El reciente informe del Indec sobre la creación de empleo en el 2017 muestra la creciente precarización del trabajo y el deterioro de su calidad, lo que supone, también, menores salarios.

De los 507.000 puestos que se sumaron el año pasado, el 75% son en negro o cuentapropistas, es decir, con menores salarios, sin estabilidad y sin cobertura previsional ni de salud y ocupados por trabajadores que son colocados en condiciones precarias como para poder intervenir en cualquier tipo de actividad gremial o de defensa de los intereses colectivos.

Un dato significativo es que dentro de los nuevos trabajadores asalariados -285.000- la mayoría -157.000- son no registrados, es decir que las empresas los han contratado en negro. Y que solo 127.000 del total de 507.000 fueron contratados en blanco. El resto se completa con 233.000 nuevos “cuentapropistas”.

Es decir que solo uno de cada cuatro nuevos trabajadores tiene recibo de sueldo, cubriendo un derrotero que el gobierno quiere potenciar con la aplicación de la reforma laboral –con una ley o varias y la modificación de los convenios-, para recortar derechos y allanar el camino a las patronales, para precarizar las relaciones laborales.

La de los nuevos cuentapropistas es una categoría que suele esconder el fraude laboral de tomar trabajadores para ocupar puestos de trabajo estables y hacerlos facturar como monotributistas. Y también agrupa a aquellos que sobreviven con changas mal pagas y que recalaron en ellas luego de haber perdido su empleo estable o por no lograr conseguir uno.

Los datos globales a diciembre último muestran que, sobre un total de 20.800.000 trabajadores de todo el país, 10.100.000, es decir casi el 50%, está empleado en negro o es cuentapropista. Es decir que el nivel de precariedad del trabajo alcanza ya niveles más que elevados.

Un dato no menor es que los cifras oficiales indican que en los sectores donde hay más trabajadores en negro es en Comercio, con más de 703.000 y en la construcción, con 473.000 (en ambos sectores hay más trabajadores en negro que en blanco). Y estos dos sectores son los mayores receptores de los nuevos empleados. 

Este cuadro de precariedad se reflejó en la medición oficial de la pobreza, también realizada a fines del año pasado, de donde surgía que más del 25% de la población no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas. 

Este año, con las paritarias a la baja, el desfalco a los jubilados y una inflación que crece a un promedio superior al 2% mensual, seguramente ya se está incrementando sustancialmente ese porcentaje de población colocada bajo la línea de pobreza.  

El ajuste oficial y la crisis potencian la miseria obrera. La parálisis de la burocracia ante la ofensiva del gobierno coloca al activismo, los delegados y sindicatos combativos ante la tarea de impulsar la lucha contra el ajuste y encarar una campaña por un congreso de bases de todos los sindicatos que apruebe un paro general y un plan de lucha para derrotar el ajuste.