27/09/2016

Crisis industrial, vetos de Vidal y conflictos en fábricas recuperadas


Se han replanteado una serie de conflictos en las fábricas recuperadas, generadas por la continuidad de la crisis industrial y los vaciamientos patronales, y al mismo tiempo teniendo que lidiar con la represión y la negativa cerrada a reconocer las recuperadas del gobierno de Cambiemos y el carácter precario y hasta fraudulento de las recuperadas impulsado desde el estado bajo el kirchnerismo. 


 


Vetos y palos de Vidal


 


Una de las primeras medidas de Vidal como gobernadoras fue el veto a la expropiación de Petinari votada el año en el 2015. Los trabajadores de la empresa habían sido despedidos en masa como parte de una maniobra para cambiar de razón social, en el marco de la cual la empresa acumuló 50 millones de peso de deuda con los obreros. Pretendían limpiar un plantel que había protagonizado conflictos contra despidos arbitrarios. Los obreros enfrentaron los despidos, impidieron que se los desaloje y que se retiraran las máquinas y conformaron la cooperativa Acoplados del Oeste.  El veto de Vidal expresa la impugnación a toda la línea de fábricas recuperadas y el entusiasmo expreso en el gobierno por el “modelo” de Cresta Roja para resolver conflicto de vaciamiento donde, represión mediante, los trabajadores renunciaron a puestos de trabajo, salarios y estabilidad laboral como condición gestionada por los funcionarios de gobierno al ingreso de nuevos inversores.


 


Esto va en línea con numerosos procesos de vaciamiento en la provincia, como Germaiz, Tecplata, Cinpal de Tandil, donde el gobierno provincial ha gestionado la continuidad de los grupos patronales luego de largos meses de incumplimiento de salarios aprovechando el apriete para rediscutir otros beneficios con el estado. Los trabajadores pierden los salarios caídos y son usados como ficha de negociación para maniobras de los vaciadores.


 


El clima de ofensiva se mantuvo con el desalojo y represión a los trabajadores de la cooperativa metalúrgica RB de Martínez, desalojada a pesar de tener una ley de expropiación vigente que favorecía a los trabajadores. Ambas situaciones terminaron en un compromiso en la Legislatura, donde se votaron proyectos que suspenden por 90 días toda acción judicial en el marco de la empresa. O sea impiden nuevos desalojos en RB y Petinari, sin resolver la cuestión de fondo.


 


Qué saldo dejó la política de cooperativas de Scioli y los K


 


La crisis actual en las recuperadas no se limita a la situación descripta. Las cooperativas han sido golpeadas duramente por el tarifazo, junto a los efectos más generales de la recesión industrial. Esto ha colocado a muchas muy lejos del salario de convenio en términos de retiros, y varias recuperadas dicen que podrían tener que cerrar sus puertas. Sin embargo no ha predominado una lucha frente al Estado para garantizar la continuidad laboral, salvo una marcha aislada contra los tarifazos. Estamos ante la demostración del fracaso de las expropiaciones de la etapa kirchnerista. Estas expropiaciones han impedido temporalmente los desalojos, pero largando a cada grupo de trabajadores a su suerte, a merced del mercado de créditos, de la subordinación a los grandes grupos económicos de cada rubro y obligados a pagos onerosos en las quiebras. Las propias expropiaciones, en la medida en que no han sido ejecutadas por los sucesivos gobiernos de Solá y Scioli no han pasado de ser tenencias precarias, que deben ser renovadas con nuevas leyes cada 5 años o se caen.


 


A pesar de la propaganda estatal y paraestatal sobre las recuperadas y la autogestión, no ha habido plan económico alguno desde el estado para sostener la capacidad industrial de las empresas quebradas. Las orientaciones de autogestión y cooperativismo, de tatar de salvar a cada recuperada como emprendimiento económico capitalista viable, y no como parte de la lucha más general del movimiento obrero han hecho escuela, aislando y dejando entregados a los trabajadores a condiciones de explotación que en algunos casos son peores que en la industria privada.


