Como viene ocurriendo en educación y salud en la provincia de Buenos Aires, el ajuste se siente fuerte en las políticas de niñez y adolescencia. A pesar de la pomposa presentación que Karina Rabolini hiciera ante el Papa en el Vaticano sobre el programa “Envión”, éste está siendo vaciado sistemáticamente. Por ejemplo, en Tapalqué, en lugar de la cocina presupuestada hace años, los trabajadores sólo cuentan con una pava eléctrica para preparar la merienda de los chicos. Tampoco aparecieron jamás, a pesar de haberse liquidado el presupuesto destinado a tal fin, el freezer, el equipo de audio y la mesa de ping pong. Los trabajadores del lugar (muchos cobran 1.200 pesos por mes) deben llevar bolsas de residuos de sus casas, ya que ni con eso cuentan. Los trabajadores son expulsados del programa ante el mínimo planteo por mejoras.

En Pergamino, el programa no es más que una demostración de precarización laboral: los tutores cobran 1.000 pesos por el acompañamiento que brindan a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Además, son presionados para participar de los actos políticos municipales, bajo amenaza de “ser dados de baja” y, cuando esto ocurre, el municipio se queda con el dinero que gira la provincia destinado al sueldo de los cesanteados. Los equipos técnicos de las sedes no cobran sueldo por meses y son obligados a tener el monotributo al día para poder facturar.

Los compañeros de Baradero denuncian también situaciones similares de precariedad, abundan sueldos de miseria y desfinanciamiento. En el municipio de Tres de Febrero, los trabajadores de Envión son obligados a acudir a los actos del oficialismo y las condiciones laborales son, a su vez, paupérrimas. A semejante estado de abandono, se le suman sedes en ruinas, lo cual expone a jóvenes, niños y trabajadores a múltiples situaciones de riesgo. En Florencio Varela, hay ocho sedes que reciben cerca de 1.200 jóvenes. Los sueldos son de 2.500 pesos en negro y el maltrato laboral es insostenible. A fines de 2014 echaron a diez trabajadores por reclamar mejores condiciones laborales. En La Matanza, la situación de las sedes es apremiante, al tiempo que los jóvenes de las barriadas son cada vez más vulnerados ante el avance de la crisis y el atropello policial. En barrios como San Petersburgo, Puerta de Hierro, Villegas, La Loma y San Alberto, como consecuencia de liberación de zonas para que prosperen la venta de droga, armas y el atropello policial, la muerte de jóvenes y adolescentes es moneda corriente. Los servicios locales de Protección de Derechos de los Niños, creados por la ley 13298, también reúnen condiciones de absoluta precariedad laboral y en sus condiciones edilicias y generales.

Para enfrentar el ajuste, que se realicen asambleas en cada lugar de trabajo a fin de discutir un plan de lucha por:

• Pase a planta para todos los trabajadores de niñez con sueldo igual a la canasta familiar.

• Mayor presupuesto para los programas y los organismos de niñez con control de los trabajadores y usuarios. Abajo la injerencia de los punteros sobre los programas.

• Fuera la policía y gendarmería de los barrios. Abajo la militarización.