Las intervenciones de la policía y la justicia en los conflictos gremiales suscitados a raíz de los atropellos patronales durante la pandemia se transformaron en una constante que surca el ambiente de la provincia. En efecto, solo en los últimos días, la irrupción de sendos operativos policiales tuvieron como resultado la represión a una asamblea de trabajadores en la planta de Bagley, la detención de 42 empleados municipales de Jesús María, y de cinco trabajadores de reparto; todos en el marco de acciones de protesta por condiciones laborales y contra recortes salariales. Asimismo un amplio despliegue policial hostigó y amenazó con imputar a los compañeros del Polo Obrero cuando desarrollaban acciones en el marco de una jornada nacional de lucha por módulos alimentarios.

Desde el Gobierno señalan que las medidas tomadas por los fiscales obedecen al cumplimiento de una norma sanitaria, pero a simple vista la utilización de la fuerza pública “para garantizar el distanciamiento social” resulta por lo menos incoherente, toda vez que ninguna sanción se ha dispuesto frente a las numerosas violaciones patronales a la cuarentena y el incumplimiento de los protocolos de seguridad de higiene en los lugares de trabajo vastamente denunciada por los trabajadores de la provincia.

En este marco el despliegue policial que ostenta el gobierno de Schiaretti configura lisa y llanamente el cercenamiento del derecho a la protesta y a la actividad gremial, nada tiene que ver con la protección sanitaria de la población. La cuarentena y el decreto presidencial de aislamiento preventivo y obligatorio se utilizan como una coartada para profundizar el ajuste contra los trabajadores y acallar los reclamos con represión.

En congruencia, mientras desde el Ministerio Fiscal invocan el artículo 205 del Código Penal, que califica al “que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una pandemia” para perseguir y criminalizar a los que luchan; el Ministerio de Trabajo de la Nación no se quedó atrás y en lugar de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías laborales, pretendió censurar la acción gremial con dos resoluciones administrativas. Mediante la Resolución 238/20 del 18 de marzo y su renovación en la Resolución 489/20 del 5 de mayo pasado, dictaminó la suspensión hasta el 30 de septiembre de “las asambleas y congresos, tanto ordinarios como extraordinarios, como así también todo acto institucional que implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas, de todas las asociaciones sindicales”. Por su parte el ministro de Trabajo de la provincia admitió en la Legislatura ser testigo de miles de denuncias de trabajadores por incumplimientos patronales, sin que se haya dispuesto intervención y/o sanción alguna.

La intromisión del Estado, la justicia adicta y las fuerzas represivas en la organización sindical de los trabajadores es ilegal y nos remonta a las épocas más oscuras de la dictadura militar, donde la actividad gremial fue vedada a los trabajadores. No existe sustento jurídico, argumentación, ni excusa alguna que habilite la vulneración del derecho a luchar en tanto ha sido calificado como un derecho humano. Cualquier medida o dispositivo normativo que habilite esta intromisión colisiona abiertamente con el derecho a la libertad sindical y a la huelga que en el sistema normativo piramidal de nuestro país tienen rango constitucional y ha sido reconocido por convenios internacionales. En efecto, la Ley de Asociaciones Sindicales, en el titulo relativo a la tutela de la actividad sindical en el artículo 4, inc “c”, asegura explícitamente el derecho de los trabajadores a reunirse y a desarrollar actividades sindicales.

Además, el carácter represivo de las disposiciones con las intentan perpetrar un estado de excepción contrastan con el desarrollo pacífico y ordenado de las acciones de los trabajadores, respetando el distanciamiento social y las medidas de seguridad sanitaria. Pero a la vez, es la contracara de un gobierno que sin ninguna condición en el sistema de salud está cediendo a las presiones del sector empresario y, con la reapertura de la obra pública y privada, y más de 200 fábricas de la provincia, entre ellas la industria metalmecánica, va hacia al levantamiento de la cuarentena.

La extrema regimentación del movimiento obrero que se quiere imponer, en un cuadro de la crisis donde los salarios y jubilaciones de estatales están la mira de los ataques, es una olla a presión. El activismo de toda la provincia se solidariza con las luchas obreras y populares, y comienza a ganar terreno en la organización. La CGT regional, que durante la cuarentena mantuvo un silencio cómplice con los atropellos patronales, se vio obligada a emitir un comunicado de repudio contra las represiones a los trabajadores de Arcor y de Jesús María, sin embargo no ha llamado al paro general. También se vieron compelidas a hacerlo las conducciones del sindicato de municipales de Córdoba (Suoem), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc).

Desde el Partido Obrero y la CSC rechazamos la represión y las imputaciones, defendemos el desarrollo pleno de las más amplias libertades de acción sindical y gremial para defender los derechos laborales y el derecho a la salud. Los trabajadores han establecido importantes luchas para garantizar la cuarentena; de ninguna manera admitimos que un gobierno que ha llevado al quebranto a la provincia en beneficio de un puñado de capitalistas, con la excusa de la crisis pretenda arrebatar conquistas históricas del movimiento obrero generando un peligroso precedente. Sin derecho a la libertad sindical no hay cuarentena. Que la crisis la paguen los capitalistas.