La posible radicación de Motorola en Cór­doba habrá de convertirse en uno de los curros del siglo, además de poner de manifiesto la to­tal falta de perspectiva del gobierno de De la Sota. Es que éste anunció que a cambio de 500 puestos de trabajo con una masa salarial anual de 40 millones de pesos (algo así como ¡6.153 pesos! mensuales por trabajador) le entregará a Motorola los terrenos para la construcción de la planta, solventará parte del entrenamiento de sus futuros empleados, eximirá de impues­tos provinciales a la empresa y gestionará el reintegro del IVA, y a su vez aplicará los planes de “promoción de empleo”. La Municipalidad, por su parte, pagará la construcción de un edi­ficio de 20 mil metros cuadrados cubiertos, abo­nará los alquileres correspondientes a las ofici­nas que Motorola utilizará hasta que el edificio esté construido (cerca de 140.000 pesos por año por piso) y exceptuará a la empresa de todas las tasas y aranceles municipales. La Universi­dad Nacional de Córdoba, para completar, mo­dificará los planes de estudio de acuerdo a los requerimientos de Motorola, lo que equivale a la privatización de la universidad. La inversión directa del gobierno (no se cuenta la eximición impositiva) llega a los 40 millones de pesos.

Aunque De la Sota se declaró “gustoso” de pagar lo que sea por crear puestos de trabajo, Motorola salió a colocar las cosas en su lugar. El vicepresidente de la empresa consideró que la cifra de 40 millones en sueldos “es de locos, eso es de locos, no tiene nada que ver con lo real” (La Voz del Interior, 22/6). También acla­ró que “el número de empleados dependerá de la oferta que nosotros vamos a hacer en el mundo y de cómo la reciban” (Comercio y Jus­ticia, 21/6). Los directivos de la empresa tam­bién condicionaron el acuerdo a “cualquier nue­va ayuda contextual” (ídem), o sea que ‘van por más’. Todos los medios se acordaron del caso Siemens, en San Francisco, donde después que el municipio decidió invertir 2,5 millones de pe­sos, Siemens decidió no instalar la fábrica.

Impuestos

La decisión de De la Sota de comprar bu­zones a cualquier precio es un claro indicador de que hace agua por los cuatro costados. En estos mismos días, el IEERAL, de la Funda­ción Mediterránea, cuestionó las cifras guber­namentales sobre la recaudación impositiva, señalando que había caído en un 11,5%. El IIERAL le ha planteado al gobierno que frene las rebajas impositivas porque hay una desfi­nanciación del Estado, y que debe ir de lleno, en cambio, a rebajar los sueldos de los em­pleados públicos y a un “eventual redimensionamiento de la planta de personal” (Comercio y Justicia, 7/6); es decir, despidos. En el mis­mo sentido se pronunció la Bolsa de Comercio de Córdoba: “aplicar la progresividad en los impuestos inmobiliarios y de patentes” (ídem, 16/6).

De la Sota está recurriendo al endeuda­miento; ya ha solicitado un perdón por 400 mi­llones al Banco Central para que el Banco de Córdoba pueda seguir operando; pidió un prés­tamo de 48 millones a la Banca del Lavoro, tras haber negociado la postergación del vencimien­to de 188 millones con el Banco Galicia; y soli­citó además otro préstamo de 60 millones al Banco Bisel.

Planteamos:

• Salario mínimo legal para activos, desocu­pados y jubilados de 600 pesos.
• Prohibición de los despidos y suspensio­nes.
• Reparto de las horas de trabajo sin afec­tar el salario.
• Impuestos progresivos al gran capital y eximición de los mismos a los desocupados y a aquellos que ganan menos de 500 pesos.
• Derogación de la ley privatista del Nuevo Estado.
• Pleno funcionamiento de las fábricas con un plan diseñado por los trabajadores y ba­jo control obrero