Ibarra calificó de “disparate jurídico” a su posible citación a indagatoria por parte del juez de la causa Cromañón. Para Ibarra es absurdo que “citen a un Jefe de Gobierno por algo que pasó en un boliche” (La Nación, 22/5). La indagatoria se realizaría bajo el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, aunque los abogados de las víctimas han reclamado que se lo indague por homicidio. Ibarra rechaza tener responsabilidades porque es “un funcionario que, en la cadena de decisiones, está cinco niveles más arriba” (ídem, 21/5), o sea que tiene decidido entregar a los “cuatro niveles” de funcionarios que están por debajo de él. Es un “avance”, pues durante cinco meses trató de responsabilizar a Chabán, a los “jóvenes pirómanos”, a Callejeros y a las “normativas inadecuadas”, pero nunca a su gobierno.

La investigación judicial está llegando a Ibarra tortuosamente. Pero todos los testimonios apuntan a demostrar que la impunidad estaba organizada de “arriba” hacia “abajo”. El defensor del Pueblo, Alimena, “aseguró que en mayo de 2004 avisó a Fiszbin y a Ibarra sobre el peligro que representaban los boliches de la Ciudad de Buenos Aires” (La Nación, 21/5). La investigación judicial puso de manifiesto que Cromañón ni siquiera debió haberse habilitado. Por su parte, los inspectores declararon que al verifi car que el boliche tenía el certificado de prevención de incendios vencido y carencias de planos de habilitación, “recibimos por handy la orden de no clausurar” (La Nación, 22/5). En forma paralela a la causa principal existe otra causa abierta contra Ibarra por asociación ilícita. Se relaciona con el acuerdo entre Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra y la cámara de discotecas para promover el “autocontrol” (sic) de los empresarios. Se suma a ello un nuevo proceso por abandono de personas contra el Same, a raíz de las fallas en el operativo de emergencia luego de la masacre, y finalmente, otra acusación aberrante: la sustracción de historias clínicas de las víctimas de la tragedia, por parte de la Secretaría de Salud del gobierno comunal, para “preparar al Estado” contra posibles causas de particulares.

La “versión” de la citación a Ibarra —pero no su citación efectiva— demuestra que su indagatoria continuará siendo un terreno de maniobras; podría formar parte de una política de “dispersión” de responsabilidades entre Chabán, la banda y el propio gobierno.

Pero incluso en esos términos, la comparecencia de Ibarra es un factor inocultable de crisis política. El gobierno kirchnerista lo ha comprendido bien. Por eso, Alberto Fernández acaba de hacer un llamado a “cuidar al gobierno de Ibarra, a salvar su gobernabilidad” (Infobae, 21/5). La “gobernabilidad” está por encima de la asociación ilícita. No al enKubrimiento.