La ley de movilidad jubilatoria en vigencia establece el ajuste trimestral de los haberes. Aproximándose el último ajuste que corresponde a diciembre, se anuncia en los medios que acorde a la fórmula (50% RIPTE de promedio variación salarial y 50% recaudación previsional) corresponderían entre 11 y 12 % de aumento. Sin embargo, las cosas no son tan así como varios diarios informan.

Ese porcentaje está en duda debido a que la confiscatoria nueva ley de movilidad impuesta a fines del 2020 por el gobierno del Frente de Todos establece que en el último trimestre se otorgará aumento si el promedio de las actualizaciones anteriores no supera lo recaudado por Anses.

Los haberes ya vienen perdiendo en lo que va de 2021. Con una inflación acumulada de 37%, en marzo se recibió en 8,07%, en junio el 12,12% y en septiembre el 12,39%, lo que da un acumulado de 36,2% (Ámbito Financiero, 8/11).

En diciembre, recibir entre el 11 y 12% va a estar supeditado al promedio de recaudación anual. Si ésta fuera menor, el porcentaje a recibir no sería el que surge de la fórmula y tampoco queda claro cuánto sería finalmente. Este año la recaudación ha tenido un repunte no habitual debido a la brutal caída en la cuarentena, que es la base de comparación, pero esta disposición es una espada de Damocles sobre los jubilados; o para ser más exactos una espada ajustadora a la baja: recaudamos menos, te pagamos menos. Ese ajuste solo se aplica a la baja, y nunca al alza, se toma el índice menor y por lo tanto habrá rebaja histórica los años de baja recaudación y ello no se recuperará en los años de alta recaudación. El 2021 podría ser uno de ellos en la comparación con 2020.

Lo cierto es que incluso si se aplicara el índice como en los anteriores trimestres la mínima pasaría a ser de $28.000, la PUAM (pensión universal) de $23.020 y las pensiones no contributivas de $20.150. Se trata de la consolidación del saqueo a los jubilados, que negocian sistemáticamente Martín Guzmány Alberto Fernández con el FMI, con el apoyo explicito de Cambiemos, Randazzo, Milei y Espert.

A su vez rige el tope de la jubilación máxima de $194.000, mientras persisten las jubilaciones y pensiones de privilegio que han permitido entre otros que Cristina Fernández de Kirchner sea premiada con sus dos millones quinientos mil pesos por mes, más los retroactivos. El resto de los jubilados reciben miseria en sus haberes y los juicios están demorados y sin certidumbre de poderse cobrar, y en esos casos la Anses sí apela los fallos.

Vale aclarar también que quedan fuera del ajuste de diciembre las jubilaciones especiales de Anses: docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza y otros a quiénes se les aplica la movilidad en forma semestral. Hubo solo un adelanto electoral del aumento de marzo a diciembre para la docencia, pero solo un adelanto.

La cuestión jubilatoria está colocada en la agenda electoral. Oficialismo y oposición acuerdan en las medidas de ajuste y en continuar con fórmulas que se van modificando a la medida de imponer un mayor retroceso en el poder adquisitivo los jubilados y pensionados. Los une el planteo de que los jubilados son un gasto. La burocracia sindical tanto sea de la CGT o de la CTA avalan esta política antijubilatoria. Incluso todos dejaron pasar que no se pagara un nuevo bono anunciado luego de la derrota electoral del oficialismo y del reconocimiento de que la nueva movilidad corre por detrás de la inflación. No les da vergüenza que el aumento sea un bonito de 318 pesos para la mínima en “cumplimiento” del 82% respecto al sueldo mínimo vital y móvil recientemente modificado.

Este bloque es el que sin grieta acaba de operar para conseguir la condena contra Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, en un juicio armado para absolverse ellos (los de Cambiemos y los peronistas) de la represión ejercida en las movilizaciones de diciembre del 2017 en defensa de las jubilaciones, y tener las manos libres para tratar de votar luego de las elecciones del 14 de noviembre la reforma laboral que no pudieron imponer en esas jornadas por la enorme reacción de la clase obrera.

El Partido Obrero sostiene y organiza la lucha por el 82%, por la movilidad automática acorde a la inflación y a los aumentos de sueldo, por una moratoria general, sin restricciones para los miles y miles de adultos mayores que por el imperio del trabajo en negro y precario no llegan a 30 años de aportes. Esto se garantiza sobre la base del no pago de la deuda al FMI, la restitución de los aportes patronales, el trabajo en blanco, el impuesto a las grandes fortunas que se han beneficiado con el trabajo en negro, la fuga de capitales, los negociados con las Leliqs y con la evasión patronal de los aportes y contribuciones. Es el programa que levanta el Frente de Izquierda Unidad.