La construcción del Hotel Ansenuza fue y es un escándalo. El hotel casino ubicado en las proximidades de la laguna de Mar Chiquita comenzó a realizarse en el 2014 con un presupuesto de $50 millones y terminó costando más de $408 millones. Lo que impulsó una causa penal por malversación de caudales públicos en la que estaba involucrado José Manuel De la Sota, el propio Schiaretti y todo el gobierno provincial.

Cabe recordar que en agosto del 2017, el fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 5, Gustavo Dalma resolvió que en la construcción del Hotel Ansenuza, financiado por la Lotería de Córdoba en Miramar, no se cometieron irregularidades de ningún tipo. El costo fue objetado por especialistas del mercado inmobiliario, y por la oposición.

El 26 de marzo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó, con voto dividido, la posibilidad que la asociación civil Asoma sea querellante en la causa donde se investigó si se pagaron sobreprecios para construir el Hotel Casino Spa Ansenuza. Ahora es el TSJ, con los votos de Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bollati, el que insiste en que no se cometieron irregularidades, en tanto que Aída Tarditti, la titular de la sala penal, votó a favor de la reapertura de la causa definiendo que representaría un caso “de lo que se denomina la gran corrupción”. Los dos primeros camaristas señalados ocuparon cargos en las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota.

Vale señalar que especialistas argumentan que hubo un claro sobreprecio de la obra en Miramar. Y que hay obras de mayor dimensión que costaron mucho menos. Además, se presume que el caso también involucra hechos de lavado de activos.

En el 2016 ya planteábamos que: “De la Sota tiene su propio HoteSur”. Hoy 5 años más tarde por la dilación extrema de la justicia en la investigación y juzgamiento, el TSJ y la fiscalía buscan tapar el sol con un dedo. Además de que hay sospechas sobre la complicidad de los mismos jueces y fiscales en el hecho. El TSJ por un tecnicismo legal rechaza la casación y no resuelve el fondo del asunto.
Por parte de la Fiscalía, no nos extraña el pedido de archivo de la causa. Tengamos en cuenta que el miércoles 31/3 asumió Juan Manuel Delgado, el ‘‘Negro’’, como fiscal general de la provincia. El ahora “jefe de fiscales” defendió a la familia De la Sota en otros hechos de corrupción y por supuesto entre sus prioridades no se encuentra la investigación y enjuiciamiento de la gran cantidad de hechos de corrupción.

El Estado Cordobés, el gobierno, la justicia y los fiscales se encuentran en una profunda descomposición y demuestran que los diferentes poderes no se controlan en el Estado provincial, sino que actúan orgánicamente para delinquir y garantizar sus negociados ilegales. Prefieren garantizarle la impunidad al delito organizado del cual son parte, en lugar de atribuir las responsabilidades que les caben en base a sus nefastos actos.

Los negociados del PJ destruyen el presupuesto provincial que ajusta a la población trabajadora, a lxs jóvenes, mujeres y jubiladxs. La población de Córdoba debe levantar la voz y recordar el caso Ansenuza, como una expresión de todo un cuadro de corrupción y malversación del patrimonio público.

En este marco, la elección a dedo de jueces y fiscales permite que el PJ esté copando estos cargos públicos con los cómplices de la corrupción como Delgado. La corrupción, el delito organizado, la justicia cómplice, solo puede transformarse en base a la intervención independiente de la clase trabajadora por un gobierno propio, .