A casi tres años de producido el motín policial del 3 y 4 de diciembre de 2013, éste volvió a ocupar el escenario político provincial. El tribunal de conducta policial decidió reincorporar a la actividad a 36 policías que estaban en situación pasiva, a los cuales se les está sustanciando un proceso judicial por su participación en los hechos de esos días.

 

El motín estuvo precedido, un par de meses antes, por el llamado “narcoescándalo” que dejó a la cúpula de la división drogas peligrosas presa. El entonces gobernador, De la Sota, decidió ceder ante ambas cosas soltándole la mano al ministro de Seguridad y al jefe de Policía cuando a través de un agente del servicio de inteligencia del Ejército (de Milani) se deschavaron los lazos de la cúpula policial con el narcotráfico. Luego abordó el levantamiento como un cuestionamiento a la continuidad de su gobierno. Llamó a una reunión a los parlamentarios nacionales y provinciales, las cámaras empresariales y la CGT regional. Y, a último momento, aceptó la exigencia de máxima de la asonada policial: un básico de ocho mil pesos y un conformado de trece mil pesos. 

 

En Prensa Obrera 1296 (5/12/13) caracterizamos que el “conflicto de la Policía de Córdoba contra el gobierno provincial ha desembocado en la peor crisis política y social desde la dictadura militar. Se suceden los saqueos y hechos delictivos a lo largo y ancho de la ciudad. Se entremezclan sectores empobrecidos con bandas organizadas. Los comerciantes se han armado en resguardo de sus establecimientos. Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos y por lo menos un muerto”.

 

Toda la crisis estuvo envuelta en los enfrentamientos entre el kirchnerismo y De la Sota y aparecían como operaciones por una lucha más amplia por el control de los negocios. Pero este hecho no pudo ocultar que la disputa se desarrollaba también al interior del aparato policial y del propio estado provincial por el manejo del narcotráfico y del delito. Luego de estos hechos ningún jefe policial pudo recomponer “el espíritu de cuerpo”, que implicaría la unidad en los negocios (algo imposible) y se sucedieron las renuncias, los carpetazos y las denuncias de la intervención de la policía en el delito; el robo de armas dentro de la propia jefatura central, etc. Un caso emblemático fue el de un jefe de la división robos y hurtos que tenía 700 llamadas cruzadas con el principal reducidor de autos de la provincia.

 

El pase a la actividad de estos 36 policías fue precedido por la liberación de los ex jefes de la división drogas ante “fallas sustanciales en el procesamiento”, la cual destapó otra interna, pero esta vez dentro de la justicia federal.

 

Todos los analistas políticos coinciden que esta decisión de volver a la actividad a los policías procesados es la prenda de cambio para evitar nuevos “cimbronazos” dentro de la policía; lo que parece inevitable a la luz de que ninguna facción ha podido afirmar su control de los negocios, a esto se suma el malestar por los salarios y las modificaciones del régimen previsional.

 

La pudrición del aparato estatal es la cara del estado capitalista en su descomposición, con sus golpes a las condiciones de vida de las masas. Junto a los reclamos contra los despidos, por el aumento salarial, en defensa de salud y educación, levantamos los del desmantelamiento del aparato represor y delictivo.