Una vez más la crisis hídrica golpea a las Sierras Chicas, en un ciclo repetido de inundaciones y sequías. Una vez más los gobiernos, municipal, provincial y las cooperativas atacan a los vecinos con tarifazos, multas y la posibilidad de cortes como una salida a la crisis. De más está decir que no es la primera crisis, así como tampoco fue el 2015 el primer año de inundaciones (el 15 de febrero de ese año una inundación terminó con la vida de más de 11 personas y barrió con casas, puentes y calles de varias ciudades de las Sierras Chicas como Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende). Lo mencionamos porque tanto la crisis hídrica como las inundaciones son el resultado de los desmontes y la aprobación sin medida de nuevos lotes.

Pero si éstas son las causas, ¿qué se hizo para que no vuelvan a ocurrir?

La respuesta es obvia: nada. Después de la catástrofe del 15F no se realizaron obras para almacenar el agua que durante tres años desbordó nuestros ríos y arroyos; tampoco se puso un límite a las nuevas urbanizaciones, loteos nuevos, canchas de golf, urbanización en zonas altas de nuestras sierras y se profundizó el abandono de nuestra reserva.

Esta ha sido la política que tanto el municipio como la provincia llevan adelante.

¿Y la cooperativa de agua?

La cooperativa no dice absolutamente nada, ellos saben bien que el dique en Río Ceballos estaba planificado para menos gente que la que vive hoy en el pueblo, pero su única preocupación es tener más socios y una tarifa por las nubes; así los intereses de los especuladores inmobiliarios y los directivos de la cooperativa se unen para que venga más gente a vivir a la zona.

Un párrafo especial merece la pérdida de agua en el proceso de distribución del servicio. Como ya lo señalamos ante los oídos sordos de las autoridades, en las cañerías que distribuyen el agua por la ciudad se pierden por día más del 40% del agua que se potabiliza sea por pérdidas  o porque los medidores miden mal. Esto figura en el contrato de concesión como agua no contabilizada.

La conclusión es: los gobiernos  municipal provincial y la cooperativa responden a los intereses de los grupos inmobiliarios y actúan en función de estos.

Desde el Partido Obrero planteamos:

Paralización inmediata de nuevos loteos en la zona

Establecer el acceso al agua como un derecho humano inalienable

Obras de infraestructura para el almacenamiento y retención de agua en temporada de lluvias

Las mismas se deben realizar por el Estado y bajo el control de los vecinos y las organizaciones ambientales 

Apertura de los libros de la Cooperativa y la UTE, que maneja la planta potabilizadora, al control de los usuarios para saber los verdaderos costos del servicio.