Políticas

27/12/2015|1395

Corte Suprema: lo que está en disputa


A días del nombramiento de dos juristas a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), con la declarada intención de hacerlos entrar en funciones de inmediato, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y propuso una hipotética jura en febrero. El tema de fondo es la mayoría parlamentaria que Macri no posee en el Senado y que está buscando afanosamente por dos vías: la negociación con los gobernadores y la expectativa de romper la mayoría, hoy en manos del Frente para la Victoria y el peronismo en la llamada Cámara alta.


La reunión con el Interbloque Federal (una minoría en el Senado) con la que Macri buscó apoyo para sus candidatos a la Corte terminó en un impasse. El gobierno planteó que el PE no convocará a sesiones extraordinarias para éste u otros temas porque sería abrir “una caja de Pandora” y los senadores propusieron convocarlas en enero sobre la base de un compromiso político previo, que hoy no existe.


El Senado tiene 72 miembros, y el bloque del Frente para la Victoria y el peronismo reúnen 41. La coalición en el gobierno no reúne número siquiera para formar quórum (37), mucho menos las dos terceras partes (48) que exige la Constitución para validar el nombramiento de los jueces de la Corte. Para hacerla corta: Macri no puede aprobar no ya la designación de los jueces, sino cualquier ley que no tenga el acuerdo del peronismo y esto supone lograr un acuerdo o fracturar su bloque hegemónico.


Para peor…


La jueza de la Corte Highton de Nolasco habría comunicado a sus otros dos miembros -Lorenzetti y Maqueda- que no asistiría a jura alguna de jueces que no hayan sido validados por el Senado. Llovido sobre mojado, la crisis ha partido en dos los restos de la Corte Suprema que están actuando al día de hoy. La existencia de una Corte de tres es, por otra parte, un escenario impredecible para Macri, desde el momento que si en su seno no se obtiene una votación unánime se debe recurrir a conjueces, el método que se le impugnó a CFK.


Todo indicaría que la decisión del nuevo presidente fue adoptada como un acto de fuerza para obligar a una negociación con los gobernadores o alas del peronismo y, secundariamente, disciplinar a la Justicia en su favor. Finalmente, el DNU que abrió la crisis se produjo a días del fallo que dispuso el reembolso a varias provincias del 15% de fondos coparticipables reservados a la Anses, una acción atribuida a una pulseada de la corporación judicial en función de futuros nombramientos.


Por qué no hablar del pasado


La lucha por el control de la Corte y de la corporación judicial encubre una crisis política de fondo, que conduce a la negociación con el Congreso y a los gobernadores, buscando fracturar las mayorías actuales.


Sobre la importancia de lo que está en debate, habla la historia. Finalmente, con sus matices, tanto Alfonsín como De la Rúa se estrellaron contra la ausencia de una mayoría propia en el Congreso y fueron derrotados en batallas estratégicas que averiaron políticamente, y de qué modo, a sus gobiernos (Alfonsín perdió la votación de la Ley Mucci, de reforma de los sindicatos, en el Senado; y De la Rúa “ganó” la votación de la ley de flexibilización laboral en el Senado con la Banelco).


Los éticos


El paso atrás del gobierno en la cuestión de la Corte Suprema le permitió concentrarse en la andanada de DNU que impusieron la eliminación y baja de las retenciones, la devaluación, el pacto con la banca y que forman parte de la agenda que comparte toda la clase capitalista.


Esta agenda no ha interrumpido sino agudizado la disputa en torno de la Justicia, porque su resolución va mucho más allá del destino de la Corte y plantea la disputa por el liderazgo en la reorganización estatal. El gobierno, en esta puja, buscará un pacto con los gobernadores, ofreciendo el rescate financiero a provincias quebradas a cambio de una mayoría silenciosa. Para lubricar ese pacto ha propuesto para la Corte un candidato peronista y otro radical, el uno responsable político junto a Reutemann de las inundaciones que provocaron 23 muertes en Santa Fe; el otro agente del gran capital, aunque hayan sido presentados como inobjetables.


Es decir, los “éticos” gobernarán con los métodos de CFK.