagar los platos rotos de una crisis que no generaron. Una masa importante de los estatales, entre ellos los docentes, están por debajo de la línea de la pobreza. La lucha por la reapertura de las paritarias frente a una inflación que se calcula en el orden del 55% anual no puede esperar. Vamos por un salario minimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados. Para lograrlo necesitamos un paro provincial y la convocatoria a plenarios de base en todos los sindicatos para imponer un plan de lucha como lo demuestra el camino que vienen recorriendo los trabajadores de Chubut.