En una entrevista realizada por Radio Continental, Alberto Fernández volvió a referirse a los créditos UVA para definirlos como un asunto “entre particulares”, ya que los deudores “aceptaron una cláusula de ajuste” por inflación. Así fundamentó la resolución oficial de sostener este sistema crediticio confiscatorio, y que las cuotas y el capital adeudado sigan corriendo mensualmente al ritmo de la inflación.

En el reportaje, Fernández ponderó la medida adoptada por el macrismo -tras la corrida que siguió a su derrota en las Paso-  que había congelado las cuotas entre agosto 2019 y enero de este año. Las cuotas se mantenían fijas, pero mientras tanto acumulaban el aumento de las unidades por el índice de inflación. En total, la diferencia habría sido de unos 600 millones de pesos, que fueron pagados por el Estado utilizando fondos del fideicomiso Procrear. Es decir, el gobierno salió al rescate de los bancos a costa de presupuesto para políticas habitacionales.

Luego, consideró suficiente el acuerdo que firmó el Banco Central con las entidades financieras para prorratear la actualización pendiente de las cuotas a lo largo del año. De esta manera, se jactó, evitan que salten desde este mes un 26% por el fin del congelamiento. El incremento de las cuotas mensuales será de todas formas un golpazo para las familias hipotecadas, porque ya en febrero será de entre el 5 y el 6% por la inflación pasada, y mes a mes se sumará además del atraso acumulado la presión de la inflación en curso.

Finalmente, el presidente llamó a los deudores UVA a “reflexionar” y protestar menos, en alusión a las movilizaciones que protagonizaron las últimas semanas agrupaciones y asambleas autoconvocadas de los deudores en distintos puntos del país.

Desde el Colectivo Nacional Hipotecados UVA recogieron el guante y retrucaron que “hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados son una estafa”. Mediante un comunicado, señalaron que “a lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual”. En base a ello se consideraron defraudados por el gobierno.

En el mismo texto recordaron también que “estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda” y que “con el tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda”, por lo cual “el Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello”. Y finaliza reclamando que termine “con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: ‘entre los bancos y la gente, me quedo con la gente’”.

Federico Wahlberg, de la agrupación Hipotecados UVA, describió que “alguien que destinaba el 25% de sus ingresos a la cuota, hoy destina el 40%” porque “la cuota era de $15.000 y hoy está en $ 30.000”, y que “alguien que sacó hace dos años un crédito de 2 millones, hoy debe 4 millones de pesos” después de haber pagado “cuotas por $500.000” (Tiempo Argentino, 29/12).

Otra integrante de esa agrupación, Paola Gutiérrez, agregó: “no somos empresarios que compraron para ganar plata, es nuestra casa. La mayoría somos personas que no entramos en otro tipo de planes; somos empleados estatales, docentes, que tuvimos las paritarias más bajas del país” (ídem).

El rescate de estos créditos confiscatorios que padecen 105.000 personas echa luz sobre las prioridades de gobierno. Si la meta principal es llegar a un acuerdo con el FMI y los bonistas, las expectativas populares en cortar con el ajuste se verán igual de defraudadas que los hipotecados UVA.