Tres semanas después de la masacre en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero, ni siquiera se sabe exactamente cuántos reclusos fueron asesinados allí el domingo 4 de noviembre.

En principio, la gobernación sostuvo que los muertos eran 31, pero la fiscalía general hablaba de 33. La cuestión derivó en escándalo cuando días después falleció en el hospital otro de los heridos, Ramón Ariel Gutiérrez, porque ese hombre no estaba en la lista de internados. Por eso, la defensora ante la Cámara de Apelaciones, Carmen Morán, dijo: “Apareció no se sabe de dónde, me temo que pueda haber más sin que se conozca” (Página/12, 7/11).

El gobernador Gerardo Zamora se limitó a poner en duda la “historia oficial” –intento de fuga– y a relevar al director del Servicio Penitenciario provincial, Rodolfo Camaño. En su lugar nombrará un comité provisorio integrado por “miembros selectos” del Servicio Penitenciario Federal, un organismo sospechado de cometer las peores atrocidades en distintas prisiones del país. De Guatemala a guatepeor…

Sin embargo, las cosas no encontraron en ese punto su límite más extremo: el jefe de esa comisión será Hugo Sbardella, del SPF, denunciado y procesado por torturar a un preso, lo cual le impidió ser designado jefe del penal de Devoto debido a las denuncias públicas, aunque no lo privó de verse ascendido a titular de la Región Noroeste del Servicio.

Esa comisión podrá ejercer su poder dictatorialmente en todas las unidades carcelarias de Santiago del Estero porque allí ni siquiera hay jueces de ejecución penal.

Organismos de derechos civiles calculan en unos 200 los presos que mueren violentamente cada año. No hay personal penitenciario juzgado o condenado por esa masacre sistemática.