Horacio Rodríguez Larreta se destacó este fin de semana por decir que en la Ciudad existe un “plan sistemático de ocupación del espacio público”. Si bien se refirió en lo inmediato a la movilización que tuvo lugar en el barrio de Recoleta a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se trata en realidad de un planteo que, de fondo, apunta contra el derecho a la protesta y contra la lucha de los trabajadores en defensa de sus condiciones de vida. Patricia Bullrich fue más allá y reclamó directamente recuperar el “control de la calle”. De este modo, el alcalde porteño se colocó en el mismo campo que su rival CFK.

Larreta no es nada original. Una Cristina presidenta fue ovacionada en 2014 por oficialistas y opositores, incluido el PRO, cuando en una Asamblea Legislativa reclamó una ley para impedir piquetes y le dio un espaldarazo al entonces ministro de Seguridad nacional Sergio Berni en momentos en los que era procesado por haber encabezado una represión contra una toma en la Panamericana. En defensa de la “convivencia ciudadana” y debido a que “no puede ser que diez personas corten una calle por más razones atendibles que tengan” (Cristina dixit), la actual vice pedía el procesamiento de quienes protagonizaran los cortes.

El control de la calle es para las patronales y sus gobiernos una cuestión estratégica. El hecho de que los obreros salgan a luchar por trabajo y por tener una vida mejor, como hacen los trabajadores del Sutna, los docentes de las provincias o el movimiento piquetero combativo, colisiona con las formas de trabajo y las condiciones de vida que la clase capitalista y sus personeros políticos quieren imponerles en función de satisfacer otros intereses, ajenos y hostiles a los de la clase trabajadora. Sin mecanismos de contención social y sin represión se torna difícil, por ejemplo, aplicar las reformas laborales y previsionales reaccionarias que pide el FMI.

Todo esto revela la hipocresía de ambos bandos políticos, los cuales a menudo se presentan como defensores de las libertades individuales en general. Tanto Cristina, como Larreta, Macri o Milei, defienden la libre circulación y el “derecho” de los obreros a “llegar a su lugar de trabajo” para atacar el derecho a la protesta. No les preocupa, por ejemplo, el derecho al trabajo o a la vivienda, los cuales son vulnerados por los capitalistas cuando avanzan en despidos y por los gobiernos al someter a los trabajadores a la pobreza. Estamos ante un régimen que utiliza la Constitución como le conviene y en defensa de los intereses de una clase social determinada.

Los kirchneristas son los que más demagogia realizan con la defensa de las libertades democráticas, se quejan de la represión de Larreta cuando todos sus gobiernos (2003-2015, 2019-actualidad) han apelado a la misma política. Berni continúa reprimiendo hoy bajo el gobierno de Axel Kicillof, como lo ha hecho en 2020 contra las familias sin techo de Guernica y hace unos meses contra la comunidad educativa del 103 en Lomas de Zamora. Lo que corresponde es repudiar todas las represiones, sin importar qué gobierno las lleve adelante.

Desde el Partido Obrero defendemos el derecho a la manifestación y a que los trabajadores se levanten contra todo tipo de opresión. Los trabajadores no debemos quedar atrapados en peleas entre ajustadores, antiobreros y corruptos, sino que tenemos que organizarnos de forma independiente por todas nuestras reivindicaciones.