Los cortes e intermitencias del servicio eléctrico en Avellaneda y otros distritos se incrementan de forma acelerada.

Los gobiernos que han sido cómplices del vaciamiento energético se han visto obligados a desmarcarse en sus discursos de las empresas concesionarias. Pocos días atrás, el intendente ultra K de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó su preocupación por las intensas suspensiones. También hubo un encuentro de jefes comunales en las oficinas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde se realizaron cuestionamientos a Edesur.

Declaraciones que se transforman en papel mojado, tomando en cuenta que en los últimos cuatro años se incrementaron en un 3200% las tarifas eléctricas, provocando destrozos en los bolsillos de vecinos y trabajadores, sin ningún tipo de contención ni freno, por parte del municipio. Al contrario, aumentaron el impuesto municipal (TSG), un granito de arena “Nac&Pop” al trarifazo a pedido del FMI.

Pese a esto, los cortes de luz se multiplican (en cantidad de usuarios y extensión de tiempo). Que se desarrollen en plena etapa invernal da por tierra la justificación de cortes por alta temperaturas.

Hoy, a la pandemia, que golpea fuerte en Avellaneda, se le suman los cortes y fuertes desniveles en la potencia eléctrica, poniendo en riesgo los bienes y la propia salud de vecinos y trabajadores. Se puede observar claramente en las villas y asentamientos donde la conexión es altamente precaria, provocando de forma constante principios de incendio en casillas por electrocución.

“Acá en el barrio los cables tienen muchos años, nunca vienen para hacer reparaciones. Si se quema el fusible subimos nosotros a cambiarlo. Yo tengo 45 años, y la cosa fue así siempre”, nos relata Carlos, habitante de Villa Tranquila. Quien, consultado por cómo enfrentan el frío las más de 2100 familias, nos responde que “nos calentamos con resistencias y caloventores, eso sí, no más de uno por casa porque si no salta todo los aires”. Declaraciones que se repiten en barriadas como Villa Inflamable, Corina, Azul e Isla Maciel, donde las redes de luz, agua potable, cloacas, gas, pluviales y asfalto son una deuda pendiente, precarizando día a día sus condiciones mínimas de vida.

El abandono de persona, consecuencia del vaciamiento por parte de Edesur, y validado por los gobiernos de turno (sin distinción de color político), no termina con los cortes. Pese a aprobarse en 2017 la ley 27.351, que protege a las personas electrodependientes, es incumplida por las privatizadas, cobrándose la vida de un niño en Lomas de Zamora. La ordenanza define la conformación de un registro nacional, al cual todo usuario dependiente del servicio eléctrico para su salud, debe empadronarse y no abonaría entonces las tarifas. Dicho registro es menester del ENRE, pero no existe por parte del Estado ningún tipo de publicidad. Cuando se le informa sobre la ley a Carlos, nos responde: “muy buena la data que me estás pasando, porque tenemos vecinos con asma, viven pegados al nebulizador. Se los voy a trasladar. El municipio, si no es campaña electoral, no existe en Tranquila”.

Queda al desnudo un régimen político que financia y protege a las privatizadas, poniendo en juego las vidas. Los cortes y precarias condiciones del servicio eléctrico son el resultado de los negociados, del abandono privado y estatal. Las preocupaciones de “nacionales y populares” son espejitos de colores, parte del show, con el fin de que la crisis la sigan pagando los trabajadores.

Convocamos a los vecinos y trabajadores de Avellaneda a organizarse en asambleas barriales por el derecho a un servicio eléctrico seguro y estable. Estatización de Edesur, bajo control obrero. Basta de tarifazos. Por un plan de obras de infraestructura en todas las barriadas, a cargo del Estado y controladas por comisiones, integradas por sus habitantes.

No al pago de la deuda.

Que la crisis la paguen los capitalistas.