La caída del empleo en Córdoba (0,6%) file la mayor del país, de acuerdo con la encuesta mensual de octubre rea­lizada por el Ministerio de Trabajo entre las principales empresas (empleo privado). La encuesta es, de todos modos, parcial porque no considera las miles de suspensiones que se están produciendo en la provincia, en particular en las terminales automotrices ni el desempleo encubierto que significa el Plan Trabajar. Las cesantías, que se produjeron en mayor medida en empresas pequeñas (10 a 49 trabajadores) abarcaron prácticamente a toda la industria y apuntaron a desplazar personal permanente: “los mayores afec­tados fueron los trabajadores con em­pleos estables y que están ‘a prueba’ porque, llamativamente, se mantuvo sin variantes la dotación de personal con contratos promovidos” (Clarín 17/ 11).

(En la encuesta sobre desocupación re­alizada por el Indec en mayo, el desempleo en el Gran Córdoba bajó ‘extrañamente’ un 3,6% contra una baja de sólo unas décimas en el resto del país. Una serie de analistas consideró esto un ‘dibujo’: un dato inflado que permitió mostrar entonces menos traba­jadores buscando empleo).

Las cesantías constituyen una verdade­ra masacre social en los pueblos del interior. En Cruz del Eje, de los 2.300 Planes Traba­jar habilitados luego de la lucha del ‘97, quedan una veintena; en Deán Funes, a pocos kilómetros, está bajo amenaza de cie­rre la planta fabril que constituye práctica­mente la única fuente de trabajo del lugar.

Frente a una situación social que se vuel­ve cada día más exasperante, la UCR, el PJ, el partido de Cavallo y el Frepaso han resuel­to como política un ‘silencio de estado’: no proponen nada (y en lo posible no hablan) de la catástrofe social que se descarga sobre los trabajadores. Ante la pregunta de una perio­dista, De la Sota rechazó expresamente la posibilidad de un subsidio al parado, proponiendo en su lugar planes de crédito para empresarios que se comprometieran a tomar empleados, una triquiñuela para jus­tificar nuevos subsidios a sus socios capita­listas (La Voz, 15/7). En esto coinciden todos los candidatos patronales.

Estado de asamblea

El jueves 19, un grupo de trabajadores suspendidos de Renault (“Suspendidos Autoconvocados del Smata”) llamó pública­mente a una movilización en las puertas de la planta para el lunes 30 a las 11 horas, día en que se debería reiniciar la producción luego de la suspensión masiva. Reclaman el fin de las suspensiones y despidos, de las tercerizaciones y del convenio Fiat y proponen una asamblea general del Smata, en el mejor lugar disponi­ble, para debatir y resolver un plan de acción frente a la ofensiva patronal. En Cruz del Eje, puede volver a ponerse en pie la asamblea popular. Desde la Intergremial Médica se ha planteado la necesidad de una movilización en defensa del hospital público y del conjunto de reclamos. Desde distintos escenarios de lucha se está intentando quebrar la parálisis de los sindicatos pactada entre Mestre, el PJ y la burocracia sindical (CGT y Moas), lo que plan­tea con más fuerza que antes la necesidad de explicar y organizamos en tomo a nuestra salida: que se prohíban los despidos y suspen­siones, que se repartan las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles sin afectar el salario. Esto llevará a una reducción de la jomada que debe ser íntegramente absorbida por el gran capital sobre la base de los benefi­cios acumulados. Entre tanto, un seguro al parado de 500 pesos para todo desempleado mayor de 16 años (seis meses de un seguro al parado para los 324.000 desocupados y subocupados de Córdoba significaría 972 millo­nes de dólares, mucho menos que los créditos morosos, incobrables o refinanciados con qui­tas impresionantes con los que la clase capita­lista vació los bancos públicos).

Asambleas, asambleas populares, orga­nización en cada lugar de trabajo, que las organizaciones obreras y populares rompan con las patronales, que se constituya una alternativa obrera independiente, que go­biernen los trabajadores.