Políticas

20/9/2022

Córdoba: Schiaretti “limpia” el gabinete

Los ministros de Salud y Seguridad con causas judiciales por muertes de bebés y gatillo fácil.

Imagen: El 12 TV

El gobierno provincial realizó cambios en su gabinete, entre los más importantes, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera dejó de ser parte del gabinete provincial, en su lugar asumirá Julián López, que ocupará la conducción unificada de los ministerios de Gobierno y Seguridad. En las vísperas ya había renunciado la titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano; y semanas atrás el exministro de Salud, Diego Cardozo. Una “reestructuración ministerial” para pilotear una política ajuste.

La gestión de Juan Schiaretti presenta las modificaciones como una “reestructuración”. En ese sentido, afirman que los relevos se producen “con el propósito de adecuar el Estado en función de las necesidades que van surgiendo en la sociedad, por la evolución de la situación socioeconómica nacional hemos definido profundizar y fortalecer las acciones en materia social, de empleo y seguridad”.

Sin embargo, los cambios en el gabinete fueron precedidos por severas crisis que exponen un elevado grado de descomposición política. En efecto, Mosquera ya venía siendo blanco de críticas tras los casos de gatillo fácil, entre ellos, el de Blas Correa. Además, las “olas de robos” en escuelas y zonas aledañas provocaron ocupaciones de establecimientos. En este cuadro, el gobierno improvisó medidas que no le alcanzaron para garantizar la continuidad de un ministro repudiado en las movilizaciones populares.

Con un ministerio unificado de Gobierno y Seguridad, Schiaretti pretende pilotear una crisis estructural en las fuerzas de (in) seguridad. Nunca mejor puestos los paréntesis. Es que las usinas delictivas como el narcotráfico, la trata, desarmaderos de autos y el femicidio de Cecilia Basaldúa se sucedieron con vinculación policial con toda una cadena delictiva.

Los sucesivos casos de gatillo fácil permiten ver con toda crudeza el grado de descomposición de la Policía de Córdoba. El caso Blas Correa develó toda una cadena de responsabilidades y un modus operandi de encubrimiento para alcanzar la impunidad. Quienes dispararon tenían causas internas abiertas, sin embargo, continuaron patrullando como si nada.

El caso Joaquín Paredes presenta similitudes con el de Blas, ahí también se desplegó todo un operativo para eliminar pruebas y se intentó ensuciar a las víctimas. En tanto que el caso Jonatan Romo, fue un nuevo capítulo de la crisis en la policía y justicia. Con todos estos antecedentes cualquier otro funcionario tendría que haber sido relevado antes.
Mosquera afirmó en julio que “ni sueñen” con su renuncia. Salta a la vista preguntar por qué “renunció” ahora. Y más cuando el exministro tras el asesinato de Joaquín Paredes puso a disposición su renuncia. Pero el gobierno lo mantuvo en el cargo. En las últimas horas trascendió que la gestión de Schiaretti le pidió la renuncia porque Mosquera sería imputado por el gatillo fácil de Blas Correa. Además, como la cuestión de la inseguridad sigue en la agenda mediática, y con la campaña a la gobernación de Martín Llaryora en marcha mantenerlo en el cargo era contraproducente.

Una modificación que no altera las bases de la inseguridad ciudadana

Bajo la gestión del exministro de Seguridad se realizaron cambios de protocolos y jefes policiales. Sin embargo, el problema persiste. A principios de mayo fue noticia que en la Policía de Córdoba en tres meses hubo cuatro cambios de cúpulas y 720 causas graves. Esto marca una descomposición estructural que ningún cambio de funcionario puede remontar. La Policía de Córdoba está corrompida desde la raíz, y que por lo tanto lo que corresponde es su desmantelamiento y su reemplazo por una fuerza de seguridad ciudadana de nuevo tipo, no represiva, en resguardo de la población y sus bienes.

La interesada relación entre el crecimiento de la pobreza y el crecimiento delito deja de lado el entrelazamiento de la Policía con los mencionados delitos. Además, el gobierno provincial es un claro responsable del empobrecimiento de la población trabajadora. Córdoba tiene más pobreza, más desocupación y salarios más bajos que Rosario, Buenos Aires y CABA, según un estudio de investigadores de la asamblea permanente por los Derechos Humanos publicado en Perfil, en el mes de mayo. La evolución de precios y salarios no revertiría lo planteado.

Ahora el gobierno dice que con los cambios de gabinete se “apunta a eficientizar programas en marcha y a instrumentarse desde un abordaje integral y profundizar en la articulación con los municipios, comunas, Cámaras y Asociaciones del sector privado, y actores de la comunidad para cumplir con los propósitos de manera ágil”. Un discurso de ocasión. Sucede que los programas sociales para resolver problemas de asistencia a comedores, vivienda, generación de empleo no resuelven los problemas de manera integral siguen tal cual, y como todo, están por detrás de la inflación.

Cambios varios

El exministro de Salud Diego Cardozo había sorteado el escándalo del médico trucho del COE, y fue parte del encubrimiento de Juan Ledesma, director del Hospital de Niños, imputado por abuso sexual. Todo esto fue bancado por la gestión de Juan Schiaretti, pero la denuncia de familiares de bebés fallecidxs en el Hospital Neonatal exigieron justicia terminó por eyectar del cargo al mencionado exministro, ahora imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto que Nora Bedano renunció dejando una gestión en la que se produjeron despidos en la Agencia Córdoba Cultura, teatros cerrados, un reclamo salarial de trabajadores de la Cultura y la sospecha de desmanejos presupuestarios. Ahora la cuestionada exfuncionaria tendrá refugio, junto a Mosquera, en la Unicameral, ambos ocuparán el cargo de legisladores.

Así las cosas, los cambios en el gabinete responden a una crisis de gobierno. El Polo Obrero y el Partido Obrero impulsarán una agitación en barrios y lugares de trabajo por la construcción de un plan de lucha, y un paro general por todos los reclamos pendientes. En esa perspectiva se vienen desarrollando un plenario de trabajadores ocupadxs y desocupadxs, actos y marchas sobre casa de gobierno, junto a ATE-CTA.

Las respuestas a la crisis de la inseguridad y la de todos los reclamos pendientes vendrán de la mano de una intervención independiente de la clase obrera, y no de los cambios de gabinete en función de continuar descargando un ajuste.