La “crisis agraria” ha generado una confluencia impensada, al menos para los cordobeses. Los reclamos del “agro” han reunido a dos viejos enemigos: De la Sota y Juez. Sus diputados, que previamente habían coincidido en una resolución de la Legislatura provincial (ver PO Nº 1.042) votaron luego de la misma forma en la Cámara de Diputados nacional. La coincidencia de posiciones incluye prácticamente a todo el arco político de Córdoba, incluida la izquierda.

“Defender al campo es defender a Córdoba”

Este latiguillo fue el más usado por quienes defienden la necesidad de eliminar las retenciones móviles y volver al 10 de marzo con el argumento de que la producción de soja aporta el 15% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia. La producción del poroto, de alrededor del 11 mil millones de pesos, obedece a que el 26% de las tierras dedicadas a la producción de soja está ubicado en la provincia de Córdoba.

Asimismo, el planteo de que los pequeños productores son los “verdaderos dueños” del campo cordobés, abonado por la gran cantidad de cortes y piquetes, ha servido también para unir a Schiaretti, Negri, el MST, el PCR (y lamentablemente Izquierda Socialista) en defensa de una causa realmente “provincial y popular”.

Urquía, Grobocopatel y Chilibroste

Pero no todo lo que brilla… El “conflicto agrario” puso de manifiesto la verdadera estructura del campo cordobés. Urquía y su empresa Aceitera General Deheza son propietarios de 200 mil hectáreas en la provincia, tienen un control mucho mayor vía arrendamientos.

Asimismo, son distribuidores de agroquímicos, semillas y fertilizantes, procesadores de soja (principal exportador de aceite de soja: el 9% del mercado mundial); productores de biodiesel (junto a Bunge); tienen 29 plantas de acopio, un ferrocarril, un puerto y ¡una aduana! Una posición similar tiene Grobocopatel, el “rey de la soja”, que posee 150 mil hectáreas propias, y que a pesar de su poderío recibe subsidios de la provincia (en impuestos, energía y parte del salario de los trabajadores) por la instalación de un “peladero de pollos” Avex en Río Cuarto.

La contrapartida de los Urquía y los Grobocopatel son los trabajadores rurales que ganan 1.200 pesos por mes (los registrados), pero mucho más aun el 70% que trabaja en negro y se hacina en vagones o casuchas. La contrapartida son también los campesinos del norte cordobés que fueron expulsados de sus tierras, por no poseer títulos “legales” (pero sí posesión ancestral); o el desastre ecológico producido por los desmontes, por las fumigaciones y el uso de pesticidas tóxicos.

La extensión de la producción sojera ha despoblado el campo. Hay en la Argentina 602 poblados rurales en riesgo de desaparecer, el 40% de las localidades rurales del país. Noventa ya han dejado de existir.

Chilibroste, ubicado en el departamento Unión (donde la hectárea se cotiza entre 8 y 10 mil dólares), a 220 kilómetros de Córdoba y de Rosario, agoniza: perdió 2.000 habitantes en los últimos 50 años. Hay 36 pueblos rurales cordobeses, según un informe de la ONG “Responde”, en condiciones de desaparecer; el 75% de ellos está ubicado en zonas dedicadas al cultivo de granos. El informe es corroborado por el crecimiento de las grandes ciudades y sobre todo de la pobreza en ellas.

El conflicto en curso ha puesto de manifiesto también la precariedad del trabajo creado por el boom agrícola, no ya en el área rural sino en su “derrame” sobre las ciudades.

Una vecina de Río Cuarto manifestó que mucha gente no prestó atención a la reciente campaña electoral municipal porque, debido al conflicto del “campo”, estaba preocupada por la posibilidad de perder su trabajo. Razón no les faltaba; como consecuencia de la retención del cereal en los silos-bolsa, se paralizó el comercio (una caída de las ventas de más del 30%): hubo 20 mil suspensiones registradas (de las otras no se sabe).

Cuando Juez y De la Sota hablan de defender la provincia están defendiendo a Urquía, a Grobocopatel, a la burguesía agraria y a los pools de siembra, a cuyos intereses defienden como una cuestión de Estado.

¡Viva el federalismo!

De la Sota y Juez también se amucharon para reclamar mayor federalismo fiscal. ¿Pero para qué? Para pagar la deuda pública de la provincia y los subsidios a los capitalistas como Volkswagen, Iveco, Fiat, Renault o el negocio informático.

Los capitalistas del campo pagan (?) el impuesto inmobiliario a valores de 2001, es decir que las valuaciones fiscales son entre 60 y 30 veces inferiores a las de mercado. Lo hacen vía una declaración jurada sin comprobación por parte del organismo fiscal.

Por una política de la clase obrera

El Partido Obrero de Córdoba desarrolló el pasado 4 de julio un acto que desbordó las instalaciones del sindicato del Jockey Club. El acto forma parte de nuestra política de impulsar una deliberación en el seno de los trabajadores y el pueblo explotado de Córdoba, para intervenir en la presente crisis desarrollando una política propia.

Por un salario mínimo en el nivel de la canasta familiar para los trabajadores del campo y de la ciudad, la nacionalización de los Urquía, Grobocopatel, y los 200 grandes grupos que concentran la explotación agraria de la provincia y para desarrollar así una política de arrendamientos que repueble el campo, que salve a Chilibroste, Santa Rita y todas los pueblos en vías de extinción. Es decir que establezca una agenda con los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad.

En función de este objetivo el Partido Obrero de Córdoba lanza una campaña para convocar a una asamblea popular con las siguientes consignas: Basta de desgobierno patronal y capitalista, contra el golpe y el autogolpe, por una deliberación obrera y popular, por una alternativa obrera y socialista.