El intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi, pretende privatizar la caja de recaudación del municipio. Para tal fin, el Concejo Deliberante se apresta a tratar el próximo 1 de julio, en una audiencia pública amañada, el proyecto por el cual en primera lectura se haría entrega de la recaudación a una empresa privada, que se quedaría con un el 1% de todo lo cobrado. Una medida sin antecedentes contra el conjunto del pueblo trabajador que el Partido Obrero está llamando a rechazar.

Con este proyecto se desnaturaliza el destino del tributo ya que un porcentaje terminará en manos privadas. A la vez que representa un cheque en blanco para Eduardo Baldassi que puede arreglar cambios y modificaciones en el contrato por simple acuerdo de partes. El Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas quedarían totalmente pintado. A todas luces es una medida contra el pueblo.

El manejo privado de los fondos públicos se pretende presentar como una modernización para el pago de los gravámenes municipales. Sin embargo, es un enorme negocio privado. En un simple cálculo tomando la recaudación del 2019 este porcentaje que se llevaría la empresa estaría en el orden de los 3 millones de pesos. Pero como el contrato no solo plantea que la empresa cobre sino también que pague por orden del municipio, esta cifra se podría duplicar.

Es claro que si el municipio paga 6 millones de pesos al año por cobranzas se van a resentir los ya deteriorados servicios que presta el municipio a las y los vecinos. Pero esto no es todo porque en el contrato presentado queda abierta la posibilidad de modificaciones del mismo a simple acuerdo de partes. Lo que significa que lo que hoy se suscribe mañana podría cambiar sin pasar por el Concejo Deliberante. Lo mismo dice para las actualizaciones e incluso no están especificados los costos para una cantidad de cargos que el contrato dice se cotizarán oportunamente por separado.

Además, el municipio podría solicitar a la empresa que pague en nombre del municipio aunque en la cuenta donde se deposite lo recaudado no tenga saldo a favor. En este punto, la llamada modernización del cobro de impuestos se trasforma en un negocio financiero de préstamos que pone como garantía los ingresos futuros de la recaudación municipal y acá tenemos el nudo de la cuestión: el gobierno pretende hipotecar la caja municipal para obtener financiación, por supuesto, abriéndole a la empresa pingues ganancias.

Otro aspecto no menor es el peligro sobre la seguridad de la información de los contribuyentes: la privatización de las funciones tributarias pone en jaque el secreto fiscal, las bases de información de datos, la fiscalización y determinación de los tributos y la identificación de los contribuyentes que pasará a manos privadas.

Por qué el apuro

Impugnamos la realización de la audiencia pública el día 1 de julio. Una audiencia pública supone un espacio democrático donde la participación ciudadana es fundamental. El Estado debe garantizar la mayor participación de los vecinos, máxime cuando lo que se trata de un proyecto que entregaría la recaudación de los dineros públicos a un privado.

Esta participación resulta imposible en el cuadro de pandemia actual, donde todas las autoridades recomiendan no realizar reuniones públicas numerosas y a esto debemos sumarle la falta de trasporte público en nuestra ciudad. Estos aspectos restringen seriamente la participación plena de los ciudadanos y le quita a la audiencia pública su principal objetivo anulando su legitimidad.

Desde el Partido Obrero de Rio Ceballos rechazamos la privatización de la caja municipal y denunciamos que se pretende armar un millonario negocio con el dinero público y en definitiva que esto terminará impactando en la prestación de los servicios por parte del municipio e incluso en la quiebra de la caja municipal.

Llamamos a la población a pronunciarse de manera masiva en contra de este proyecto.