Políticas

27/12/2002|786

Cuando la apropiación de niños se transforma en secundaria

La detención de la directora de Clarín, en una causa en la que se ha probado la falsificación de los documentos de adopción de sus hijos, en 1976, y en la que existen fuertes sospechas de que se trate de hijos de desaparecidos, provocó uno de esos raros momentos de “unidad nacional”. Por un rato, se dejaron las internas del PJ y la Ucr, las peleas dentro del Ari y las disputas acerca de la devaluación y todos, desde la derecha al centroizquierda, salieron a reclamar su libertad y a atacar al juez que la había detenido.


Los centroizquierdistas argumentan que en el caso de la directora de Clarín se ha violado el “debido proceso”, es decir el conjunto de garantías de las que goza un acusado mientras se sustancia el juicio. Quienes más lejos fueron en este camino fueron Horacio Verbitsky y el Cels, que calificaron la detención como “una medida absolutamente desproporcionada e ilegal” (Página/12, 22/12).


La abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo denunció que la directora de Clarín interpuso “todos los obstáculos habidos y por haber” para evitar que el juicio llegara a una resolución, y, en particular, para evitar que se realizara la prueba de ADN sobre sus hijos adoptivos (ídem). Estela Carlotto, presidenta de Abuelas, denunció que la directora de Clarín se negó a esclarecer por vía extrajudicial la identidad de sus hijos (algo que sí han hecho otras familias que adoptaron de buena fe hijos de desaparecidos). Carlotto y la abogada de Abuelas coincidieron que si los hijos adoptivos hubieran aceptado la realización de las pruebas de ADN, la directora de Clarín no hubiera sido detenida.


Pero no se trata sólo de la fuerte presunción de que los hijos de la directora de Clarín sean de padres desaparecidos (reforzada por la intervención en la adopción de una jueza, ya fallecida, que se destacó por la “entrega” de recién nacidos en cautiverio durante la dictadura). Ya está probada la existencia de delito en la falsificación de los documentos de la adopción, lo que echa por tierra todos los argumentos del “debido proceso”.


En su defensa de la directora de Clarín, los centroizquierdistas han vuelto a reproducir la defensa que hicieron de la publicación de una solicitada de apoyo a Videla, en los primeros años del menemismo, con los argumentos de la defensa de la “libertad de prensa” y de la “libertad de publicación sin censura previa”. Aquella solicitada videlista fue parada por una huelga de los trabajadores gráficos y de prensa de los diarios en los que debía aparecer.


Detrás de este cretinismo democratizante, el centroizquierda exhibe razones “políticas”. El propio Clarín señaló que la detención de su directora era parte de un ataque del menemismo, una “vengaza” por las investigaciones del diario sobre el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Las primeras denuncias, incluso, fueron formuladas por personajes ligados al menemismo. Si éste es el caso, Clarín omite explicar cuáles fueron los acuerdos políticos y económicos entre el diario y el menemismo que permitieron que la causa fuera “cajoneada” por toda una década.


El argumento de que Menem es el “enemigo número 1”, le ha venido como anillo al dedo a los centroizquierdistas para justificar e, incluso, para sentirse obligados a integrar un frente único con los sospechosos de apropiación de hijos de desaparecidos.