El gobierno kirchnerista no ha escondido, en ningún momento, su intención de establecer un techo a los aumentos salariales que deben negociarse en las paritarias.

Lo ha hecho en años anteriores. Ahora estableció que no debían pasar del 20 por ciento anual promedio, a pesar de que la inflación supera el 25%.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, se ha negado a homologar los convenios que superaron esos topes.

A esto hay que adicionar la vigencia del impuesto al salario, que serrucha gran parte de los aumentos que superan el mínimo no imponible.

La reivindicación que hace el oficialismo de haber restaurado la libre negociación colectiva, es una falacia.

El anuncio de una huelga de la UOM, para hacer valer su reclamo ante la patronal metalúrgica, ha llevado a la Presidenta a dar un paso adicional: convocó a las partes para que aceptaran un arbitraje del gobierno.

Ese laudo oficial fija un aumento en cuotas, que deja al básico de los metalúrgicos muy por debajo de la canasta familiar.

Los congresos de delegados de la UOM habían advertido que no acatarían una nueva conciliación obligatoria.

CFK se ha tomado el derecho de fijar el aumento de salarios.

El arbitraje personal del Poder Ejecutivo es llevado hasta sus últimos extremos.

¿Hará lo mismo con todas las paritarias que se encuentran en fase de negociación?

En oposición a esta intolerable regimentación de los sindicatos por parte del gobierno, reivindicamos la libertad de negociación colectiva y la independencia de los sindicatos.

Queda otra vez al desnudo la política antisindical del gobierno, el cual ha lanzado la reprivatización petrolera y el tarifazo energético, así como la sustitución de la quebrada Repsol por los monopolios yanquis.