08/04/2015 | 1358

Dan vía libre al aumento del acarreo


La Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad revocó la medida cautelar que frenó el aumento del acarreo de automóviles que presentara el legislador Marcelo Ramal en enero de este año.


El amparo instaurado por Ramal se basó en violaciones sistemáticas a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y puso al desnudo el negociado existente entre las empresas concesionarias (Dakota SA y BRD Sacifi) con el Ejecutivo de la Ciudad.


El valor del acarreo dispuesto por una resolución ministerial aumentó más de diez veces durante la era PRO y se convirtió en una multa encubierta para los automovilistas porque la tarifa del acarreo va en un 100% para las concesionarias y, además, debe abonar la multa al gobierno, esto enmarca un gran negocio para SEC y STO (acarreadoras de vehículos) que, además, son beneficiadas por el Estado con los predios donde son llevados los autos. La propia Ciudad es la que abona parte de los salarios de los trabajadores y brinda el poder de policía para organizar el secuestro de vehículos.


Por otra parte, la ley 4888, estableció un plazo para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad regule las concesiones y, si no lo hiciera, comience a brindar por sí mismo el servicio de acarreo. Ninguna de las dos cosas ocurrió, ilegalmente, sin llamar a audiencia pública por el aumento de tarifas, el gobierno porteño prorroga y autoriza aumentos que sigue beneficiando a estas privados que se mantienen intocables desde que Grosso era intendente.


Los «fundamentos» de Cámara


En primer lugar, hace una distinción entre «tasa» y «tarifa» para intentar sortear la obligación de realizar una audiencia pública, pero es una mera distracción porque es la propia ley que le da la calidad de tarifa al servicio de acarreo (la tasa, sería privativo del Ejecutivo y, entonces, no es obligatoria la audiencia pública).


Pone en duda la calidad de habitante de la ciudad de Ramal. También pone desde un razonamiento totalmente forzado porque parece olvidar que estamos hablando de un legislador en funciones.


Lo más escandaloso, sin embargo, es la preocupación que tienen los jueces sobre «los eventuales perjuicios a terceros que no integran la litis» y los eventuales daños colaterales en la relación administración-administrado. Los contratos ya están vencidos, y las empresas se beneficiaron ilegalmente año tras año ¿de qué perjuicio hablan los jueces?


Finalmente, dicen que no advierten el peligro en la demora: es decir, que para los jueces el «pague luego reclame» es lo válido.


Los jueces


Juan E. Fernando Lima y Eduardo Centanaro son los que dan rienda libre al Ejecutivo y las concesionarias para que sigan cometiendo este desfalco contra el pueblo, pero ambos tienen un historial marcado de prebendas a favor del PRO.


Ambos jueces rechazaron el amparo para que se urbanice la villa Rodrigo Bueno y rechazaron el amparo para que se frene la construcción del shopping de Palermo -violando el Código de Planeamiento Urbano – y una serie de fallos contrarios al interés ciudadano.


Centanaro es candidato del presidente de Boca, Daniel Angelici a ser juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad. Centanaro fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por favorecer de forma irregular a abogados católicos que pretendían frenar un matrimonio igualitario. No conforme con ello, falló contra la interrupción de una embarazada para evitar tener un hijo anencefálico. Su hija Ivana, además, fue candidata PRO.


Fernando Lima, además, tiene como antecedentes haber dado vía libre para extender el estacionamiento medido a otros barrios de la ciudad y habilitó el aumento del subte.


Ante esta situación, recurriremos ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad, para que se mantenga la medida cautelar, mientras se resuelve la cuestión de fondo que invalide los aumentos, y ordene al gobierno porteño preste por sí mismo el servicio.

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