El Cacique, la empresa mendocina de transporte que opera 10 líneas de colectivos en Rosario (Santa Fe), envió al Concejo Deliberante de la ciudad una extensa carta en la cual declara que se encuentra en default. Esto quiere decir que técnicamente se encuentran en cesación de pagos y por tanto no van a afrontar sus compromisos económicos. A partir de ello, plantean como salida un plan de ajuste sobre los trabajadores y sobre el servicio, reclaman un aumento del boleto y más dinero en subsidios. De lo contrario, declararán nulo el contrato de licitación con el municipio. Dan como plazo límite para sus exigencias el 31 de octubre.

Tras esta presentación por parte de El Cacique, ya se rumorea entre los trabajadores que la otra empresa a cargo de otra gran parte del servicio, Rosario Bus, también tendría intenciones de desprenderse de la mayoría de sus líneas y solo retener aquellas que les son rentables.

Mientras tanto, tras una nueva tanda de huelga de los trabajadores del transporte que duró 18 días –que en total llevan casi tres meses de paro-, estos recibieron el pago de la mayoría de lo adeudado. La semana que viene nuevamente hay un compromiso fijado por el gobierno nacional para enviar la partida del subsidio para seguir pagando salarios, pero no hay garantías de que se concrete.

La extorsión de una empresa parasitaria

La carta enviada por El Cacique es una verdadera extorsión de este grupo capitalista parásito, que controla el 22% de las líneas de transporte de pasajeros. Porque luego de detallar en el informe que recibieron sistemáticamente parte de los 225 millones de pesos mensuales por parte de los Estados municipal, provincial y nacional en materia de subsidios, confiesan que le deben dinero a medio mundo.

El Cacique reclama un “Fondo Extraordinario” por parte del municipio que no esté sujeto a ninguna variación, es decir, un incremento sustancial de los subsidios sin ninguna variable que los modifique, llámese cantidad de pasajeros o inflación. El eje del reclamo es que se modifiquen las condiciones de la concesión, para que sus ingresos pasen a ser “por kilómetro recorrido” y no por número de pasajeros.

Según ellos, adeudan 5 millones de pesos a Mercedes Benz, 38 millones (que solo representan algunas cuotas de la deuda) a la empresa MSM Leasing Colservice, 43 millones al Banco Municipal de Rosario, 10 millones al Banco Macro. Esto, sin contar la deuda de 120 millones en aportes y contribuciones de seguridad social, más 14 millones en obras sociales y al sindicato. Vale aclarar que parece “que se les olvidó” que también les deben a los trabajadores choferes y de los galpones, ya que en todos estos meses el pago de salario tras la huelga fue mayormente a base de préstamos del Banco Municipal y adelantos de subsidios estatales.

La pregunta evidente es ¿adónde fueron a parar los miles de millones de pesos en subsidios recibidos durante los casi dos años que tienen la licitación a su cargo?

Esta empresa, al igual que Rosario Bus y tantas otras en el resto del país, son cáscaras vacías de contenido. Son grupos parásitos que toman créditos para comprar unidades de transporte y contratar infraestructura, reciben subsidios millonarios durante años (los cuales incluyen dinero, combustible o repuestos), se embolsan ganancias millonarias y cuando el negocio deja de ser rentable -como es el caso actual, producto del agravamiento de la crisis por la pandemia y el derrumbe económico del país- se “toman el palo”. A su paso, destruyen el servicio y dejan familias obreras en la calle.

Como la hipocresía y el cinismo no tienen límite, en la carta El Cacique plantea que se llegó a esta situación porque no pudieron despedir y suspender trabajadores a su antojo y porque no se aumentó el valor del boleto. Sobre el final de la carta enviada al Concejo Deliberante, los extorsionadores plantean sus condiciones para no dejar caer la licitación: proponen que el municipio reduzca la oferta de transporte, sin que eso signifique una “distorsión del equilibrio económico de la empresa”. En criollo, reclaman que el municipio elimine líneas de colectivo y por lo tanto se permitan los despidos, suspensiones o ajuste salarial. Demás está aclarar que una reducción o liquidación de líneas sería un golpe brutal a la conexión de la ciudad, en particular contra la población de los barrios más periféricos.

Frente Progresista, PJ, PRO… siguen a los malos. Ciudad Futura, también

El Intendente del Frente Progresista, Pablo Javkin, viene manteniendo una actitud pasiva frente a la crisis del transporte, con declaraciones que buscan evadir su responsabilidad. No quiere confrontar con las empresas privatizadas del sector ni piensa avanzar en medidas que sirvan para capturar recursos que pongan a andar el servicio. La política de los “progresistas” ha sido apelar a los reiterados boletazos, que llevaron al pasaje de Rosario a ser uno de los más caros del país. No pudiendo echar mano de este recurso, por la caída de pasajeros y porque el municipio instrumentó el paro para evitar la circulación de personas, hacen mutis por el foro.

El reclamo de mayores subsidios y la crítica al gobierno nacional, que es el que debe hacer los giros del Aporte del Tesoro Nacional para sostener los subsidios, corrió por cuenta del PRO que forma parte del Ente Regulador del Transporte. El macrismo propone declarar la “emergencia” en el transporte para aceptar las exigencias de El Cacique y proceder a un plan de ajuste y seguir desembolsando subsidios para las mismas empresas.

Por su parte el PJ, con Eduardo Toniolli a la cabeza, presentó un proyecto para que haya un mayor control sobre las empresas. Proponen un informe anual para verificar si recorrieron los kilómetros que deberían haber recorrido, falta de limpieza, falta de frecuencia o de unidades. Ni una palabra de controlar las ganancias empresariales. Un planteo que busca eludir la cuestión de fondo, que es la estatización del servicio, posición con la que coquetearon pero de la cual retrocedieron, como sucedió con la no intervención y lo no expropiación de Vicentin.

El bloque de Ciudad Futura viene planteando un impuesto extraordinario a las grandes riquezas, cuya forma concreta se desconoce, pero que también supone ceder a estas extorsiones patronales. Porque capturar parte de las ganancias de las cerealeras para subsidiar los beneficios de los pulpos del transporte, es poner al Estado como vehículo de la distribución de la plusvalía entre los capitalistas. Una política de redistribución de la riqueza pero entre los capitalistas. Una adaptación de fondo al régimen parasitario de las privatizadas del transporte.

Más que nunca: estatización sin pago del transporte

La crisis del transporte en la ciudad de Rosario solamente tiene una salida si se corta el chorro a estas empresas extorsionadoras y ajustadoras -algo que todo el arco político de la ciudad esquiva a como dé lugar. No corresponde acatar ninguna de las medidas ajustadoras que reclama El Cacique para quedarse. Solo con la expulsión de estas empresas se podrá determinar los verdaderos costos del servicio, para establecer un boleto accesible a la población trabajadora y garantizar el servicio.

Se impone la estatización del conjunto del servicio, bajo el control de los propios trabajadores de la rama, sin pagar un solo peso más a estos desfalcadores del dinero público. La estatización del servicio tiene que respetar la antigüedad de los trabajadores, sus salarios, premios y condiciones laborales.

Más que informes anuales sobre el respeto de frecuencias o la limpieza de las unidades, se tiene que pasar urgentemente a una apertura de los libros contables de estas empresas bajo control obrero o de sus representantes electos, y seguir la ruta de los subsidios que se devoraron.

Un plan integral del transporte público en la ciudad de Rosario tiene que ser financiado con un impuesto extraordinario a los grandes grupos capitalistas que operan en la ciudad, y que se valen de los trabajadores que se trasladan en colectivo para obtener sus ganancias.