La crisis que se ha desatado al interior de la Comisión Provincial por la Memoria ha sacado a la luz las vinculaciones que existen entre los organismos de derechos humanos y el régimen político que niega estos derechos todos los días.

La disputa comenzó con la renuncia de Estela de Carlotto a la presidencia de dicha comisión, argumentando el mal manejo de los fondos, el pago de onerosos sueldos a personal técnico, la falsificación de su firma para el uso de la cuenta bancaria y otras cosas por el estilo. Asimismo, dijo que la Comisión había dejado de lado, como tarea prioritaria, la informatización de los archivos de la Policía bonaerense del período de la dictadura militar.

Contra Carlotto se levantaron Pérez Ezquivel, Horacio Verbitsky y la mayoría de los miembros de la Comisión. El manejo de los fondos, dicen, es una excusa de Carlotto, pues los movimientos bancarios se hicieron con su firma y los sueldos altos eran y son lo que cobran sus hijos.

La mayoría de la Comisión sostiene que Carlotto quiere convertir a la Comisión en una biblioteca y dejar de lado las funciones básicas de un organismo de derechos humanos.

La mano de Solá

En todo esto juega un papel relevante el gobernador Solá, que ha nombrado al hijo de Carlotto como secretario de Derechos Humanos de la provincia, luego de expulsar del cargo a Leonardo Franco, que había denunciado la medida por la cual Solá acaba de otorgar a la Policía la posibilidad de allanar viviendas sin orden judicial.

El ascenso del hijo de la Carlotto está vinculado a la cooptación de una de las mujeres más premiadas de la Argentina; los miembros de la Comisión acusan a Carlotto de actuar como correa de transmisión de Solá y de Duhalde.

La mano de Kirchner

La crisis de la Comisión se desata en momentos de una fuerte disputa entre el gobierno nacional de Kirchner y el de Buenos Aires de Solá, de un lado; y la patota de Duhalde, del otro, que llevó a la renuncia de Alvarez a la Secretaría de Seguridad.

Mientras Carlotto y su familia apoyan a Solá y a Duhalde, la Comisión fue a la Casa Rosada a denunciar que Solá quería quitarle autonomía y recortarle el presupuesto. En este sector mayoritario no sólo militan los Verbitsky y Pérez Esquivel, sino también el ex comunista y ahora kirchnerista Eduardo Sigal y el dirigente del PC-IU Víctor Mendibil (ver La Nación, 3/12).

Lo que dividió a la famosa Comisión Provincial por la Memoria son los enfrentamientos que dividen a la patota gubernamental.