23/08/2001 | 718

Cuando «el abismo está más cerca que la paz social»

El jueves pasado, «el cardenal emérito Raúl Primatesta reunió en Río Cuarto a representantes de la UIA, las CGT oficial y disidente, para convertir a la Iglesia en generadora de un ámbito de diálogo» (La Voz del Interior, 17/8). ¿Las razones? Según su vocero oficial, Primatesta «evaluó que el país está más cerca del abismo que de la paz social». Ante el hundimiento de los «poderes temporales», el clero sale al rescate de una sociedad capitalista que se hunde irremediablemente.


El vocero de Primatesta se atrevió todavía a más. «Si el gobierno no escucha –añadió–, la violencia va a salir del propio pueblo, va a pasar por encima de Alderete, D´Elia, Daer, Moyano…». Para el círculo de Primatesta, el clero tiene que salir al frente porque la situación política ya tendría características prerrevolucionarias.


‘Lamentablemente’, el propio clero se encuentra dividido. Mientras Primatesta apoya «la reprogramación de la deuda externa … y la distribución de la riqueza», como plantean la UIA y el Tesoro norteamericano (y ahora Terragno, Carrió y Verbitsky), la mayoría del episcopado no quiere hacer olas. Es que la mayoría de la burguesía argentina es dueña del 40% de la deuda externa y por eso no acepta nada que pueda desvalorizarla.


El clero, por medio de Primatesta, es el eje de un planteo para liquidar al movimiento piquetero desde la burocracia sindical y los demagogos sociales, como el Polo de Farinello. Esto explica que Daer y Moyano se hayan unido para una manifestación, el próximo miércoles, en procura de recuperar la iniciativa que aún tenían en marzo pasado. Luego de haberse afirmado como el eje y hasta la vanguardia de una gran movilización nacional, la Asamblea Nacional Piquetera es señalada ahora como el enemigo jurado de los explotadores, que movilizan todos sus recursos para neutralizarla y destruirla.


Clara disolución capitalista


Ruckauf ya ha emitido 90 millones de pesos en patacones y pretende llegar a los 450 millones. De la Sota ya ha pedido 30 millones de Lecop y aspira a llegar a 100. En un plazo muy breve, deberá circular un seudo-dinero en bonos equivalente al 10% de la circulación primaria de pesos.


Las emisiones provinciales de certificados van a ser sustituidas por una única emisión nacional. La impresión de seudo-dinero sale así del marco de cada provincia y penetra en el Tesoro nacional y en los bancos, generalizando la circulación de la seudo– moneda. Las provincias que aún pueden pagar sus cuentas con dinero, se resisten a aceptar el Lecop, el bono nacional, en sus territorios, argumentando que no quieren importar la cesación de pagos de Ruckauf y De la Sota. En el país no solamente circularán monedas diferentes sino que tampoco valdrán lo mismo en cada provincia.


En la medida en que ingresan como impuestos y depósitos en los bancos, los bonos tienden a transformarse en la moneda dominante. La famosa «globalización» se ha transformado, con el derrumbe capitalista, en una «parcelización» medieval. Para contrarrestar esta tendencia, el FMI plantea despidos masivos en las administraciones públicas, reducciones de salarios, desmantelamiento de departamentos del Estado y privatización de servicios. Plantea incluso la liquidación de provincias y de municipios, o sea una gigantesca contrarrevolución política. De manera que la disolución capitalista genera una contratendencia que a partir del Estado exige la reglamentación de todas las relaciones sociales y la completa esclavización de los trabajadores. Se establece, de este modo, la conexión dialéctica entre la disolución económica y la revolución social; entre la concentración del poder en manos de unos pocos banqueros, de un lado, y la Asamblea Nacional Piquetera, del otro.


En esta disolución, que bien entendida afecta a toda América Latina en grado diferente, se halla la explicación de las operaciones militares extranjeras, en el norte de Salta, y la intención de unir a las policías, la Prefectura y la Gendarmería, en un único organismo represivo. Acabar con los piquetes, por un lado, y preparar una invasión a Colombia, por el otro, es el objetivo con que los yanquis (el Pentágono) impulsan esta política de militarización. De acuerdo con un columnista argentino del Miami Herald, es la respuesta que ha encontrado el imperialismo a la diseminación de los «Estados-enfermos» en nuestro continente.


Redistribución de los ingresos


La distribución del ingreso nacional está condicionada a la distribución del patrimonio nacional, o sea del capital. Como la producción es consumo (consumo de materias primas y maquinaria y reproducción del obrero que produce) y el consumo es producción (produce la fuerza de trabajo y nuevos instrumentos de producción), no se puede afectar a uno sin afectar al otro. Para redistribuir la riqueza creada, incluso en la escala reducida que propone la CTA, es necesario antes modificar la distribución del capital que crea esa riqueza. En definitiva, para redistribuir los ingresos es necesario primero quebrar total o parcialmente el monopolio capitalista sobre los medios de producción. Sin rechazar la deuda externa y nacionalizar los bancos, y sin cambiar el carácter de clase del Estado, la propuesta de redistribuir ingresos no pasa de una charla de café. En la inmensa crisis actual, lo mismo puede decirse de un planteo que conciba a una redistribución de ingresos a favor de los trabajadores, en el marco del gobierno de De la Rúa y Cavallo. Si la CTA pretende tener un mínimo de consecuencia con su planteo de 380 pesos para los jefes de familia y 60 pesos por hijo, está obligada a plantear la expropiación del gran capital y el reemplazo del gobierno actual por un gobierno de trabajadores. La Asamblea Piquetera debería subrayar esta posición al máximo.


Por otro lado, la escala remunerativa de los trabajadores no debe establecerse a partir del ingreso del desocupado sino del que históricamente corresponde al obrero activo (que tiene por base mínima el costo de la canasta familiar, o sea 1.200 pesos). El salario que corresponde al consumo productivo de éste debe determinar el subsidio de desempleo para aquél, y no al revés. El desocupado debe llegar al salario que históricamente corresponde al obrero, o sea al que es socialmente necesario para su vida, y no que el salario sea determinado por el subsidio al desocupado que disponga el Estado capitalista. No es casual que el planteo de una garantía salarial, apuntando al desocupado, haya partido del archi-neoliberal Milton Friedman, en un país, Estados Unidos, que reconoce un seguro al parado en proporción al salario del obrero activo. Friedman pretendía que, a la larga, el salario fuera un múltiplo del subsidio para el desocupado. La tendencia a hacer del «salario de empleo y formación» la medida de todos los salarios, es ya generalizada, pues ha sido aceptada por la izquierda francesa y gran parte del PT de Brasil, que lo describen como un «impuesto negativo» (en lugar de pagar, el desocupado y cualquier obrero que no llegue a ese mínimo, cobra). Se trata de una remuneración «a destajo» pues depende de los impuestos: cuando los impuestos bajan, el subsidio sube; cuando los impuestos suben, ¡el subsidio baja! Es un subsidio «móvil», que se adapta al ciclo de ganancias del capital.

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