El país atravesó varias crisis severas que estremecieron la vida nacional ¿Qué semejanzas y diferencias constatamos en dichas conmociones y la actual? Está claro que la contundente derrota del macrismo ha dejado herido de muerte al gobierno y ha terminado de precipitar su derrumbe. El gobierno está en un estado terminal y octubre se ha convertido en un fecha demasiado lejana para un presidente en agonía, de modo que está cuestionada su capacidad para completar su mandato y no hay que descartar que se den otras combinaciones políticas en la transición que se abre (nuevo jefe de gabinete consensuado con la oposición, pactos de gobernabilidad).

La coyuntura actual, vista de un modo general, tiene semejanzas con las que vivió Alfonsín cuya situación se hizo insostenible y terminó entregando en forma anticipada el gobierno. También en el caso del líder radical, sucumbió bajo el impacto de un desmadre económico (hiperinflación) y una pérdida acelerada de su ascendiente político que se expresó en las urnas con un revés electoral. Al igual que ahora, uno de los rasgos relevantes de la crisis es que emergió una figura de relevo, que ofrecía un eje de reagrupamiento a la burguesía y al mismo tiempo, contaba con un respaldo popular.

El lugar de figura de relevo que ocupó Menem le está reservado a Alberto. Es cierto que gran parte de la clase capitalista colocó sus preferencias en Macri pero también es cierto que va dando resultados el empeño que viene poniendo el PJ – kirchnerismo por dar garantías que no va a sacar los pies del plato y va a respetar los compromisos con el FMI y el pago de la deuda. El liderazgo de Alberto en la fórmula y luego la incorporación de Massa, son señales claras de esta orientación. La burguesía ha salido a marcar la cancha, trazar una agenda y condicionar aún más al oficialismo y a la oposición en una transición ordenada. No olvidemos que Menem fue más lejos, incluso, que la actual candidatura F-F en su demagogia (prometía un salariazo y la revolución productiva) y que terminó en los preparativos de su asunción abrochando una alianza con la derecha liberal encarnada por Alsogaray y la UCEDE. El tramo inicial del mandato de Menem no estuvo exento de sobresaltos, que condujeron a varias crisis de gabinete antes de que pudiera afianzarse. De modo que no nos debe sorprender que el amontonamiento y heterogeneidad de fuerzas agrupadas en torno a Alberto, generarán contradicciones virulentas no sólo en la futura gestión sino también, ahora mismo, en la transición. Precisamente uno de los elementos que distinguen la situación actual con la que se vivió bajo Alfonsín es que Alberto aún no es candidato electo, sino que es el ganador de la primaria, lo cual dificulta un traspaso adelantado del mando como ocurrió en 1989.

Por otra parte, siguiendo con las comparaciones, la principal distinción con la crisis del 2000/1 es que De la Rúa cayó bajo la iniciativa popular. La renuncia del presidente de la Alianza vino de la mano de una rebelión popular. En el curso de la propia crisis, en forma tortuosa y traumática, la burguesía tuvo que ir armando un recambio. Esto fue accidentado hasta tal punto que se sucedieron en pocos días varios presidentes, se vino el interregno de Duhalde y recién se pudo consolidar una reconstrucción del Estado con la asunción de Néstor Kirchner. 

