La euforia de la conducción de UEPC (Unión de Educadores de la provincia de Córdoba) frente a la convocatoria de la paritaria nacional docente no puede disimular el problema que significa la recuperación del salario de los educadores. Más bien pone en evidencia su política de negociaciones a la baja y achatamiento salarial. Resulta que el gobierno nacional condicionó el debate en la paritaria a una suma fija, probablemente por vía del aumento del incentivo docente. El propio Juan Monserrat reconoció que este fondo, pagado en negro y diferido del salario, representa casi el diez por ciento del sueldo de los docentes. Otra cuestión presente es la anulación de las cláusulas gatillos, como han resuelto recientemente los gobernadores de Tucumán y de Santa Fe. Esta política de recorte y ajuste es la que se promueve para las paritarias como consecuencia de subordinar el salario y las jubilaciones al pago de la deuda y el acuerdo con los acreedores y el FMI, que exige como principal requisito ese ajuste.

En ambos aspectos (el ofrecimiento de sumas fijas y la anulación de la cláusula gatillo) el gobernador Juan Schiaretti ha sido uno de los pioneros con el acompañamiento activo de la conducción de UEPC. El año pasado construyó la propuesta incorporando una suma fija que por ahora está vigente y aún hoy en negro ($1750 por cargo). Además, dio de baja la cláusula gatillo en septiembre, dejando el salario muy atrás de la inflación que justamente ese mes tuvo su pico más alto de todo el año. Como consecuencia de ello, con una inflación interanual que en diciembre llegó a 51,88% en la provincia, el salario de los docentes quedó 25% por debajo de la línea de pobreza que hoy roza los $39000.

La recuperación del salario perdido y el reclamo de que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza, deberían ser el norte de la discusión paritaria. Sin embargo, desde su lugar en la CGT Regional Córdoba, tanto José Pihén como Monserrat, han comenzado a discutir con el Ejecutivo provincial la implementación del bono de $4000 dividido en dos meses. Su orientación pone el salario de los trabajadores bajo la órbita de la negociación de la deuda, cuestión en la que la provincia de Córdoba está comprometida con un endeudamiento masivo en dólares. Pero el salario está por encima del negocio de los especuladores con la deuda provincial.

A la crítica situación salarial hay que agregar el zarpazo contra las jubilaciones, la preparada y anunciada armonización definitiva del régimen previsional, y el déficit edilicio en las escuelas con planes de obras que han sido paralizados. 

Monserrat y la conducción de UEPC no tienen ningún mandato para discutir este ajuste contra el salario. Los docentes debemos prepararnos e intervenir para imponer un programa que defienda el salario y la jubilación y que ponga en primer lugar los reclamos e intereses de los trabajadores y las escuelas. Aprovechemos las primeras jornadas para desarrollar este mandato con los compañeros en las escuelas. Necesitamos un aumento no menor al 25% y la vigencia plena y sin condicionamientos de la cláusula gatillo. Ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Ningún ajuste contra las jubilaciones, por el 82% móvil y la derogación de la 10333 [ley que rebaja los haberes].

Es necesario poner al conjunto del activismo a promover este planteo, que no estará en manos de la conducción celeste de UEPC, acólita de los gobiernos y del pacto social. Por ello proponemos la convocatoria a un plenario de toda la oposición que con el programa de las escuelas oriente a la docencia en la lucha de la paritaria.

Para superar la traba que significa la conducción de Monserrat y compañía es necesario construir una nueva dirección para el sindicato. Los próximos 15 y 16 de febrero llevaremos a cabo el XII Congreso Nacional de Tribuna Docente que con la participación de las direcciones combativas de todo el país deliberará y resolverá una línea de acción para desarrollar esta tarea con la intervención y la lucha de la docencia.