El jueves por la tarde, vecinos y el grupo “mujeres organizadas” de Rosario de Lerma, convocaron a una marcha para pedir justicia por Juan Carlos García y demás víctimas del cura Lamas. Participó una delegación del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero.

En la movilización, JCG pudo declarar ante los medios provinciales que está escuchando y recibiendo el testimonio de muchas víctimas que aún no se animan a denunciar, e hizo un llamado a romper con el silencio y la resignación que propone la Iglesia.

La denuncia pública del abuso sexual que sufrió Juan Carlos García cuando era un adolescente por parte del sacerdote Emilio Lamas ha conmocionado a la provincia. La primera consecuencia fue la incorporación del testimonio de Carla, otra víctima de Lamas, que fue violada en la casa parroquial de Rosario de Lerma cuando tenía sólo 11 años. El lunes, el arzobispado sacó un comunicado en donde afirmaba que estaban “en desarrollo” todos los procedimientos del juicio canónico. La respuesta contundente de García expuso que la iglesia había sostenido un brutal silencio durante más de 24 años y que por lo menos dos monjas y un sacerdote, además del Obispo salteño, habían recibido la denuncia al poco tiempo de ocurrido el hecho y lo encubrieron alevosamente.

Este miércoles, llegó desde el Vaticano un fallo del tribunal “ad hoc” donde confirma que el cura es responsable de las violaciones y resuelve despojarlo de su estado clerical (pena máxima dentro de este procedimiento). La iglesia pide “perdón por el daño causado” y  agradece a “todos los que se animaron a llevar la denuncia a sede judicial”. El cinismo no puede ser mayor: cuando las victimas van a declarar al tribunal eclesiástico deben jurar mantener secreto hasta el fin de los días (es decir, que se comprometen a no recurrir a la justicia ordinaria…). Con este fallo, la Iglesia pretende echar lastre y establecer un punto final que evite una investigación regla sobre el violador, pero sobre todo de sus encubridores, que hasta llegaron a proponer dinero por silencio a JCG. Finalmente, después de un año y 4 meses de realizada la denuncia, la justicia penal citó a la víctima a declarar.

“Se va a citar a declarar a los sacerdotes Loyola y Pezet, en tanto que el arzobispo Carnegllo, declarará con un tratamiento especial, ya que por ser un alto dignatario de la Iglesia puede declarar en su domicilio o respondiendo por escrito un pliego de preguntas”, comentó el abogado del Partido Obrero Luis Segovia, representante de la víctima.

Seguiremos impulsando la movilización para que vayan presos todos los curas abusadores y sus encubridores y  se desarme todo el dispositivo de silencio e impunidad que hace que sistemáticamente se produzcan estos casos en la Iglesia. Separar la Iglesia del Estado es condición imprescindible para terminar con toda esta impunidad.