22/10/2020

De fracaso en fracaso

Editorial

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Mientras por un lado el gobierno sigue intentando engañar incautos con su muy demorado “aporte solidario” de los “ricos”, por el otro multiplica las concesiones a los grupos capitalistas y en especial a los grandes fondos dedicados a la especulación financiera. Solo en las últimas semanas los sectores empresariales lograron arrancarle al gobierno importantes reclamos: rebaja de retenciones al agro, a la industria y a la minería, subsidios a las empresas de la construcción, reintegros a las exportaciones a varios sectores, subsidios multimillonarios a las petroleras para el gas, aumentos de tarifas a las privatizadas desde enero, títulos de deuda atados al tipo de cambio oficial e incluso la emisión de un bono de 750 millones de dólares a la demencial tasa real del 15% para facilitar que los fondos de inversión puedan fugar divisas del país sorteando los controles cambiarios. Si se hiciese la suma del impacto fiscal de todas estas concesiones quedaría en claro que superan con creces lo que el gobierno estima recaudar con el “aporte” de los “ricos” –que no es un impuesto porque se cobra por única vez y además es muy probable que jamás entre en vigencia pues se prevé una inmediata judicialización. Digamos, de paso, que desde el Frente de Izquierda en el caso de que finalmente se trate ese proyecto no estamos dispuestos a avalar una farsa que oculta una política de saqueo y a que la mitad de su destino vuelve a las arcas de los capitalistas.

Pese a estas concesiones el gobierno no ha logrado que la clase capitalista cese con su política de profundizar la fuga de capitales y estimular la corrida contra el peso. Los tipos de cambio alternativos han pegado nuevos saltos y ya superan cómodamente el 100%. Las promesas de Alberto Fernández y Guzmán de que no ejecutarán una devaluación solo han servido para colocar una brusca modificación del tipo de cambio oficial en la agenda inmediata de los sectores capitalistas. Aunque la devaluación significaría un nuevo mazazo para la derrumbada economía nacional, para muchos sectores que acopiaron dólares representaría un negocio fabuloso, al menos en el corto plazo. Lo mismo vale para los sectores del agro que retienen la cosecha a la espera de una modificación del tipo de cambio. Los beneficios que obtendrán con una devaluación son muy superiores a los que pueden obtener por una rebaja de las retenciones.

Ante los fracasos notorios de las medidas adoptadas, el ministro Guzmán dijo que se necesita tiempo para que puedan fructificar. La expectativa es aguantar todo lo que se pueda hasta que llegue en marzo la nueva liquidación de la cosecha. Pero el gobierno se arroga un tiempo que no tiene. Sucede que el Banco Central se está quedando literalmente sin reservas líquidas. Corren versiones, incluso, que se estaría usando ya la porción de las reservas conformadas por los encajes de los depósitos en dólares de los bancos. De confirmarse esta versión se aceleraría con seguridad la corrida bancaria, que de algún modo ya empezó como lo prueba que la salida de depósitos en dólares no ha parado en las últimas semanas. El temor a una corrida ha llevado al gobierno a acelerar las negociaciones con el FMI, para lograr lo más rápido posible un acuerdo. Pero si el acuerdo de reestructuración de deuda no logró calmar las aguas difícilmente lo haga un nuevo pacto con el FMI, que además todos descuentan que se firmará.

Guzmán empoderado

La marcha de la crisis ha impactado fuertemente en el propio gabinete. Guzmán ha quedado entronizado como el ministro fuerte del gobierno, al punto que en sus últimos anuncios incorporó medidas del Banco Central, que se supone es un ente autárquico. El “empoderamiento” de Guzmán en detrimento del presidente del Banco Central Miguel Pesce ha sido interpretado unánimemente como el triunfo de un ala promercado. Guzmán, además, cuenta con el aval del FMI y también de Cristina Fernández de Kirchner. Una coincidencia para nada casual, si se tiene en cuenta además que fue la propia expresidenta y actual vicepresidenta la que más presionó para que se realicen todas las concesiones que demandaban los fondos de inversión para aceptar una reestructuración de deuda. El triunfo de Guzmán, sin embargo, puede ser el paso previo a su desgracia. Si las medidas adoptadas vuelven a fracasar será el primero es ser eyectado del gabinete. Por otro lado, el aumento de tasas que agrava la recesión, las concesiones al capital financiero, el reendeudamiento a tasas siderales, la montaña de Leliqs y “pases” en el Banco Central y hasta el acuerdo con el FMI tienen un parecido inocultable a las medidas fracasadas de Caputo, Dujovne y Cía, los últimos eyectados del macrismo, antes del cepo de Lacunza, ahora transformado en supercepo.

