La empresa Aguas Cordobesa ha solicita un nuevo incremento en el costo del servicio del 12,4%. De concretarse, se agravaría sustancialmente la ya delicada situación económica de las familias trabajadoras de la ciudad.

En los primeros siete meses del 2021 las y los vecinos de la ciudad de Córdoba hemos padecido tres aumentos en el servicio de agua potable; a saber, 24,3% en enero, 8,7% en marzo y 8,4% en mayo. Si a esto se aplica el último aumento solicitado, el acumulado en el año sería del 64,5%.

El aumento solicitado por la empresa supera ampliamente la inflación acumulada en 2021 y no se condice con los acuerdos salariales fijados por el propio gobierno. En la mayoría de los casos las paritarias estatales no superaron el 35% anual. Incluso, el reciente acuerdo salarial cerrado con la UTA, apenas superior al promedio, estaría en peligro en la medida que la última liquidación fue pagada parcialmente con bonos.

La situación es más grave aún si tomamos la masa de trabajadores informales y precarizados que cuentan con un ingreso promedio de $30.000. Sin duda, en una ciudad con el 50% de la población bajo la línea de la pobreza y el 13% desocupados, el incremento del 64,5% en el agua potable vuelve el servicio inaccesible para la inmensa mayoría de la población.

Una política de confiscación a los trabajadores

El incremento en el servicio del agua viene acompañado de una serie de tarifazos que golpean sobre los bolsillos de las familias obreras. Con una suba acumulada del 27% en 2021, el último aumento en el transporte urbano de pasajeros dejó el boleto en $50. A esto se suma el aumento de la energía eléctrica y el gas. En lo que va del año la luz aumentó en un 22,4%, mientras que el gas alcanzó un 8,8%.

De esta forma se agrava una inflación creciente, que coloca a Córdoba por arriba de la media nacional. Según la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia, la inflación interanual a junio es del 50,47%. Este incremento se concentra, por un lado, en la canasta de alimentos, y por el otro, en los servicios.

Estamos ante de una política de confiscación a las familias trabajadoras en beneficio de las empresas. El aumento tarifario que exige Aguas Cordobesas, liderado por el Grupo Roggio, no tiene fundamento alguno. Si bien la empresa alude a la variación de sus costos en el período comprendido entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, lo cierto es que el aumento no se condice con la inflación acumulada y tampoco se traduce en obras significativas.

Por el contrario, el Grupo Roggio, uno de los 100 grupos económicos que más facturan en el país, se ha visto beneficiado por las obras que vienen desarrollando la provincia y el municipio. El traspaso de la titularidad de Aguas Cordobesas al municipio consolidó esta política. De hecho, los 300 millones de pesos que ingresaron en 2020 en concepto de canon de Aguas Cordobesas fueron destinados a obras de conexión de agua que administra el Ente Municipal de Agua Potable (Emap), eximiendo a la empresa de una de sus principales obligaciones, como lo es la realización de obras para garantizar la ampliación de la red de agua potable a todos los vecinos de la ciudad.

Incluso, el gobierno de Llaryora con el programa “Más Agua Más Vida”, que promete la conexión de agua potable a 26 asentamientos precarios, se encuentra sujeto a factibilidad de Aguas Cordobesas, es decir que no se prevé que la empresa desarrolle obra alguna para permitir que el municipio desarrolle red de agua potable en los sectores más carenciados.

Desde el Frente de Izquierda rechazamos este nuevo aumento que tiene como único beneficiario al Grupo Roggio, y presentamos un proyecto de resolución para congelar la tarifa del agua potable por un plazo de 12 meses, al mismo tiempo que exigimos al municipio que inicie una auditoría sobre la empresa para que se rindan cuentas sobre el destinos de los fondos acumulados durante anos de beneficios.

En este sentido, desde la bancada en el Concejo venimos acompañando el proceso de organización en diferentes ocupaciones y barrios populares para que se garantice el acceso al agua potable, un bien esencial que cobre mayor relevancia en contexto de pandemia.