Políticas

24/10/1995|470

Córdoba: Fracasa el ‘bono patriótico’

Este miércoles 25, los jubilados, los trabajadores de economía y de rentas y los docentes se movilizarán contra el gobierno de Mestre. Reclaman el pago de jubilaciones atrasadas, la reposición  de adicionales y la oposición a que se liquide el Estatuto del Docente y se municipalicen las escuelas. Dos días más tarde, la patronal de CIADEA y la burocracia del SMATA discutirán sobre los 700 trabajadores que la empresa quiere despedir. Además de pretender eliminar los adicionales que cobran los trabajadores de Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, Mestre se apresta a despedir en masa a 4.000 trabajadores contratados.


Esta sucesión de golpes refleja que la bancarrota capitalista del Estado provincial es mucho más grave que la estimada inicialmente. El derrumbe está demostrado también por el crecimiento fenomenal de la emisión de bonos (Cecor) destinados a cubrir el déficit financiero del presupuesto. “Hoy se estima que un 40% de la base monetaria de la provincia está en esos certificados de deuda”, y en diciembre “habrá unos 680 millones de bonos circulando, mientras que los pesos sólo sumarán 570 millones” (La Voz, 20/10). Como el reparto de los Cecor ha tomado un ritmo vertiginoso y la porción de impuestos que vuelve al gobierno en bonos crece día a día, “la obligación del Estado de garantizar un mínimo en efectivo a empleados y jubilados, se hace más difícil cada mes” (ídem). Esto explica que la cotización de los bancos sea hoy el 75% de su valor en el mercado negro. Por otra parte, “el Banco Provincia podría terminar sufriendo graves perjuicios si es que la provincia no instrumenta, desde ya, acciones destinadas a rescatar… los bonos que está acumulando” (La Voz, 15/10).


Córdoba tiene sus fondos de coparticipación ‘tomados’ por la Nación hasta fin de año; la recaudación impositiva va en descenso; el presupuesto para el ‘96 “duplica el rojo fiscal” (19/10). Todo esto significa que luego de confiscar el 30% del salario de los trabajadores, pagar en bonos, despedir contratados, cerrar grados y desmantelar hospitales, la ‘intervención’ mestrista está peor que en el punto de partida.


Ultimátum


El Empréstito Patriótico de Córdoba, lanzado en el inicio del gobierno mestrista con la expectativa de reunir aportes de los capitalistas por no menos de 100 millones de dólares, juntó, al cabo de 100 días… 5 millones de dólares.


El fracaso de la colecta (que no es una donación sino un préstamo en dólares) revela que la gran patronal reclama una ‘emergencia’ más drástica todavía, es decir, despidos y privatizaciones en masa. “Falta (n) definiciones de política fiscal”, es una de las razones esgrimidas por los industriales para no poner un mango, lo que constituye una crítica a la demora a firmar el Pacto Fiscal, que prevé esas medidas.


Mestre, sin embargo, dejó trascender que no firmará el Pacto Fiscal y que “tampoco está dispuesto a aceptar el traspaso de la Caja de Jubilaciones, que le abriría las ‘ventanillas’ del Banco Mundial para créditos blandos” (La Voz, 19/10). Pero una delegación de más de 15 técnicos del Banco Mundial se encuentra en este preciso momento en Córdoba ‘monitoreando’ las cuentas del Estado y, “entre estos papers, planillas de estadísticas por edad y sector de la Caja de Jubilaciones provincial” (ídem). Es decir que Mestre prepara la firma de un súper Pacto Fiscal, que entregará la Caja Jubilatoria a la Nación. Mestre va a un acuerdo con el Banco Mundial y a una reedición del pacto con Cavallo que volteó al gobierno de Angeloz.


Batallas claves


Para consumar su política, Mestre se juega a fondo a una derrota completa de los trabajadores, para lo que necesita también una dosis de demagogia.


Las revelaciones sobre las compras de campos por parte del clan Angeloz, 100.000 hectáreas en toda la provincia, forman parte de la ‘cortina de humo’ que pretende emparentar los ataques a los fraudes de Angeloz con los salarios, como parte de una misma política de ‘ajuste’. Es necesario no dejarse engañar por esta demagogia y reclamar que se abran las ‘cuentas del Estado y de todos los capitalistas’, para determinar dónde se encuentra la riqueza producida en estos años por los trabajadores.


La Lista Violeta en el SEP, Tribuna Docente (y la Lista Rosa) en la UEPC, están planteando la convocatoria de asambleas generales en sus respectivos gremios para arrancar un plan de lucha de conjunto. Es una respuesta frente a la ‘política’ burocrática de dividir los conflictos y dejar que éstos se desangren de a uno. Defensa de la Caja, por la efectivización de todos los contratados, por la permanencia de los adicionales, por la defensa del Estatuto del Docente y la no municipalización de escuelas y hospitales, por el pago al día: Paro activo provincial.