04/05/2020

Crisis sanitaria en la provincia de Buenos Aires

De la cuarentena focalizada al contagio administrado.

Según un informe oficial, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de infectados por coronavirus reuniendo el 61% del total los casos positivos (1.632 personas al 2 de mayo). La provincia también encabeza el número de víctimas fatales en todo el país. Entre los diez municipios más comprometidos por los contagios se encuentran La Matanza, San Martín, Quilmes, Vicente López, Pilar, Tigre, San Isidro, La Plata, Merlo y Moreno, en ese orden. Con todo, se trata de un registro incompleto. Según el sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos las pruebas de testeos rápidos en la estación Constitución –donde una gran parte de la población corresponde al sur del conurbano- están mal hechas, ya que es “imposible que las 425 pruebas (realizadas el 29 de abril) hayan resultado negativas y se contradigan con el pico de casos positivos por PCR detectados en los laboratorios de análisis clínicos”.


Una vez más el ministro de Salud, Ginés García, atribuyó estos resultados a la “poca circulación del virus” cuando el 27% del total de los contagios por coronavirus en la Argentina son de circulación comunitaria y ya son 5.000 los infectados, con una tasa de letalidad del 5%. Pese a la gravedad de la situación, y la inminencia de los días más fríos, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que hay que ir a “un contagio administrado” para que el brote no explote de golpe. Hemos pasado de las cuarentenas administradas y focalizadas al contagio administrado; un reconocimiento de lo que se viene con el pico de la enfermedad. Para que no queden dudas de sus intenciones, Gollan tiró la chancleta repitiendo a coro con todo el arco capitalista que si “nos quedamos todos encerrados vamos a morir de inanición”. Lo mismo que dicen Trump y Bolsonaro.


Las declaraciones del ministro dieron lugar a un fuerte cruce dentro del Ministerio de Salud bonaerense. Para el vice de Gollan, Nicolás Kreplak, la cuarentena obligatoria debería estirarse todo lo posible hasta que aparezca una vacuna o que pase el invierno. Según el propio viceministro en la provincia hay un total de 11.723 camas de las cuales la mitad están ocupadas por otras afecciones y 600 por coronavirus. Una explosión de la pandemia en el conurbano y la provincia comprometería seriamente la capacidad de atención de los contagiados por el Covid-19, saturando los hospitales públicos.


Mientras el gobierno se jacta de que su política está dictada por el “comité de expertos sanitaristas” la realidad es que se avanza todos los días en el relajamiento de la cuarentena y ya se anuncia una nueva etapa “apelando a la responsabilidad ciudadana” a partir del 11 de mayo. Según el médico infectólogo Eduardo López “falta la unión de los expertos con las cámaras de la industria para generar un protocolo en común”. Es decir que se pone a los lobos a cuidar de la salud de la población, los mismos que en el plano de la salud se negaron a la centralización del sistema sanitario para no afectar a los pulpos privados de los sanatorios y medicamentos. La salud y la vida no pueden estar subordinadas a los intereses de los capitalistas que despiden y violan las normas sanitarias. Tienen que estar en manos de los trabajadores, con comités de seguridad, higiene y la salubridad bajo control obrero.


La cuarentena con “conciencia social” es una presión de todos los gobernadores ya sean del peronismo o de la oposición derechista. En los últimos días el gobernador Axel Kicillof amplió las excepciones a otros 20 municipios, con los que ya suman 48 los distritos bonaerenses donde se han producido distintas aperturas “bajo responsabilidad de los intendentes” -en 33 de estos distritos ya están habilitadas las llamadas salidas recreativas. En total son 98 comunas las que pidieron ser exceptuadas del aislamiento obligatorio a lo que el gobierno provincial respondió que “se sigue evaluando el pedido de otros distritos”. Las presiones aumentan también para las ciudades con más de 500.000 habitantes localizadas en el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, mientras se autorizará el funcionamiento de los servicios de transporte interurbanos.


A las denuncias sobre el vaciamiento de la salud pública en la provincia y en todo el país se suma el pluriempleo y la flexibilización laboral extrema a la que están forzados los trabajadores y las trabajadoras de la salud por los bajos salarios. Con la muerte del médico Félix Manuel Ramírez Sosa suman ya cinco los trabajadores de la salud fallecidos en la provincia de Buenos Aires -Ramírez Sosa trabajaba en una clínica privada de Quilmes y en otras cinco salitas municipales.


 Según datos oficiales son casi 300 los infectados por el coronavirus en la provincia, cifra que redondea cerca del 18% del total de contagiados por el virus (una tasa gigantesca). Entre los reclamos más urgentes de la Fesprosa (la federación que agrupa a los profesionales de la salud) está presente la aplicación del Plan Nacional de los Trabajadores de la Salud y el pago del bono de 5 mil pesos para 120 mil trabajadores que fueron excluidos y no lo estarían cobrando de abril a junio. Por su parte la Coordinadora provincial que nuclea a los acompañantes terapéuticos denuncia que en medio de la pandemia del coronavirus, IOMA (la obra social de la provincia) arrastra incumplimientos de pagos desde octubre del año pasado. Se trata de los monotributistas precarizados que trabajaban en instituciones educativas o en hospitales y que carecen de todo subsidio estatal a pesar de estar sin trabajo e impedidos de desempeñar sus tareas por la cuarentena.


La falta de inversión en salud, en respiradores y camas de internación, de elementos básicos para el cuidado, bioseguridad y protección de los trabajadores de la salud, entronca con la miseria salarial y las precarias condiciones de trabajo de quienes están en la primera línea de lucha contra la pandemia. Los geriátricos son focos de infección de trabajadores y pacientes, lo mismo que los hospitales bonaerenses.


Mientras Kicillof mejora su oferta a los bonistas buitres para pagar la deuda externa y prolonga el presupuesto de ajuste de salud de Vidal, las necesidades de la población trabajadora son cada día más acuciantes en materia sanitaria y alimenticia. Un programa sanitario integral requiere de la centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores, dirigiendo todos los recursos para asegurar una cuarentena sin hambre, despidos, hacinamiento y miseria social. El pago de la deuda usurera es criminal.






 

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