A días de que el gobernador Juan Schiaretti oficializara una oferta de reestructuración de deuda, la calificadora de riesgo Standard & Poor’S Global Ratings (S&P) le bajó la nota a Córdoba como emisor de deuda a largo plazo y estableció que la tendencia es negativa. La “virtual certeza de default” de la que habla la calificadora significa, en términos sencillos, que la provincia no tiene ninguna chance de afrontar los compromisos de deuda del 2021 si no procede a una renegociación.

Un adelanto de esta crisis ya se había puesto de relieve este año, cuando el Ejecutivo provincial emitió bonos (Tipa) para saldar deuda consolidada con contratistas y proveedores con un interés del 29,7 % anual.

La última actualización del Ministerio de Finanzas provincial indica que la deuda provincial rompió la barrera de los 200 mil millones de pesos (202.921 millones) -ello tomando un dólar mayorista a 72,32 pesos, que hoy se ubica en $ 75,45 y aumentará con las nuevas medidas cambiarias. Es decir, estamos ante una deuda aún mayor. Una bomba que se ha incrementado en más del 1.000 % en los últimos años. Todo esto sin contar los créditos no ejecutados, la deuda flotante y la de la Empresa Provincial de Energía (Epec) y las agencias.

El consuelo de los funcionarios oficialistas de que la provincia bajó el componente en dólares de un 95% a un 88% omite que la relación varió por el aumento de la deuda en pesos, en particular por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo que Nación le prestó a la provincia en medio de la pandemia.

La reestructuración apunta principalmente a superar el vencimiento del capital del bono PDCAR21 emitido en 2016 por 725 millones de dólares. Los otros dos que entran en la negociación con los tenedores son el PDCAR24 y el PDCAR27, por 510 millones y 450 millones, respectivamente. El vencimiento del próximo año significa $54 mil millones de pesos, un equivalente aproximado al 17% del presupuesto actual -de allí su inviabilidad.

Las condiciones

Como denunciamos desde el Partido Obrero en la Legislatura provincial cuando se presentó el proyecto de reestructuración, la negociación se hará sobre legislación extranjera. Se conoció en los últimos días que un grupo que detenta el 50% de los bonos de la provincia formó un grupo ad hoc que designó como asesor legal a White & Case LLP, un buffet de abogados con sede en New York. El buffet es conocido en la Argentina ya que representó a Blackrock y Fidelity en la renegociación de la deuda nacional. Como se ve, Schiaretti discute la deuda en los términos de los buitres internacionales que desde años rapiñan las riquezas locales.

En cuanto a la propuesta concreta, no habrá quitas, sino una extensión de plazos a dos años que busca cambiar el método de pago (bullet: todo en la fecha de vencimiento) por una amortización anual del 20%. En cuanto a la reducción de intereses, se presenta la farsa de reducir el 1% sobre una usura en dólares que en la mayoría de los casos supera el 7%.

Como se ve, la vara para los especuladores internacionales es muy diferente a la que se establece sobre los trabajadores y jubilados. La misma S&P reconoce en su informe que la provincia durante el 2020 garantizó los vencimientos de deuda recortando jubilaciones y desenganchando los salarios de la inflación. Advierte, eso sí, que esos recortes no alcanzan para lo que se viene.

Un redoblado ataque en regla sobre los sectores populares es la carta que mostrará Schiaretti para cerrar el acuerdo con los bonistas. La letra chica de la ley de reestructuración pone como garantía de las operaciones la coparticipación federal de impuestos en los montos que correspondan a la Provincia o instrumentar la cesión de recursos propios -es decir, la entrega de la propia recaudación.

Rechazamos la deuda externa usuraria de Córdoba que se desarrolló en beneficio del capital financiero, de grandes capitalistas de la obra pública y de los sojeros. Advertimos que esta orientación de entrega chocará necesariamente con las luchas salariales que empiezan a discutirse en toda la provincia, con las luchas de las y los jubilados contra la ley 10.694, la movilización de los y las trabajadores de la salud contra el vaciamiento en los peores momentos de la pandemia y la movilización de miles y miles por el derecho a la vivienda. Se trata, como se ve, de una lucha de fondo. Plata para educación, salud, vivienda, no para la deuda.