En las actuales circunstancias estamos frente a un escenario contradictorio, donde, por un lado, existe un enorme descontento, bronca, insatisfacción contra el macrismo que ha terminado por dejarlo fuera de carrera, y por el otro, quien ha canalizado ese malestar es una oposición tributaria del FMI y de la agenda que reclama la clase capitalista, lo que va de la mano de un ajuste de grandes dimensiones y nuevos ataques contra los trabajadores. La política de Alberto es alentar que parte de ese trabajo sucio sea ejecutado por el macrismo en estos meses de transición. En otras palabras, hay un gobierno acabado pero, al mismo tiempo, un recambio, con sus tensiones y contradicciones, pero en marcha. Alberto va tener que demostrar si reúne los medios políticos y económicos para pilotear la crisis.Tropieza con una economía descalabrada al borde del abismo, conmocionada por la hipoteca de la deuda y un mundo dominado por la guerra comercial, monetaria y en las puertas de una recesión. Esto condiciona fuertemente al futuro gobierno, unido al hecho de que ya el peronismo no tiene el mismo ascendiente que en el pasado si bien no podemos obviar el hecho de que la candidatura PJ- K ha reunido un apoyo plebiscitario y que ello va a utilizarlo para evitar un desborde y mantener a raya a los trabajadores. Esto es lo que ha puesto de relieve un académico y hombre del mundo de la finanzas como Guillermo Calvo, quien señaló que el PJ- kirchnerismo constituiría la mejor carta para la Argentina destacando su mayor capacidad para contener los reclamos y la protesta popular de cara al ajuste que el gran capital plantea.

Fuera el régimen del FMI 

Importa señalar todo esto, para precisar los planteamientos y las consignas en la nueva fase de crisis política que ingresamos. El gran problema consiste en cómo promover la irrupción popular, desafío que está planteado, ahora, en la propia transición. 

Primero. El golpe de mercado, con la enorme confiscación que viene provocando en el paso de horas y días pone a la orden del día la necesidad de ganar la calle, de “movilizarnos” como señala la tapa de nuestra prensa. Los trabajadores deben tomar la iniciativa frente a la ofensiva capitalista en curso. En este contexto, cobra especial relevancia la acción directa y el reclamo de las centrales y los sindicatos de un paro nacional de 36 horas, como inicio de un plan de lucha huelguístico nacional. 

Esto se opone por el vértice a la política de apaciguamiento frente a la crisis que viene sosteniendo Alberto y Cristina, al unísono con la burocracia sindical, quienes plantean no hacer olas y esperar la asunción del nuevo gobierno.

Segundo. A la ofensiva en marcha, es necesario oponerle un programa de salida de modo que la crisis no la paguen los trabajadores sino el capital, que comprende un pliego de reclamos inmediatos e impostergables que pasan por la reapertura de las paritarias, un aumento de emergencia del salario y su actualización de acuerdo a la inflación, ningún despido ni suspensiones, un seguro al parado y reparto de las horas de trabajo. Esto debe ir unido a un conjunto de consignas transicionales: nacionalización de la banca, no pago de la deuda, control obrero de la producción. 

Tercero. Estos reclamos populares son incompatibles con el sometimiento al FMI. Es necesario impugnar el sistema político de conjunto, sus instituciones y partidos tributarios del mismo. La consigna "Fuera el régimen del FMI”, sintetiza esta lucha estratégica, que venimos enarbolando junto a la consigna de una salida política de los trabajadores, que pasa por una reorganización integral del país sobre nuevas base sociales, impuesta por un gobierno de trabajadores. 

En este contexto, la convocatoria a un congreso de delegados mandatados por las bases de todo el movimiento obrero ocupado y desocupado ocupa un lugar clave, pues de lo que se trata es que la clase obrera pase a conquistar un protagonismo en la escena nacional hoy completamente dominado por las fuerzas patronales. En la coyuntura actual, el Congreso de bases adquiriría una dimensión semisoviética y transicional en la perspectiva de un gobierno de trabajadores, pues sería un ámbito para discutir y aprobar un programa y una salida a la crisis nacional y poner en pie de lucha al movimiento obrero y catapultar a la clase obrera como alternativa de poder. 

