El 14 de mayo, una protesta de trabajadores evacuados, convocada por la Asamblea de Inundados junto al Comité de Solidaridad que integran los organismos de derechos humanos y la Multisectorial, se movilizó a la casa de gobierno de Santa Fe para emplazar a Reutemann con sus reclamos. Se sumaron organizaciones de lucha de los trabajadores, entre las que se encontraba el Polo Obrero. Allí se entregó un pliego reivindicativo, que tenía como uno de sus principales puntos ladesmilitarización de la provincia. Se rechaza el traslado de los evacuados a los campos de refugiados que pretende armar el gobierno, y se exige el listado real de víctimas y desaparecidos, la indemnización inmediata por los daños y las vidas, el subsidio de emergencia para los desocupados, la indemnización total a los damnificados en sus bienes materiales y morales; se rechaza la evacuación de las escuelas, de las casas ocupadas y de otros centros en los que se encuentran los inundados; se exige declarar la emergencia laboral y prohibir cualquier tipo de despidos, el control absoluto de la recepción y de la distribución de las provisiones recibidas por parte de los inundados, y colocar la reconstrucción de Santa Fe en manos de los trabajadores, por medio de un plan de viviendas solventado por el Estado y la reconstrucción de barrios e instituciones barridas por la inundación en sus lugares originales. La marcha terminó en un acto presidido por la consigna “Fuera Alvarez, Fuera Reutemann”.

El 21 de mayo, otra movilización, de más de 2.500 trabajadores, recorrió la ciudad y culminó nuevamente en la casa de gobierno.

La responsabilidad de Reutemann en la catástrofe y la impotencia de su gobierno “enrarece el clima político” (La Nación, 21/5). Desde la tribuna se volvió a exigir que Alvarez y Reutemann se vayan. Los “conflictos sociales que llegan tras el agua” son la expresión descarnada del agotamiento del gobierno de Reutemann frente a la población santafesina. Es la evidencia de que se “produjo un quiebre en el sentimiento de seguridad, lo que se traduce en una sensación de inseguridad, de indefensión profunda, ante una violación a su persona, a su familia, a su rol social, a su vivienda, a su vida” (ídem, 22/5).

La ineptitud y el desinterés del gobierno patronal para resolver las consecuencias de la catástrofe de la que es responsable profundiza el abismo entre los trabajadores y el Estado.