Este miércoles se aprobó en la Legislatura de Córdoba la primera lectura del presupuesto provincial 2020. La bancada oficialista obtuvo el apoyo de dos diputados del kirchnerismo, mientras que los otros dos se abstuvieron. El conjunto de la oposición votó en contra.

Se trata de un presupuesto hecho al servicio de los capitalistas del campo, como lo marcó en su defensa del mismo el gobernador Juan Schiaretti, señalando un día antes de la votación que “siempre es bueno reafirmar la importancia que tiene el campo para nuestra Córdoba. Y es bueno saber que el progreso de la provincia estuvo, está y estará vinculado al complejo agroalimentario… Cuidar Córdoba es cuidar el campo cordobés”. Ese planteo fue rápidamente profundizado por los empresarios: Gabriel de Raedemaeker, representante de Cartez y de la Comisión de Enlace, manifestó que “El que se mete con los productores cordobeses sabe que se mete con Córdoba, el que se mete con el Gobierno de Córdoba sabe que se mete con todos los productores”; y en igual sentido se pronunciò el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano.

La mayoría de  los medios entendieron que el mensaje político-empresarial tiene como objetivo primero marcar la cancha, ante las versiones que corren de una supuesta suba de las retenciones que impulsarían el gobierno nacional de los Fernández. Pero ello es solo un aspecto de toda la cuestión que engloba la disposición completa del gobierno y del presupuesto de Córdoba a los dictados del capital que domina en la provincia, en primer lugar el agrario, pero también del turismo y de los especuladores inmobiliarios. 

El presupuesto votado incluye una suma de $49.800 millones en infraestructura, que en su mayoría se destina a obras viales. Más de $10.000 millones están destinados a solo tres obras: la autovía de la ruta 38 (resistida por las organizaciones ambientalistas), el tercer carril de la circunvalación de la Capital y la autovía de la ruta 5. Todo este desarrollo necesita de un financiamiento externo, en dólares y cuando hay un riesgo país de 2500 puntos -es decir que se sigue el camino del endeudamiento exponencial, que ya lleva varios años y que no atiende a las carencias más sentidas de la población, sino que por el contrario las viene a agravar.

El ejemplo más claro es lo relacionado a la cuestión de la vivienda. Mientras que en Córdoba 300.000 familias tienen problemas habitacionales, el presupuesto destina 2.000 millones a cuestiones de hábitat, si incluimos el programa “Lo Tengo” (Venta de terrenos a precio subsidiado); y solo se menciona la construcción de 309 viviendas, que representa el 0,1% de la resolución del flagelo. Las ventajas de impulsar la obra pública con la construcción de viviendas son muy superiores a las obras viales, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, solución de uno de los más graves problemas sociales, reactivación de la economía, materia ambiental. Sin embargo, el gobierno resguarda los grandes intereses que existen alrededor de esta orientación: financistas, constructoras, empresarios del campo, del turismo y de los especuladores.        

El presupuesto incluye un impuestazo generalizado sobre los trabajadores, pero no así sobre los capitalistas. Crecen las alícuotas de ingresos brutos, que estos trasladan a los precios, y además se suman 6.000 contribuyentes en este rubro. El inmobiliario urbano aumenta entre un 41 y 44%. En el caso del Impuesto a los Automotores, la cuestión empeora porque la base imponible se ajustará por el “valor real” de los autos, que se encuentran dolarizados. El inmobiliario rural aumenta desde el 46%, pero se mantiene la base ficticia del “valor fiscal” (muy por debajo del valor real); y lo recaudado por este concepto no va a las finanzas provinciales, sino que se integra en un 60% a un “Fondo Fiduciario” para el agro, que será manejado por los propios empresarios. En total se destinarán en esto 4.800 millones de pesos; por lo que podemos decir que se ha efectuado una reducción impositiva. 

El otro gran tema del presupuesto es el ajuste que se proyecta, con una caída real de los fondos para el sector público. Esto cuando el empleo estatal en la provincia es el más bajo del país, mientras que los trabajadores de los centros de salud y demás reparticiones estatales reclaman por falta de personal; y cuando se viene reduciendo notablemente el salario de docentes y estatales, que ha perdido 10% en el 2018 y se encamina en el mismo sentido en 2019. 

Pero de lo más grave el gobierno no habla. La industria se encuentra en picada libre, afectando especialmente a las metalmecánicas y metalúrgicas. Iveco acaba de cerrar su planta por cinco meses, afectando 2.000 puestos de trabajo. En la provincia del “campo”, el Molino Minetti (que produce harina de trigo) acaba de despedir a todos sus trabajadores después de meses de vaciamiento. El gobierno ha fracasado estrepitosamente en su política de subsidiar a las patronales, pero lejos de cambiar el rumbo seguirá con la misma receta hundiendo en la miseria a los trabajadores. La pobreza supera a esta altura holgadamente el 40% de la población.

Schiaretti no defiende Córdoba, ni a los cordobeses. El presupuesto plantea el programa de los capitalistas para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Esta fue la denuncia con que se destacó en su intervención el legislador Eduardo Salas, quien votó contra el presupuesto junto al conjunto de los parlamentarios del Frente de Izquierda. La clase obrera y el pueblo explotado deben sacar las conclusiones del caso para establecer un plan de lucha y que la crisis la paguen los capitalistas.