Las consignas discutidas y aprobadas en la Conferencia electoral y luego en el 26° Congreso del PO han pasado por la prueba de los acontecimientos y han revelado su actualidad. "Fuera el régimen del FMI" es una consigna de poder que impugna a Macri y a sus opositores. Es decir, ataca, no sólo al gobierno sino el operativo de recambio en marcha, lo cual, cobra más importancia, luego del resultado de las PASO, que ha consagrado a F-F como fórmula ganadora. Quienes, en cambio, pregonaban el "Fuera Macri", como Altamira y Cía., terminaron de sacarla de circulación. Dicha consigna, como advertimos, nos colocaba objetivamente en el campo kirchnerista -pejotista. Y se hizo insostenible luego del desenlace electoral. Altamira copió tardíamente nuestra consigna pero, encima, lo hizo en forma defectuosa pues pasó a levantar la consigna de "Fuera el FMI”, mutilando el alcance de la misma que apunta a impugnar el conjunto del régimen.

Quienes nos acusaban de carecer de una consigna de poder hicieron suya la nuestra. Esto termina por desenmascarar el falso debate que se pretendió instalar antes, durante y después del 26° Congreso. La auténtica y única controversia gira en torno a cuáles son la consignas de poder adecuadas y no sobre la necesidad o no de contar con ellas. 

La Constituyente

Lo mismo es extensivo a la Constituyente. La oportunidad de una consigna está dictada por el hecho de si alienta y contribuye a movilizar las masas. Acabamos de venir de una elección, en la cual la voluntad popular se ha manifestado mayoritariamente a favor de los candidatos del PJ. La realización de una nueva elección está fuera del radar de los trabajadores, cuya expectativa es que Alberto asuma el poder. En este contexto, la Constituyente difícilmente puede cumplir una función movilizadora. Fuera de una iniciativa popular que hoy no se constata y que dicha convocatoria está lejos de promover, la Constituyente sería una instancia amañada del poder de turno y consagraría un Estado más reaccionario del que tenemos de la mano de los partidos del régimen, sometidos a los dictados e imposiciones del FMI. 

No se trata de sacar las consignas de la manga y tratar de consagrarlas artificialmente. Es necesario hacer un abordaje concreto, que tenga en cuenta todos los elementos de la situación, tanto los factores objetivos como subjetivos. Cuando eso está ausente, ocurre que las consignas terminan siendo archivadas sin pena ni gloria, como acaba de suceder con la Constituyente. Altamira en un reciente texto dice que “el desarrollo de la crisis política enseñará a los trabajadores que ninguna de las combinaciones políticas que se tejan será capaz de satisfacer las expectativas y la ilusiones en una salida favorable a los trabajadores. Esto planteará la necesidad de una Asamblea Constituyente Soberana…”. En un artículo que venimos de publicar en Prensa Obrera, señalamos que “el tiempo verbal acá es importante: planteará, es un futuro, o sea, no está planteado ahora. Deberá primero atravesarse una experiencia. Estamos ante un retiro vergonzante de una consigna, que se suma al retiro vergonzante del Fuera Macri.” Pero, más allá de ello, decreta por anticipado que la Asamblea Constituyente sería una estación intermedia obligada por donde transitaría la crisis. Adjudicarle ese rango es antojadizo, constituye una desviación democratizante cuando la lucha de los trabajadores puede transitar por diferentes carriles, sin pasar necesariamente por la Constituyente. Hay que evitar atarse a esquemas preestablecidos y seleccionar y alentar los carriles que nos ayuden a movilizar a las masas y nos conduzcan a la estación terminal que si es irreemplazable: un gobierno de trabajadores.

