El coronavirus se propaga en la zona sur de la ciudad de Córdoba sin que la información ni los medios de prevención estén al alcance de todos. Los vecinos y trabajadores del hospital se enteran por los medios y de manera tardía de la existencia de casos positivos. Otro tanto ocurre en Barrio Comercial.

El ministro de Salud, Cardozo, responsable del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), visitó la Villa. Munido de una comitiva, que garantizó establecer frente a las cámaras la imagen de un gobierno que desarrolla medidas de higiene y seguridad, se valieron de la visita para hacer un acto de publicidad política.

Sin embargo, las organizaciones con presencia barrial recriminaron al ministro el uso político de la visita, impidiendo que sacaran fotos de los comedores barriales, entendiendo que era necesario denunciar la situación que viven en el barrio y no su utilización oportunista. Los trabajadores del hospital tampoco accedieron a la información que permitiera dimensionar la situación real del contagio en la zona.

La demora en alertar a la población tiene su correlato en presentar a Córdoba como una jurisdicción bajo control, con una estrategia óptima de manejo de la pandemia, tal como publicitan los medios nacionales. Esa propaganda es la que permite flexibilizar cada día más las actividades comerciales e industriales de la ciudad y la provincia, que ya se encuentran en un umbral próximo a la normalidad, mientras se aprovecha para profundizar un ajuste en regla sobre los trabajadores, atacando sus salarios y sus condiciones de trabajo.

Les trabajadores de la salud, por ejemplo, han percibido la primera cuota del bono mensual de $5.000 que el gobierno nacional prometiera al comienzo de la cuarentena, aplicado sólo al personal en actividad, excluyendo al numeroso universo de becarios de hospitales públicos, provinciales y municipales, quienes se exponen tanto o más que los trabajadores de planta, ya que desarrollan tareas en contexto de precarización extrema, lo que los lleva a situaciones de pluriempleo para cubrir una canasta familiar. La falta de insumos en cantidad y calidad que garanticen la protección, las condiciones de trabajo y la exposición permanente constituyen un combo altamente peligroso, tanto para les trabajadores como para les pacientes.

Para completar este cuadro, mañana martes la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba tratará la adhesión a la ley nacional 27.548, de protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud y de los trabajadores y voluntarios que cumplen actividades de servicios durante la emergencia sanitaria. El tratamiento de la norma y su posterior sanción -descontada, dado que el PJ tiene la cantidad de votos necesario para aprobarla- constituye una impostura. Puesto que el mencionado marco legal no hace una sola referencia al problema del multiempleo, ni de la insuficiencia salarial de la mayoría de trabajadores, ni tampoco del bono. Constituye una fachada para encubrir un accionar gubernamental que no cuida efectivamente a les trabajadores garantizando condiciones dignas para el ejercicio de su profesión, sino que por el contrario mantiene el ajuste y deja abierta la puerta para la persecución y el hostigamiento por los contagios.

Desde nuestra banca legislativa y junto a las asambleas barriales ligadas al Polo Obrero en Villa Libertador y Comercial acompañamos la indignación de los vecinos y exigimos al gobierno que garantice la información clara, oportuna y que permita conocer el alcance de la propagación del Covid-19 y la provisión de alimentos y kits de higiene y seguridad que permitan sostener una cuarentena sin riesgos de propagación.

Materializaremos estos reclamos acompañando este martes 16 la jornada de movilización que desarrolla el Plenario del Sindicalismo Combativo.