La Corte Suprema volvió a fallar contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones que favorecía a una trabajadora accidentada -y luego despedida-, a la cual el juez de primera instancia le había fijado una indemnización ínfima, de algo más de $10.000, con el argumento de que la lesión sufrida era mínima. En la revisión de segunda instancia le habían concedido, con la sumatoria de intereses, más de $4 millones.

 

El fallo de la Corte, que rechaza esta revisión, es otro eslabón de una política muy activa llevada adelante por este tribunal en los últimos meses, en lo que se refiere a juicios vinculados con los accidentes de trabajo y a otros casos del fuero laboral, la que ha sido apoyada calurosamente por el gobierno y los empresarios del sector.

 

Y se vincula con la ofensiva oficial contra los jueces del fuero laboral que han fallado a favor de los reclamos de obreros. El gobierno llegó a plantear el desafuero de esos magistrados, con el objetivo de “disciplinar” al fuero en una política antiobrera.

 

La Corte ha intervenido y fallado en varios casos similares en poco tiempo, a un ritmo desconocido en el pasado, como lo destacan hasta los medios afines al gobierno.

 

Como estas definiciones del tribunal se aplican solo a cada caso analizado, la política de la Corte consiste en sumar fallos negativos a las demandas de los trabajadores, para abonar la idea de que ningún reclamo que les llegue tendrá una sentencia positiva para el demandante.

 

Al informar sobre la decisión del tribunal, el Centro de Información Judicial (CIJ) destacó, para que no queden dudas de la orientación, que la Corte ya había revocado meses atrás un fallo similar firmado por los dos mismos camaristas que intervinieron en este caso.

 

Esta ultra-actividad de la Corte contra los reclamos obreros respecto de los montos que pagan las ART tiene el claro objetivo de reforzar la política oficial de imponer, sin dejar resquicio para el reclamo, las miserables indemnizaciones establecidas por la ley de accidentes del trabajo y, más en general, golpear contra los reclamos de los trabajadores por causas laborales. La ley de ART fue reformada en febrero pasado y se le incluyeron cláusulas que limitan al mínimo las indemnizaciones por accidentes, aun los más graves.

 

 

Con alegría indisimulada, la presidenta de la cámara que agrupa a las ART, Mara Bettiol, destacó esta semana que, en agosto pasado bajaron 24% la cantidad de demandas por accidentes del trabajo respecto del mismo mes del 2016 y que, en la Ciudad de Buenos Aires, de marzo a agosto últimos, la caída fue del 35 por ciento.

 

Aclara que esto se debe a que se “utiliza el procedimiento de la nueva Ley”, que recorta compensaciones y hace mucho más complejos los mecanismos para llevar adelante un juicio.

 

La directiva, en un claro planteo dirigido a los magistrados de todas las instancias, indicó que, “para cerrar este círculo de manera virtuosa, es imprescindible que la Justicia acompañe con sus fallos las previsiones de la nueva Ley”.

 

Hace poco menos de un mes, la Corte estableció que el juez no puede fijar un valor más alto como indemnización que el establecido por ley. El gobierno, las ART y los sectores empresarios manifestaron un fuerte apoyo a esta decisión que revocaba un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que fijó indemnizaciones por encima de los montos miserables que establece el sistema de riesgos del trabajo.

 

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, planteó, al respecto, que “el fallo demuestra que seguimos discutiendo la seguridad jurídica de las empresas y no el derecho de los trabajadores a no morirse en el trabajo”.

 

La Corte se ha colocado abiertamente en el camino de sostener la política antiobrera del gobierno, que prepara una nueva ofensiva para tratar de liquidar conquistas históricas de los trabajadores con la implementación de la reforma laboral y la previsional.

 

La burocracia sindical de todos los colores avala esta política oficial. El clasismo y el Frente de Izquierda son los que han planteado la única oposición real a esta ofensiva.

 

El próximo 12 de octubre marchamos contra el ajuste y las reformas laboral y previsional y contra los despidos y suspensiones y por la recuperación de los sindicatos para los trabajadores.