El Partido Obrero está lejos de hacer un fetiche de la Constituyente. En el conflicto rural en pleno gobierno kirchnerista en 2009, que provocó una gran división de la burguesía, y una derrota electoral del gobierno hasta el punto de poner en tela de juicio su continuidad, nos opusimos a la consigna de Constituyente: “es moneda corriente escuchar sobre un adelantamiento de las elecciones, y se admite para ello la posibilidad de “suspender” la reforma política. El problema es el quién y el cómo del adelantamiento, que constitucionalmente supondría la renuncia de la Presidenta. En el marco de semejante crisis se escucharán voces a favor de convocar a una Asamblea Constituyente que, en el marco de una transición, rediseñe el régimen político y reconstruya la solvencia de la Nación y de las Provincias. La clase obrera debe ponerse en contra de estos objetivos estratégicos de la crisis constitucional que se está tejiendo, pues corresponden a prioridades de la burguesía, no de los trabajadores. La posibilidad de que las prioridades de los trabajadores ganen la escena está determinada por la propia envergadura de la crisis. Por eso planteamos que, en oposición a toda forma de golpismo, parlamentario o bonapartista (del Ejecutivo), la lucha debe ser por un gobierno de trabajadores. Sería criminal perder la oportunidad de semejante crisis política y de desprestigio de la clase política burguesa, para ponerse en la cola de las maniobras politiqueras. ¡Ninguna provincia va a ver jamás un régimen federal si no se expropia a los latifundios capitalistas y a los monopolios rentistas que confiscan sus economías!” (Etapa final de los Kirchner, Prensa Obrera- 2010).

De la misma forma, ahora, un llamado constitucional cumpliría una función distraccionista respecto a las prioridades que pasan por hacer frente y derrotar la ofensiva capitalista en curso. La misma objeción vale para el PTS quien se disocia de este hecho y de la capacidad movilizadora de dicha consigna. Al margen de estas premisas, la Constituyente constituiría una fuente de manipulación de la burguesía y de desvío y sometimiento a las masas. El MST, a su turno, se ha sumado tardíamente al “Fuera Macri” y a la Constituyente, obviando el recambio en marcha. En el actual escenario, dichas consignas son funcionales al pejota-kirchnerismo y terminan colocando a la izquierda de furgón de cola del nacionalismo burgués.

Parlamentarismo versus acción directa 

Pero todavía más grave es la defensa y reivindicación que el PTS hace de una convocatoria a una sesión de emergencia del Congreso Nacional para abordar la crisis. “La exigencia de que se convoque al Congreso Nacional- afirma- apunta a desenmascarar al kirchnerismo y al peronismo por su pasividad ante la debacle social que sufren millones. Esa es una posibilidad real. Su fuerza parlamentaria logró aprobar la llamada ley antidespidos (2016) y un freno parcial a los tarifazos (2018), ambas medidas vetadas por Macri.”

“El planteo del PTS propone que el debate- continúa- sea televisado para toda la población. De llevarse a cabo, implicaría una tribuna política para que millones vean en directo la actuación de las fuerzas patronales. Lejos de habilitar “un acercamiento” entre Macri y Alberto Fernández, mostraría la proximidad programática entre las variantes patronales. Funcionaría como ejercicio educativo para los explotados y oprimidos de todo el país, mostrando a la izquierda como único espacio con una perspectiva opuesta”.

En momentos en que el parlamento brilla por su nulidad y es blanco de la desconfianza popular, convertirlo en árbitro es un error imperdonable. Es otorgarle un lugar que no tiene cuando lo que se impone es reforzara las tendencias a la acción directa y llamar a concentrar la atención y las demandas en el poder político. Por supuesto, los revolucionarios no nos debemos-ni nos vamos- a privar de utilizar el Congreso, del mismo modo que cualquier otra posición parlamentaria, como tribuna y caja de resonancia de nuestros planteos y propuestas. Pero eso, no puede servir de excusa para promover una parlamentarización de los conflictos y la lucha de clases. A nadie se le escapa que dicho recurso es al que apelan los partidos patronales y la burocracia sindical para estrangular y abortar los movimientos de lucha y las causas populares. Estamos ante un salto en la deriva democratizante del PTS. 

La situación excepcional que enfrentamos pone al rojo vivo la necesidad de discutir la estrategia de la izquierda y las consignas en la actual etapa. En este marco, ratificamos nuestro llamado a organizar un Congreso convocado por el FIT-U a los activistas combativos y luchadores que sirva como una palanca para que los trabajadores irrumpan como un factor político independiente en la crisis nacional.