La represión y desalojo ilegal de las familias que ocupaban terrenos en el barrio cordobés Estación Ferreyra tuvo una respuesta en la calle. Mediante una masiva convocatoria se reclamó por la vivienda y la libertad de lxs detenidxs. La movilización partió pasadas las 11 horas, de Colón y Cañada hacia Casa de Gobierno. Se movilizaron más de 3.500 personas.

El gobierno recibió a la movilización con un vallado policial. Las familias desalojadas convocaron a una conferencia de prensa y llaman al pueblo trabajador a hacerse presente. Se trata de una causa popular que debe tener una respuesta positiva: “Tierra y vivienda para lxs trabajadorxs, no para lxs especuladorxs”.

Un operativo ilegal

El desalojo fue llevado sin orden judicial. La represión fue llevada a cabo mediante un operativo dirigido por el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. Se trata de una medida que pone blanco sobre negro la política del gobierno provincial para abordar el déficit habitacional. Para el PJ, la ocupación de tierras ociosas es una cuestión delictiva, por eso arremete contra mujeres y la niñez sin un techo para vivir.

En el desalojo detuvieron a la compañera y legisladora provincial Soledad Díaz. También fueron apresados Jorge Navarro, dirigente nacional del Partido Obrero; Susana Altamirano, integrante de la mesa local del Polo Obrero; Carlos Hipólito Cuevas; Bryan Díaz; Daniel Altamirano; Karen Altamirano; Pablo Altamirano; Mónica Rivadero; Yanina Villarreal; Roberto Cisnero y Claudio Torres, integrantes del Polo Obrero. Al escribir esta nota eran liberadxs.

Tras el desalojo secuestraron los bienes personales de las familias y destruyeron con topadoras las precarias casas que las personas levantaron con el sudor de su frente. La prensa calificó el despliegue policial de “impresionante”. Participó la guardia de infantería con armas largas.

El operativo fue cuidadosamente preparado,. La policía valló la zona. El ministro de Seguridad declaró que el desalojo se realizó con “negociadores, con personal del ministerio de Desarrollo Social para realizar contención y el uso mínimo de la fuerza. El procedimiento se desarrolló con bajo la supervisión del Fiscal Tomás Casas. Ha sido recuperado la totalidad de ese predio”.

Las declaraciones de Mosquera clarifican que la represión fue un operativo de Estado, y ratifican lo que el vocero del Polo Obrero, Emanuel Berardo, denunció: “La represión desnudó el carácter de una mesa que armó el gobierno para atender las ocupaciones, en donde participan el ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Jure y el fiscal general de Justicia, es una mesa para desalojar, no tenía ningún fin social, sino represivo. Buscan desalojar, dejando de lado el constitucional derecho a la tierra y la vivienda para defender la especulación inmobiliaria”.

En relación a las y los detenidos, Mosquera dijo que tenía entendido que había algunas personas detenidas por “entorpecimiento del accionar policial”. Dando cuenta de la total clandestinidad de la acción represiva.

Alfonso Mosquera fue la única voz oficial del gobierno de la provincia de Córdoba. Ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el de la Mujer han intervenido para dar una respuesta a las mujeres y la niñez desamparada. Se sabe que este funcionario puso a disposición su renuncia tras los casos de gatillo fácil, pero Schiaretti lo ratificó en el cargo y lo puso al frente de la represión a las familias sin vivienda y contra la movilización popular.

En lugar de atender el déficit habitacional, el gobierno provincial se jugó la carta represiva. El Polo Obrero convocó a una movilización para defender el derecho a la tierra y la vivienda. El desalojo en Estación Ferreyra es un capítulo de una lucha que continúa. Tierra para vivir.