Un sólo hecho basta para graficar la magnitud de la catástrofe que está ocurriendo en el sur: “ningún miembro de las generaciones actuales podrá volver a ver los bosques arrasados por los incendios (porque) la recuperación de los árboles destruidos llevará entre 130 y 150 años” denunció Juan Enricci, director del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (La Nación, 21/1). Los incendios ya “destruyeron 15.700 hectáreas, superficie que equivale a las tres cuartas partes de la de Capital Federal” (ídem).

Todos los técnicos —incluso los oficialistas— habían previsto un ‘verano difícil’: “habíamos advertido que podía haber muchos incendios este año” declaró el presidente de Parques Nacionales, Felipe Lariviere (La Nación, 23/1). Los especialistas coinciden también en que una mínima inversión —en equipamientos y personal— habría bastado para evitar que los focos de incendios se convirtieran en una catástrofe natural sin precedentes. Pero ni Parques Nacionales ni las provincias tienen aviones hidrantes, helicópteros de patrulla o personal. “No hubo un buen primer ataque porque dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi no existe sistema de detección” (Clarín, 23/1). El personal —y los medios a su disposición— tanto en Parques Nacionales como en las provincias afectadas, “han sido dramáticamente reducidos por las rebajas presupuestarias” (Río Negro, 23/1). El presupuesto de Parques Nacionales, por ejemplo, llega apenas a un millón de pesos: según su propio director, para contratar trabajadores temporarios para combatir los incendios fue necesaria una partida presupuestaria de emergencia (La Prensa, 23/1). La propia María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente, reconoció que “cada provincia tenía su programa contra incendios, pero a causa de la crisis, presumo, los fueron desmantelando” (La Maga, 24/1). Todo esto explica por qué “un foquito que apareció hace tres días y que era tan chico como el humo de un asado”, según la descripción del gerente del hotel del cerro Catedral, se convirtiera en una catástrofe nacional. La razón por la cual no hay presupuesto para aviones, sistemas de detección de incendios o para los programas preventivos provinciales es la misma por la cual no hay presupuesto para los hospitales, para las escuelas o para las jubilaciones: los diez mil millones de dólares que insume anualmente el pago de la deuda externa.

La destrucción de una fracción de los parques nacionales —responsabilidad del Estado— será utilizada como excusa para justificar su posterior traspaso a la ‘iniciativa privada’ … de la misma manera que la destrucción de Entel, Aerolíneas, Obras Sanitarias y de las restantes empresas públicas fue el preludio de su privatización. La Alsogaray ya presentó varios proyectos para privatizar los parques nacionales. Tampoco hay que olvidar que la llamada ‘reserva ecológica’ de la Costanera porteña —un ‘bocado’ que persiguen los especuladores inmobiliarios— sufre sistemáticos incendios intencionales. Precisamente, son varios los especialistas que señalan como una de las principales causas del desastre a los “incendios intencionales por razones económicas y para cobrar los seguros” (Río Negro, 21/1).

En los últimos años Argentina ha sufrido una verdadera catarata de catástrofes de todo tipo: Río III; las inundaciones de Buenos Aires; las intoxicaciones masivas como consecuencia de la contaminación de los ríos (como el Reconquista o el Matanza) o del consumo de alimentos en mal estado o con sustancias venenosas; el resurgimiento de las enfermedades de la miseria; el escape de gases venenosos en zonas urbanas. La política oficial —el pago de la deuda externa, la entrega de las riquezas nacionales a los grandes capitalistas y a los usureros internacionales, el fomento de la especulación bursátil e inmobiliaria, la ‘libertad de empresa’ otorgada a los capitalistas para superexplotar a sus trabajadores y desconocer las reglas más elementales de seguridad o salubridad— es el hilo conductor que une a todas estas catastrofes perfectamente evitables.

María Julia Alsogaray es el blanco del odio popular. Pero la Alsogaray no es más que “la representante de los intereses del empresariado (que lucra con los negocios y negociados de la destrucción del medio ambiente) y del entorno del gobierno” según la justa denuncia de Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). Entonces, fuera la Alsogaray, y sus amos, los pulpos y el régimen de Menem-Cavallo.