Ni el público ni la prensa podrán presenciar el juicio contra el cura Grassi,acusado de “abuso deshonesto, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas” contra tres menores que estaban bajo su custodia en la Fundación Felices los Niños. Otro favor del Tribunal Oral Nº 1 de Morón es que fijó como fecha de inicio el mismo día en que arranca el de la masacre de Cromañón, lo que permitirá bajar el perfil. Pero los jueces aceptaron que Grassi grabe en video todos los testimonios. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité de Seguimiento sobre los Derechos del Niño, apeló la medida; consideró que está “más dirigida a proteger al imputado que a las víctimas” y acusó a los jueces de ejercer “censura anticipada y cercenamiento total a la libertad de expresión” (Página/12, 3/8).

Es un eslabón más del dispositivo de encubrimiento a Grassi. El juicio se dilató por más de ocho años; el acusado vive enfrente de la Fundación y todos los pedidos de encarcelamiento fracasaron aunque violó las dos condiciones que le fueron impuestas: que no visitara la Fundación ni injuriara a sus denunciantes en la prensa. Se le permitió eludir todas las pericias psiquiátricas, si bien una batalla judicial obligó a agregar una pericia realizada en Calafate – también allí está procesado por abuso-  que determinó que el cura “tiene indicadores similares a los delincuentes sexuales”. El intento de invalidar ésa y todas las otras pruebas de cargo precipitó el desplazamiento del tribunal anterior (Clarín, 2/7). El nuevo tribunal continúa revictimizando a los jóvenes y les exige nuevas pericias psiquiátricas.

Que Grassi filme los testimonios avala la constante intimidación de las víctimas, testigos y peritos de la querella, que “fueron amenazados a lo largo de la investigación, incluyendo a los tres chicos que lo acusaron y al psicólogo de uno de los jóvenes, Enrique Stola”. Las amenazas mafiosas alcanzaron a un testigo protegido con domicilio secreto. La Justicia nunca investigó.

Grassi se jacta de que la Iglesia lo respalda y no miente: nunca le retiró el estado pastoral. El obispo de Morón, Luis Eilchom, lo autorizó a dar misa en William Morris, el barrio donde viven algunas de sus víctimas y testigos (Crítica, 4/7). El cardenal Bergoglio, que fue y es su confesor, no desmiente ser “una de las personas a las que Grassi consulta y pide consejos” (Veintitrés, 12/8/06). La Iglesia es un antro de delincuentes sexuales. Y la Justicia su cómplice.