Esta pregunta sirve para colocar, peso sobre peso, la orientación social del nuevo gobierno. Alberto Fernández afirmó, durante la campaña electoral, que entre los jubilados y los bancos elegiría a los jubilados. Sin embargo, las cifras muestran una realidad totalmente distinta.

El gobierno de Alberto Fernández finalizó el 2019 pagando suculentas sumas a la banca, en concepto de deuda. El pago del bono Discount de 752 millones de dólares y los 98 millones del bono a cien años de Luis Caputo, fueron el regalo navideño esperado por los acreedores internacionales, que se embolsaron así unos 52.700 millones de pesos, al cambio oficial. Si a esto le sumamos el resto de los pagos de diciembre, la suma se acerca a los 150.000 millones de pesos.

Es que Fernández debutó el 12 de diciembre pagando 210 millones de dólares de Letes y 19.000 millones de Lecap en pesos, totalizando- en ese primer pago- unos 32.000 millones de pesos. Y a eso hay que agregarle el pago del Bopomo, del 20 de diciembre, por 24.000 millones de pesos. Para el pago de estas sumas, el gobierno emitió nueva deuda por 19.000 millones de pesos, a tasas de interés del 44,7% anual. El 20 por ciento de esa suma fue sustraída de la Anses, y en el resto, fue fundamental el acuerdo con el fondo de inversión PIMCO, un fondo de inversión internacional de California. El 30 de diciembre, por último, se pagaron 33.000 millones de Lecap y Lecer, una parte de los cuales fue financiado con una nueva emisión por 20.000 millones aproximadamente.

Estos pagos son significativos porque entre los acreedores existía la presunción de que no se cumpliría con los vencimientos mientras se producía la renegociación de la deuda. Es plata que nadie daba por hecha, de bonos comprados a precios de default. Por eso, los mercados financieros muestran una suba sostenida de los bonos de la deuda de la mano de la política de Alberto Fernández. La excepción es la postergación de pagos (reperfilamiento) de Letes en dólares para agosto de este año, que alcanzan los 9.000 millones de dólares, lo que implica sólo una parte de los vencimientos, y su anuncio consolidó la suba del resto de los instrumentos financieros, que sí se siguen pagando.

El bono fue una migaja

Para darse una idea de lo que significan estas sumas vale compararlas con la llamada “política social” del gobierno. El aumento del gasto de la Anses, producto del bono de 5.000 pesos a los jubilados y los 2.000 pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), fue de 27.000 millones de pesos. Si el bono lo cobran 4,5 millones de jubilados, el gasto no llega a los 20.000 millones. En la AUH, hay 3,9 millones de beneficiarios, pero el bono fue restrictivo, hasta cinco hijos. Por lo tanto, no llega a los 8.000 millones. Por cada peso extra de política social fueron 5 a la banca en concepto de pago de la deuda.

Estas sumas hay que mirarlas teniendo en cuenta, por supuesto, la suspensión de la movilidad jubilatoria, que tendrá como resultado un nuevo robo a los jubilados que verán podados los aumentos del mes de marzo que les corresponden por la inflación de 2019.

Si se agregara en el cálculo la anunciada tarjeta alimentaria de 4.500 pesos, que llegaría en un futuro a 2 millones de beneficiarias, alcanzaría los 10.000 millones de pesos mensuales. Pero esta tarjeta recién se está empezando a implementar en algunas zonas del país. Los 8.500 pesos de bono a 450.000 beneficiarios del salario social complementario tendrían un costo aproximado de 3.800 millones pesos. El aumento a los trabajadores en blanco, en tanto, sigue esperando.

Conclusión, el “plan contra el hambre” le está llenando las cuentas con suculentas ganancias a los bancos, mientras los verdaderos hambrientos siguen esperando. En una situación social crítica, la prioridad otorgada por el gobierno a sostener los pagos a la banca para encauzar la renegociación con el FMI y los acreedores impide resolver la situación dramática que viven millones de trabajadores. Pagan la deuda con el hambre del pueblo.