La reestatización kirchnerista de YPF, a expensas de Repsol, ha concluido en otro rescate capitalista -en este caso, de la propia Repsol. Hace un año y medio atrás, al intervenir YPF, el propio gobierno reconocía asumir el control de una petrolera arrasada. Los K y sus predecesores consintieron que YPF fuera sometida a una descapitalización brutal, donde Repsol -y luego también el “amigo” Ezkenazi- retiraron el 90% de las utilidades obtenidas durante casi una década; en el tendal, quedaron también enormes pasivos ambientales en las regiones petroleras. El Estado se hacía cargo de una compañía con su patrimonio destruido, y una deuda de 9.000 millones de dólares. En vez de resarcir a YPF por este desfalco gigantesco, y a costa de sus responsables, el gobierno rescatará al vaciador con una compensación económica de, como mínimo, 5.000 millones de dólares en “activos líquidos”. A cambio de ello, se terminan los juicios recíprocos entre la petrolera española, de un lado, y el estado argentino o YPF, por el otro. Ello implica el fin de la demanda de Repsol por la expropiación de 2012. Pero también, clausurar cualquier reclamo por el desfalco económico y la depredación ambiental incurridos desde 1998 por parte de Repsol. La industria petrolera que se beneficia de estos resarcimientos sostiene un régimen salarial plagado de importes en negro y miles de "tercerizados", lo que ha dado lugar a las grandes huelgas petroleras en la Patagonia.

Reprivatización

El rescate de Repsol es la consecuencia necesaria de la seudoestatización de YPF. Desde el vamos, la ley de “soberanía hidrocarburífera” votada en 2012 (con el apoyo de Solanas y Lozano) auspiciaba “alianzas estratégicas con petroleras nacionales o extranjeras”. La reestatización no fue más que el desplazamiento de la quebrada Repsol, cuyos principales accionistas arrastraban el peso de la bancarrota capitalista en España, en favor de otros monopolios petroleros. El gobierno se lanzó rápidamente a negociar acuerdos con Chevron, Exxon y otras, mientras apostaba a postergar indefinidamente el litigio con Repsol en el marco de los tribunales del Banco Mundial (Ciadi). El kirchnerismo fantaseó que, de ese modo, podría hacer borrón y cuenta nueva con el largo capítulo del vaciamiento petrolero. Pero los pulpos que vinieron a reemplazar a Repsol le exigieron al gobierno un arreglo con la propia Repsol. Es lo mismo que reclama el capital financiero internacional en relación a las cuentas pendientes de la bancarrota de 2001, como condición de un nuevo endeudamiento. Así, la “nueva” política petrolera se vino tan abajo como la “negociación inteligente” de la deuda externa. En la cola de la bancarrota nacional, Repsol hace fila para cobrar, junto a las privatizadas del Ciadi, los fondos buitres y los del Club de París.

Pemex

Para el acuerdo con Repsol, los “nacionales y populares“ contaron con la ayuda del gobierno mexicano y de la petrolera Pemex, que participa con el 10% del capital de Repsol. Contra la pretensión del presidente de Repsol, Brufau, de sostener en el tiempo las demandas contra YPF, los de Pemex se inclinaban por aceptar un rápido arreglo económico con Argentina. La razón es clara, y nada tiene que ver con la hermandad latinoamericana: Pemex aspira a participar de la explotación no convencional en Vaca Muerta, algo en lo que no podría avanzar si subsisten los juicios de su vinculada Repsol. El gobierno mexicano de Peña Nieto puso en marcha una ‘reforma energética’ privatizadora, que impulsa asociaciones con monopolios petroleros internacionales adentro y fuera de México. En esa línea, Pemex presiona para que la compensación a Repsol incluya “el pago con activos petroleros (a través de) yacimientos con recursos ya localizados y justipreciados” (Ambito, 26/11). De este modo, los 5.000 millones de dólares “líquidos” serían sólo el primer paso del resarcimiento a Repsol. Detrás de ese dinero, vendrán las concesiones de áreas ya exploradas, en favor de Pemex o de la propia Repsol. Si se tiene en cuenta que el pulpo “español” pidió, en 2012, 10.000 millones de dólares por sus acciones expropiadas, entre los pagos con bonos ‘garantizados’ y la entrega de concesiones petroleras -también con reservas “garantizadas”- el gobierno va camino de satisfacer integralmente el reclamo de ‘máxima’ de Repsol.

Viraje

Las condiciones de fondo para este entrelazamiento con los monopolios petroleros están siendo fogoneadas por los K desde el mismo día de la “recuperación” de YPF. En los dieciocho meses transcurridos, el precio de las naftas subió un 80% y se triplicó el del gas para las nuevas exploraciones. YPF logró el milagro de duplicar sus ganancias sin aumentar la producción, gracias a este tarifazo en regla. El primer mensaje del nuevo gabinete ha consistido, precisamente, en otro naftazo. Los nuevos acuerdos firmados con grupos petroleros obligan a “priorizar el abastecimiento interno” en relación a la exportación. Pero para que esto no afecte a los monopolios petroleros, los K quieren asegurarles precios internacionales para los combustibles. La “soberanía hidrocarburífera”, por lo tanto, pasa por la entrega integral de la renta petrolera a los monopolios internacionales. Los pulpos, sin embargo, exigirán otras condiciones: un peso devaluado para sus inversiones, y la libertad para remitir utilidades, o sea, la remoción integral de las trabas y cepos oficiales. La reprivatización petrolera es la punta del ovillo de un viraje integral de la política económica, en la línea exigida por el capital financiero y la gran burguesía.

Los voceros oficialistas afirman que la “normalización” de relaciones con Repsol permitirá acuerdos “menos gravosos” en materia petrolera. Pero nadie aceptará menos de lo que consiguió Chevron, a quien se admite una mínima inversión inicial y ‘aportes’ posteriores provenientes de los beneficios obtenidos. El gobierno diseña una ‘salida’ a la crisis energética costeada integralmente sobre los trabajadores y consumidores, y con vía libre para la depredación ambiental (fracking). A este camino sin futuro, los campeones de la “soberanía hidrocarburífera” le han cargado ahora otra hipoteca insostenible: el rescate del vaciador Repsol, en moneda contante y sonante.

Conclusión

La farsa de la reestatización ypefiana retrata, como muy pocas cuestiones, los límites insuperables de las nacionalizaciones capitalistas, y su función de rescate del capital. Ni qué decir que los presidenciables de la oposición, de Massa al Unen, han aplaudido cerradamente la reconciliación con Repsol.

En contra de este nuevo mazazo a los trabajadores y al país, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera bajo control obrero y sin compensación a sus vaciadores capitalistas; defendemos el derecho del país a ser resarcido integralmente por el desfalco petrolero y ambiental consumado por Repsol. Integramos este planteo a la lucha contra el ajuste que han puesto en marcha Cristina-Capitanich-Kicillof, y que tiene en la reprivatización petrolera a su punta de lanza.