El apoyo citado de Cristina Fernández de Kirchner a Guzmán desmiente de paso a quienes la presentan como la expresión de un ala radicalizada dentro del gobierno. También permite caracterizar con más precisión las disputas internas que se pusieron de manifiesto en el acto del 17 de octubre, donde hubo de todo menos lealtad. Al acto central realizado en la CGT, convocado para superar la sensación de fracaso del oficialismo, le fracasó la transmisión en vivo. El relanzamiento del gobierno no pasó la prueba de la conectividad. De lo cual la CGT responsabiliza a La Cámpora. Cristina no fue a ningún acto aunque mandó a su hijo, pero otro cristinista como Sergio Berni, dijo que “falta peronismo” y no fue a ninguno. La burocracia sindical también expuso sus fracturas, con el moyanismo y Barrionuevo armando cada uno sus propios actos. Las fracturas de la burocracia sindical suelen reflejar los distintos intereses de sectores capitalistas a quienes tributan o incluso más, se asocian. Para intentar lidiar con estas contradicciones el gobierno presentó un documento para el Acuerdo Económico-Social que en su punto 1 dice “todos los sectores son importantes”. Aunque no lo parezca, la frase es una señal de impasse. Sucede que el gobierno no tiene recursos para asistir a “todos los sectores”. Mucho menos si acelera un pacto con el FMI, que tendrá entre uno de sus componentes un ajuste fiscal que afectará sobre todo a los trabajadores pero también a sectores capitalistas voraces por nuevos y mayores subsidios. Las crisis plantean la liquidación de parte del capital sobrante, no solo a escala nacional sino internacional. Las disputas en el gabinete se refieren a estos intereses capitalistas, no a “campos populares contra intereses concentrados”, como pretenden presentarlo ciertos sectores de izquierda para justificar un internismo que los ata de pies y manos al gobierno.

Caldera social

Los sucesivos fracasos del gobierno se traducen en un salto cada vez mayor de las penurias populares. Los 3,7 millones de puestos de trabajo perdidos bajo la pandemia explican el crecimiento acelerado de la pobreza y la indigencia, que abarca cada vez más a sectores de la clase obrera ocupada. Las paritarias suspendidas o los aumentos firmados muy por debajo de la inflación, al igual que el robo de la movilidad jubilatoria, son otro agravante de una situación social explosiva. La burocracia justifica estas entregadas en nombre de que la crisis no habilita la lucha por aumentos de salarios reales. Se trata desde ya de una excusa. En el XXVII Congreso del Partido Obrero un debate importante fue que incluso en un cuadro de bancarrota económica como el actual, una lucha a fondo puede obtener un resultado positivo aprovechando las contradicciones y brechas que emergen de la crisis nacional a través de las cuales pueden terminar abriéndose paso reivindicaciones populares. Se citó la experiencia del Sutna, que logró la mejor paritaria del movimiento obrero gracias al carácter decidido de su dirección y de todo el colectivo obrero o el 10% adicional de aumento arrancado por los docentes autoconvocados de Misiones sobre el aumento firmado por los ceteristas. Pero también vale para la experiencia de Guernica, que gracias a la firmeza de las familias ocupantes y de las organizaciones presentes ha logrado evitar por el momento el desalojo, creando una crisis política entre un sector de las masas y el gobierno de Kicillof.

Por su parte, la postergación sin fecha del tratamiento del aborto legal, promesa de campaña que un ala del electorado podría considerar como única iniciativa positiva del gobierno, también se encuentra en crisis, como lo muestran las renovadas postergaciones a pesar de las declaraciones de que se trataría. La demora del gobierno, que buscaba una mayor postergación, está relacionada con su orientación de gobernar con lo más rancio de las instituciones religiosas para contar con la contención social que estos sectores le brindan frente a la catástrofe social en curso.

El carácter generalizado de la crisis alcanza a todas las clases sociales, que reflejan el fracaso nacional de acuerdo a sus intereses e incluso su propia psicología. El papel de contención de la burocracia sindical y también el impacto que tiene la recesión entre los trabajadores, ha creado la sensación transitoria de que la calle es ocupada por la derecha. Las acciones callejeras de sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía acomodada son una expresión de fondo de la crisis, porque reflejan el descontento de la clase social dirigente con su propio régimen. Pero al hacerlo crean un clima de agitación política que alcanza también a los explotados y legalizan las acciones callejeras que en el pasado esos mismos sectores sociales reclamaban reprimir. Por otra parte, alrededor de la lucha por el juicio y castigo a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, de las movilizaciones en apoyo a Guernica a Plaza de Mayo y en La Plata, los cacerolazos en Orán, la jornada nacional del Plenario Sindical Combativo, los piquetes ambientales en Rosario o las movilizaciones de tercerizados esta semana, se empiezan a ocupar las calles desde la vereda de los trabajadores.

La intención de los Espert, Milei y Bullrich de presentarse como antisistema carece de sustento, pero a la vez le advierte a la izquierda la necesidad de tomar la iniciativa política para postularse como alternativa de conjunto, convocando a los trabajadores a una acción histórica independiente. La consigna central aprobada por el XXVII Congreso del Partido Obrero recogió este desafío: “Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”.

Con este planteo central el Partido Obrero lanza una campaña política en todo el país y llama al Frente de Izquierda-Unidad a realizarla en común. Proponemos un acto central en el mes de noviembre y una campaña de movilización y actos en todo el país, que estarán al servicio del triunfo de todas las luchas en curso.

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