 


Vamos por la expropiación de Donnelley


 


El caso de Donnelley es uno de las fábricas que enfrentan una dura crisis y situaciones de penuria. Los trabajadores están pudiendo hacer retiros mensuales de entre 5 mil y 6 mil pesos, lejos del convenio gráfico. Muchos se ausentan de la empresa para hacer changas complementarias. La falta de una expropiación legal, que fue votada en el 2014 en la cámara de diputados bonaerenses pero cajoneada en el senado hasta que perdiera estado parlamentario, les permite a los clientes empresarios extorsionarlos por la supuesta falta de previsibilidad e imponer precios más baratos. Embistiendo contra los trabajadores en este momento complejo, el juzgado a cargo de la quiebra ha decidido no renovar el contrato de alquiler que los obreros venían pagando por el uso de la planta. Hoy en día desde la banca del Frente de Izquierda estamos peleando nuevamente para que se vote la Ley de expropiación en diputados. Mientras tanto, la otra cooperativa gráfica formada en la tanda de vaciamientos del 2014, WorldColor entregó su planta a cambio del pago en maquinaria a un sector de trabajadores y el alquiler de un galpón para montar una cooperativa. 


 


Revueltas contra los burócratas kirchneristas de las recuperadas


 


Otra cara de la crisis de las recuperadas se expresa en los frigoríficos Incob y Sadowa, de Bahía Blanca y Mar del Plata respectivamente. En ambas, los presidentes de las cooperativas, fuertemente ligados funcionarios kirchneristas, se erigieron en verdaderos patrones de las empresas, haciendo jugosos negocios con los subsidios estatales arbitrarios, desviando fondos de las cooperativas y aportes de los trabajadores y separando a quienes los cuestionaran. Sólo han podido hacer esto porque los funcionarios de nación y provincia de diversas áreas los ampararon bajo el gobierno K. 


 


En Sadowa siguen trabajando 25 obreros al mando del puntero Carlos Vega y hay un movimiento de obreros despedidos que nuclean a 35 trabajadores despedidos de la cooperativa. Estos se movilizan reclamando trabajo y rechazan que se le renueve la expropiación a la cooperativa que el Inaes reconoce y que los ha despedido a ellos. Otra situación es la de Incob. Allí el año pasado los trabajadores han expulsado al estafador Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa vinculado a Gabriel Mariotto, e impulsor de un fantasmagórico Mercosur Obrero, poniendo al descubierto una enorme estafa de desvío de fondos a lo largo de una década que les ha dejado una enorme deuda fiscal y las cuentas inhibidas a la gestión de los trabajadores.  


 


Lo de Incob ha sido una verdadera revuelta antiburocrática contra la casta de administradores corrompidos instalados por el kirchnerismo en las recuperadas. Como tal no se ha limitado a reestablecer las asambleas de trabajadores y la transparencia en el manejo de las cuentas si no que ha colocado a los trabajadores de Incob como parte de todas las manifestaciones obreras combativas de Bahía Blanca. En este camino se ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura para eximirlos de la deuda incurrida con el Estado, que fue armada en connivencia con funcionarios estatales. La movilización de los trabajadores arrancó pronunciamientos en apoyo a esta ley de la bancada de Guillermo Kane por parte  del municipio y el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. La nueva dirección electa por los trabajadores de Incob todavía no ha sido reconocida por las autoridades del Inaes, que hacen lugar a todo tipo de presentaciones de parte de la directiva expulsada.


 


Luchemos juntos por el trabajo


 


Estas semanas vamos a pelear en la Legislatura bonaerense por la aprobación de la expropiación de Donnelley y la eximición de la deuda de Incob. Impulsamos que el conjunto de las fábricas recuperadas tomen en sus manos estas peleas y promovemos que se organice un plan de lucha único, movilizando al estado por: Estatización de toda fábrica que cierra o se vacíe bajo control de sus trabajadores, sin carga onerosa para estos. Financiamiento estatal para las recuperadas y uso de estas como proveedoras privilegiadas. Garantía estatal del salario de convenio, derechos sindicales plenos para los obreros de las recuperadas. Que ni el Inaes ni cualquier otro organismo se entrometa en el reconocimiento de los representantes libremente elegidos por cada fábrica. 


 


 


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