Cromañon no terminó
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El 19 de agosto, el Tribunal oral 24 leyó la sentencia con la que concluyó el juicio por Cromañón. En 2005 había modificado la carátula de la causa, cambiando la acusación de “homicidio” por la de “estrago”. “De esta manera (decíamos en Prensa Obrera del 5/1/06) instalaron en la causa las bases necesarias para plantear que no estábamos frente a la acción deliberada de anteponer la ganancia capitalista a la vida de los jóvenes, sino que estaríamos frente a un incendio fatal”. La finalidad era absolver las responsabilidades políticas en el juicio. Ibarra fue sobreseído de la causa sin siquiera haber sido imputado.
El tribunal penalizó a Chabán con 20 años de prisión, a Argarañaz, manager de la banda, y a Díaz, subcomisario de la 7ª, a 18 años por estrago doloso. En el caso de Fiszbin y Fernández, funcionarias del área de habilitaciones y controles del Gobierno de Ibarra, la pena fue por “incumplimiento de deberes de funcionario público” (dos años de pena –excarcelable–, y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos).
El tribunal prefirió saltarse el pedido de las querellas para acusar a los funcionarios de “estrago doloso”. Pero el pasaje del “homicidio” al “estrago” abre la posibilidad de que Casación o la Corte lo convierta en “estrago culposo”, que tiene una pena máxima de cinco años.
El cuestionamiento principal al fallo del tribuna está relacionado con la absolución de la banda Callejeros y, en un grado menor, con las penas que recibieron los funcionarios públicos. Resultó llamativo, para los querellantes, que no recayera pena alguna sobre la banda o al menos sobre Fontanet, a quien señalan “junto a Diego Argañaraz en las negociaciones con Omar Emir Chabán, respecto a la realización de los recitales de los días 28, 29 y 30 de diciembre en República Cromañón y conocía los detalles de la organización”, como el referido a que la puerta de emergencia estaba cerrada con candado y alambre y cuatro de las seis puertas “tipo cine” trabadas con pasador (querella Iglesias).
Estas denuncias dejan al descubierto que el Estado de la Ciudad había delegado el cumplimiento de las regulaciones de los espectáculos públicos en los empresarios del ramo (denuncia de la Defensoría de la Ciudad), o sea que tercerizaró la seguridad de la población.
Callejeros tuvo la posibilidad de subirse a una lucha por denunciar a un sistema que los colocó en esas circunstancias en el escenario del 30 de diciembre de 2004, pero decidió subirse a la estrategia de culpar a su público.
De la lectura de las 2.451 páginas se desprende la connivencia permanente de Omar Chabán con el Estado y sus representantes políticos, que le permitieron obtener un lugar de privilegio a la hora de sortear cualquier control, relación comparable con la que tenía el gobierno de Ibarra con la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires (Cedeba). “Indicaron que en las reuniones efectuadas para planificar las inspecciones, el asesor de Fabiana Fiszbin era quien “bajaba las líneas de inspección” y que salvo el local “América”, ninguno de los lugares inspeccionados pertenecía a la Cedeba”, y “precisaron que algunos locales fueron controlados cuatro o cinco veces (en el 2004 luego del informe de la Defensoría del Pueblo sobre descontrol de los boliches clase C-VB), mientras que “Cemento” fue inspeccionado una vez y “Cromañón” no resultó fiscalizado” (sentencia página 55). Por supuesto, que por el caracter del juicio, no se profundizó en esta línea.
La sentencia relata la responsabilidad del Estado, el de la Ciudad y el nacional, y la corruptela imperante, contradiciendo el encuadre del juicio de un asunto entre privados. Sobre Fiszbin, amiga íntima de Vilma Ibarra, quien fuera designada por esa relación ya que su curriculum era de maestra jardinera, se relata que “concentró las decisiones inspectivas en reuniones que condujo personalmente y apoyó parte de su acción en Cedeba, mediante la firma de un convenio por el cual la Cámara se comprometió a garantizar que los estudiantes no utilicen pirotecnia en los festejos de fin de año, delegando así el poder de policía” (sentencia, página 57) ¿Marche presa? No, solamente será inhabilitada unos años.
La pena de 18 años al subcomisario Díaz por coimas hubiera debido penalizar al ex comisario de la 7ª de Once, Belay, quien no podía ignorar la situación. Sin embargo, el tribunal decidió presentar la cuestión como una iniciativa personal del sub, lo cual resulta un disparate.
Murieron más de 200 chicos y, luego, muchos de sus familiares por la impunidad reinante.
Cromañón es un llamado a toda nuestra juventud para organizarse a enfrentar al Estado, a sus representantes políticos y a la comercialización de la cultura. Es una combinación criminal.
