06/06/2021
UTA

Córdoba: paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano

Choferes y usuarios presos de un servicio a base de subsidios que reciben las patronales y ningún gobierno controla
Concejala del FIT-PO

En el marco de la negociación salarial, que ha suscitado medidas de fuerza en diferentes puntos del país, este sábado 5 de junio se inició un paro por tiempo indeterminado lanzado por UTA Córdoba. El motivo del mismo es el incumplimiento por parte de las patronales del pago integral de los salarios fijados por el acuerdo vigente.

No se trata de un hecho novedoso, ya durante el año pasado el servicio de transporte estuvo paralizado varios meses por falta de pago. Así las cosas, en plena crisis sanitaria y social, nuevamente el incumplimiento por parte de las empresas deja sin un servicio esencial al conjunto de los vecinos de la ciudad.

Que este incumplimiento se dé en el marco de las negociaciones paritarias para fijar un nuevo aumento salarial, busca reforzar la extorsión de las empresas a los gobiernos, tanto nacional, como provincial y municipal, advirtiendo que de no liberar nuevos fondos para subsidios, no podrán hacer frente al reclamo salarial de los trabajadores.

El trasfondo es preservar negociados millonarios, que lejos están de dar una salida ante el descalabro del sistema de transporte y mucho menos respuestas a las demandas de los trabajadores. Este planteo patronal es defendido a capa y espada por el propio intendente capitalino, Martín Llaryora, quien mantuvo hace algunas semanas una reunión con otros intendentes para reclamar de manera conjunta, mayores subsidios para el transporte en el interior del país.

Desfinanciamiento y rebaja salarial

Aprovechando la pandemia, tanto las empresas como el gobierno municipal llevaron a fondo su política de vaciamiento y achique del sistema de transporte. Durante la fase 1 del 2020, y a pedido de las empresas concesionarias, se recortaron recorridos, se eliminaron líneas enteras, y se redujeron las frecuencias, sacando de circulación decenas de unidades. A pesar de haberse restituido plenamente la actividad productiva, no se dio marcha atrás en ninguna de esas disposiciones, por el contrario, es recurrente la denuncia de los trabajadores que señalan que Ersa, la empresa que concentra la mayor cantidad de recorridos, regularmente saca unidades de circulación por no estar en condiciones, sin restituirlas.

En el terreno salarial se fue más a fondo aún. A pesar de ser trabajadores que desde el inicio de la pandemia se encuentran expuestos, sin cesar sus tareas por tratarse de un servicio esencial para la población, desde hace un año tienen los salarios congelados. Actualmente el salario promedio de un chofer de colectivo en Córdoba ronda los $60 mil pesos que varía mes a mes, ya que desde que empezó la cuarentena, las empresas imponen descuentos compulsivos y los trabajadores han perdido el control de sus sueldos. Es decir, que un trabajador promedio de la UTA no llega a la canasta básica, fijada por el Indec en $63  mil.

El acuerdo firmado con los gremios del sector en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), establece un techo salarial, que de trasladarse a Córdoba, constituiría una nueva postergación salarial en relación a la inflación. Con un aumento del 28,6% en cuotas, se llegaría en septiembre a los $72 de bolsillo, con una inflación proyectada del 50%, el salario de bolsillo nuevamente estaría por debajo de la canasta familiar.

El reclamo de los trabajadores que recorre el país, y que ha impuesto medidas de lucha autoconvocadas, se asienta en la drástica caída del poder adquisitivo de los choferes en los últimos años, que tiene como contracara una creciente exposición al Covid.

La conducción de Carla Esteban ha sido incapaz de establecer un plan de acción para defender el programa de los trabajadores. Por el contrario, las medidas de fuerza convocadas van por detrás de las autoconvocatorias impuestas por los trabajadores en Buenos Aires, y son tomadas por las patronales para pedir al gobierno por más subsidios.

Carla Esteban no cuenta con mandato de sus trabajadores, hace meses no convoca a asamblea, y el paro no va acompañado con medidas de movilización. Su único mandato es el de las patronales y UTA nacional, comandada por Fernández, otro agente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap). De esta forma la conducción intenta cerrar un acuerdo salarial que no recupera lo perdido, corre detrás de la inflación y con sumas en negro. Un acuerdo a medida de los empresarios.

Las mismas patronales que hoy presionan con la falta de pago son quienes se vieron más beneficiadas con subsidios durante el 2020. Vale recordar que esta patronales perciben anualmente $195.000.000.000, en subsidios a lo que se agrega el Fondo Covid percibido durante el 2020. Nada de eso se traduce en la calidad del sistema de transporte, ni mucho menos en las condiciones laborales de sus trabajadores.

Aumento salarial y refuerzo del sistema de transporte

El Frente de Izquierda en el Concejo viene realizando numerosas presentaciones para denunciar el desguace del sistema de transporte. En este sentido impulsamos un pedido de informe para que las empresas rindan cuenta respecto al destino de los subsidios millonarios que perciben y lo recaudado por el corte de boletos.

Entendiendo que la defensa de los trabajadores del transporte es parte esencial de la defensa del servicio, es que impulsamos un proyecto de resolución en el Concejo para fijar un aumento salarial que lleve el básico inicial a los $100.000 de bolsillo; incorporar al plan de vacunación en carácter de trabajadores esenciales a todo el personal que desempeña tareas en el TUP; acondicionar las unidades según los protocolos de bioseguridad; y proveer regularmente de elementos de protección personal a los choferes.

Para que las medidas de fuerza sirvan para conquistar este programa, es necesario cortar los lazos de la UTA con las patronales y los gobiernos. Y defender la perspectiva de las autoconvocatorias que se impusieron el año pasado en Córdoba y en Buenas Aires ahora.

Desde nuestra bancada en el Concejo, acompañamos el reclamo de los trabajadores con un plan integral en defensa de un servicio clave para los trabajadores cordobeses. Por eso impulsamos un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Sanitaria en el Sistema de transporte.

Planteamos el aumento de las frecuencias, duplicar la cantidad de unidades disponibles y el personal. La restitución de todas las líneas suprimidas durante el 2020; y el restablecimiento de los recorridos recortados. Prohibir la circulación de unidades con pasajeros parados, y el congelamiento de las tarifas del sistema de transporte mientras dure la contingencia sanitaria, sin afectar los programas vigentes. Finalmente planteamos la  conformación de una comisión obrera de trabajadores del transporte que defina los protocolos de bioseguridad, y controle su efectiva aplicación.

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