Que Menem haya lanzado su ofensiva con­tra el fiscal Carlos Stomelli desde Londres revela que la causa del tráfico de armas ha llegado a un punto en el que está en juego su propia situación. Al hacerlo en el marco de una gira en la que se mostró como pieza del meca­nismo imperialista de conjunto, Menem pre­tendió el respaldo de la ‘comunidad inter­nacional’.

La jugada de Menem fue tan alevosa que resultó inviable para el procurador Becerra y motivó la denominada rebelión de los fiscales, que pretendieron aparecer como independien­tes frente al Ejecutivo.

Con todo, el frustrado desplazamiento del fiscal es sólo la evidencia de que Menem está dispuesto a ir a fondo en el intento de impedir que la causa de las armas liquide medio gabi­nete y a Balza, como antesala a su propia cabeza.

La situación

A las evidencias del tráfico de armas a Ecuador, Bosnia y Croacia, se suma la denun­cia del envío de armas a la guerrilla peruana del META, cuando ésta se disponía al copa- miento de la embajada japonesa. Así lo declaró el traficante Walter Spengler, quien adquirie­ra notoriedad al denunciar las visitas de Al Kassar a la planta de Río Tercero y que la explosión se debió a un ‘pase de facturas’, por pretendidos incumplimientos de calidad en las entregas u otras ‘avivadas’. En un reportaje a Siglo XXI concluyó que “éste es un negocio peligroso”. Así parecen confir­marlo la cantidad de muertes alrededor del caso, incluidas las causadas por la voladura del arsenal. Las evidencias de que fue una explosión intencional chocan con la desidia de la investigación oficial. La última muerte es la del operario Luis Armando Villaverde “que, en diciembre de 1996, advirtió que la explosión se debió a un atentado para evitar una inspección de la ONU, previs­ta para el 11 de noviembre de 1995”. Entre lo denunciado como existencias al momento de la explosión y lo hallado después (incluidos los ‘restos’ de la detonación) hay un faltante de 31.859 piezas. Esta desaparición no se puede explicar por la explosión.

A todas estas evidencias se agregan las denuncias efectuadas por el ex marino Adolfo Merlo, que involucró a Hernán Corach, Alfredo Yabrán y Ricardo Alessandro como quienes inspeccionaron el cargamento de las armas. Merlo denunció que hubo “zona liberada” para la ejecución del trabajo. Temiendo ser una próxima ‘víctima’, reclamó ser sometido a pericias siquiátricas y físicas para descartar tendencias ‘suicidas’ o “el tan ‘común’ ata­que cardíaco repentino” {Página 12,5/11).

Las muertes de testigos y sospechados se suceden en una clara muestra de que los enfrentamientos entre las camarillas no esca­timan recursos para salvar el pellejo. En las maniobras de ocultamiento hay una tarea combinada entre la ‘Justicia’ y la policía, como lo revela el estancamiento de la investi­gación en tomo del ‘suicidio’ de Cattáneo o la . falta de un peritaje a la planta de Río Tercero.

Doblando la apuesta

Menem respondió contragolpeando con su ofensiva contra el fiscal que pretende englobar la causa bajo el rótulo de asociación ilícita. El giro de los fiscales evidenciaría al aggiornamiento del aparato estatal al advenimiento aliancista. Menem percibe en esto el peligro de un calvario posgobiemo como el que le depara­ron a Cavallo. Por eso ha producido un copa- miento golpista del Senado y empezó a menear los antecedentes de triangulación de armas a Irán bajo el gobierno de Alfonsín. Los aliancistas, sin embargo, han desarrollado una capa­cidad ilimitada de hacerse los otarios ante los crímenes y delitos que salpican al gobierno, como una vía de proteger los propios (no hay que olvidar el asesinato de Maders). Pero particularmente en el caso de las armas, los aliancistas han tomado nota de que, detrás de la venta de armas, está el imperialismo norte­americano, que tenía un interés particular en el rearme de Bosnia y estaba al tanto de todas las operaciones encaradas por el menemismo. La complicidad en los crímenes que constitu­yen una ‘razón de Estado’ forma parte de la defensa de la gobernabilidad y la ‘seguridad jurídica’ de los explotadores.